En Teatinos 56, en las puertas de la Contraloría General de la República, una decena de miembros de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se agolpó en la sede del ente fiscalizador, mientras en uno de los salones se realizaba la ceremonia de inicio de mandato de la contralora Dorothy Pérez. El reclamo de los manifestantes iba dirigido directamente al nuevo criterio sobre los funcionarios a contrata en el sector público.
En concreto, Pérez eliminó la interpretación laboral que regía hasta la administración del excontralor Jorge Bermúdez. Con su llegada oficial al liderazgo de la institución firmó un dictamen que señala que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelacciones.
Esta decisión generó múltilples reclamos en gremios de funcionaros públicos, ya que a diferencia de la norma que estableció Pérez, el excontralor Bermúdez instaló una serie de criterios para proteger la estabilidad laboral de los funcionarios, fortaleciendo el alcance del concepto de confianza legímita.
Mediante un comunicado la ANEF criticó que la contralora desechó “la jurisprudencia administrativa por la cual el mismo organismo de control establecía el principio de confianza legítima como una herramienta de defensa de las y los trabajadores públicos, bajo el régimen de contrata, que cada año quedaban expuestos a la posibilidad de ser despedidos de forma arbitraria”.
“Esto es un retroceso en el derecho a la estabilidad laboral, que deja nuevamente al arbitrio de las autoridades políticas de turno la continuidad del empleo, y abre una profunda grieta para el avance y futura consolidación del trabajo decente en el Estado. No lo podemos permitir”, reclamaron en el escrito.
