En un documento de cinco carillas, la Comisión del Acuerdo por la Seguridad Pública, encabezada por el Ministerio del Interior, estableció las 11 propuestas para el Fortalecimiento del Sistema de Seguridad del Estado, las que este viernes fueron entregadas al Presidente Sebastián Piñera.
Los integrantes de esta subcomisión, que busca reestructurar el sistema de inteligencia nacional, fueron el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; el exministro del Interior Jorge Burgos; la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Masferrer, y el senador PPD Felipe Harboe.
Con esto, dice el texto, se busca "avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional de inteligencia, que considere la incorporación y participación de todos los organismos e instituciones relevantes, y que permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas y externas, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, ciberataques y protección de la infraestructura crítica del Estado".
La instancia plantea realizar una serie de modificaciones, tomando en cuenta que "el actual Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) está basado en premisas que no responden a las necesidades actuales".
Por esto, plantean que se requiere reformular la estructura y funcionamiento de este articulado, para lograr una acción coordinada que permita proveer a las autoridades de información necesaria para que puedan tomar "decisiones correctas". Todas estas modificaciones, señalan en el documento, suponen la cambios a la Ley 19.974 sobre el SIE.
La primera iniciativa que le proponen a Piñera es que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) deje de depender del Ministerio del Interior, para pasar a serlo directamente del Presidente de la República. Así, se busca reforzar el rol del director de la ANI como el asesor del Mandatario.
Al respecto, el exministro del Interior Jorge Burgos puntualizó que "no fue una propuesta unánime. Se decidió dar las dos alternativas al Presidente de la República. La justificación teórica para la dependencia directa es el relevamiento de la función en un régimen presidencial, es poner a quien dirige la agencia en una categoría funcionaria parecida a la de un ministro".
El diputado RN Gonzalo Fuenzalida dijo que "me parece bien que la ANI dependa directamente del Presidente. Esto le dará mayor importancia al director de la ANI y más autonomía y prerrogativas para actuar, en línea directa con el Presidente con la información delicada".
En cambio, para el ex director de la ANI Gonzalo Yuseff, la iniciativa puede ser negativa. "Lo que se pretende es que pase a ser un organismo del Segundo Piso y que el Presidente de la República le haga encargos directamente, y creo que eso es inconveniente, porque si ocurre cualquier problema y que en mundo de la inteligencia son habituales, quien se vuelve responsable es el Presidente. Puede pasar lo de la operación Huracán".
Otra sugerencia fue que además de las Fuerzas Armadas, la PDI y Carabineros, también se integren al SIE el Servicio Nacional de Aduanas y Gendarmería. Le proponen, también, que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) puedan aportar información orientada al análisis de inteligencia estratégica.
A esto se suma el planteamiento de que la Cámara de Diputados tenga un rol activo en la fiscalización de la ANI y que semestralmente el director de la agencia informe a una comisión especial del Senado el cumplimiento de un Plan Nacional de Inteligencia.
Asimismo, se le sugiere al Presidente crear el cargo de subdirector de la agencia y eliminar los puestos de planta a través de medidas de incentivo al retiro. La idea de esta iniciativa es terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos. "Se establecerá un sistema de contratación más adecuado a la naturaleza propia de la ANI, similar al actualmente existente en la Contraloría General de la República", dice el documento.
En ese punto, se agrega que "esta propuesta busca potenciar una administración más flexible del recurso humano de la ANI, para adecuarse a las fluctuantes necesidades propias de su función y potenciar el ingreso y permanencia del personal".
Al respecto, Burgos explicó que "es una medida a futuro, que otorga la posibilidad de establecer equipos de confianza". Yuseff detalló que "lo que quieren es sacar a los que estaban desde el principio y contratar gente de nuevo".
En el organismo hay un poco más de 100 funcionarios, de los cuales cerca de 20 son de planta.
