Prófugos: 13.076 personas con órdenes de detención y 84 se fugaron de prisión

Tres reos, calificados como "de alta peligrosidad", escaparon de la cárcel Colina I el 18 de junio. Dos condenados por homicidio y uno por robo con intimidación. Esa fue la cuarta fuga desde penales en lo que va de 2019. Las anteriores ocurrieron en los recintos de Alto Hospicio, Quirihue y Colina II.

En los últimos siete años, situaciones de este tipo se han repetido 84 veces y hasta el 10 de marzo 2019 esos reos aún no habían sido capturados por las policías. Así lo revelan las cifras del Registro Civil, organismo que maneja el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Esta información es parte de un oficio enviado por la institución dependiente del Ministerio de Justicia a la Cámara, el 15 de mayo pasado. En el informe se detalla que desde que se creó el registro de prófugos, el 22 de junio de 2012, hasta el 10 de marzo de este año, había 13.076 personas con órdenes de detención vigente.

De ese total, la mayoría (11.429) se debe a que el imputado fue declarado rebelde. Además, se registraron 1.055 (8,07%) condenados que esperaban su sentencia en libertad y no fueron hallados para entrar a la cárcel, y 340 (2,6%) condenados a los que se les revocaron las sentencias que antes podían cumplir en libertad.

A ellos se suman 110 (0,8%) personas condenadas a una pena privativa de libertad a quienes se les revocaron los beneficios de libertad condicional; 84 (0,6%) condenados que se fugaron mientras cumplían pena de cárcel y 33 (0,3%) imputados que se fugaron estando en prisión preventiva o con otra medida cautelar.

El diputado PS Leonardo Soto, quien requirió esta información al Registro Civil, señaló que "es una cifra alarmante" que haya 84 internos fugados de recintos penales "vulnerando todos los controles que establece Gendarmería".

Aseguró que se trata de delincuentes de alta peligrosidad, con gran compromiso delictual y cada uno representa un fracaso de los protocolos de seguridad de Gendarmería. "Es una situación que debe preocupar a toda la opinión pública y particularmente a las policías que van a ser las encargadas de generar los mecanismos de recaptura de estas 84 personas", indicó el parlamentario.

En junio de 2016, un documento enviado a un grupo de parlamentarios por el entonces presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch -basándose en los datos entregados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial- detalló que al 20 de abril de ese año, había 58.685 personas con órdenes de detención vigentes.

Para el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, estas cifras dan cuenta de la efectividad que ha tenido la aplicación del control preventivo de identidad, facultad de las policías para revisar la identidad sin tener indicios o sospechas de la comisión de un delito.

"Esa información hay que contrarrestarla con el oficio que recibimos de la Corte Suprema en 2016, que señalaba que había casi 60 mil prófugos de la justicia. El control de identidad preventivo comenzó justamente a regir en 2017, por lo cual hoy tener cifras de 13 mil personas -que no deja de ser mucho- da cuenta que la baja significativa que ha tenido ha sido gracias a que en 2017 y en 2018 se ha aplicado el control de identidad preventivo", dijo el parlamentario.

El informe del Registro Civil también detalla que de los 13 mil prófugos, 166 son menores de edad.

Este número, según el diputado Soto, sirve para analizar el anuncio que hizo el 14 de marzo el Presidente Sebastián Piñera, sobre el proyecto de ley que ingresarían al Congreso para ampliar el control preventivo a mayores de 14 años.

La propuesta fue aprobada el 3 de julio en la Comisión de Seguridad de la Cámara, con ocho votos a favor y cinco en contra, y contó con el respaldo de la Democracia Cristiana, con la condición de que el gobierno modifique la edad de inicio para que ésta sea desde los 16 años y no desde los 14, como plantea hoy la iniciativa.

Para Soto, sin embargo, "parece desproporcionado que el nuevo control de identidad preventivo a menores de edad que propone el gobierno se quiera aplicar a cerca de 800 mil jóvenes entre 14 y 18 años, cuando en realidad el foco es capturar solamente 166 menores que tienen estas órdenes de detención".

En ese sentido, argumentó que "preferiría que se hiciera una persecución inteligente y focalizada de estos 166 prófugos de la justicia y se estableciera una brigada policial especial que tuviera como foco específico la captura de estos jóvenes delincuentes y no someter al resto de los niños, niñas y adolescentes a un contacto con policías".

En cambio, para el diputado Fuenzalida, "si a través del control de identidad preventivo a adolescentes entre 14 y 18 años logramos dar con esos 166 menores que están prófugos de la justicia y pueden volver a los centros del Sename a estar en programas de resocialización para que no sigan cometiendo delitos, me parecería un éxito".

Agregó que hoy las policías no tienen ninguna herramienta para controlar a los adolescentes y por eso es bastante difícil que den con esos 166 jóvenes.

Consultados por el total de prófugos, desde el Ministerio de Justicia señalaron que "lo primero es precisar que estas se tratan de cifras históricas, que abarcan varias administraciones. Para nosotros, toda fuga es un hecho grave y, por lo mismo, existen sumarios abiertos para determinar las posibles responsabilidades al interior de Gendarmería".

Destacaron que se encuentran haciendo un permanente esfuerzo por mejorar sus protocolos de seguridad al interior de los penales. Entre ellos, señalaron el Plan Anticorrupción, "el cual realiza una fuerte inversión para tener equipamiento tecnológico de primera línea en las cárceles (como body scanner, drones y bloqueos de señales de teléfonos) para evitar todo tipo de irregularidades".

Agregaron que como cartera de Justicia también están en una constante coordinación con el Ministerio Público y las policías para cooperar en los casos de búsquedas.

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