La comisión de Educación del Senado celebró este miércoles una sesión destinada a analizar el Protocolo de Acuerdo para la aprobación de la Partida de Educación. Esto, en preparación al 11 de diciembre, fecha en donde se indicó durante la sesión que se reunirán con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con el objetivo de establecer fechas y plazos para los puntos que el acuerdo no establece.

Según destacaron al analizar cada uno de los puntos, los parlamentarios acordaron que hay algunos, como por ejemplo el 3 y 4, -establecen un plan de recuperación educacional para los SLEP de Atacama y transporte rural- que deberían estar resueltos antes de marzo, cuando inicie el año escolar 2024.

Pero previo a la revisión del Acuerdo, la senadora Yasna Provoste (DC) dio a conocer un informe de hace dos años donde, según indicó, se daban a conocer todos los procesos mínimos y críticos para la instalación de los servicios locales de educación y que, sin embargo, nunca se tomó en consideración pese a que fue un estudio financiado con recursos públicos solicitado por el propio Ministerio de Educación.

“En conversación que tuvimos con la Biblioteca del Congreso, ellos tenían a mano el Estudio de la Planificación de la segunda etapa de la implementación de la Ley 21.040 (que creó el Sistema de Educación Pública), documento que fue solicitado por el Ministerio de Educación al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica”, explicó la también exministra.

Este documento, destacó la parlamentaria, el Ministerio lo tuvo en sus manos a fines de 2021 o, a más tardar, en marzo del 2022.

“Y este informe establece todos los procesos críticos. Además señala particularmente en el tema de los traspasos de los contratos, de los convenios, los bienes muebles e inmuebles en que los municipios no han cumplido”, denunció. “O sea, esto lo tuvieron antes incluso del informe número 98 de la Contraloría General de la República”.

En este análisis, además, sostuvo que “se establece un flujograma de procesos mínimos y críticos en la instalación de los servicios locales. Nada de esto se tomó en consideración. Ya en el informe del Centro de Políticas Públicas de la Católica se establecía el índice de complejidad para la instalación de los servicios locales, se señalaban caminos, se establecían distintos escenarios, todos por cierto de ralentizar esto”.

Al respecto, la senadora Carmen Aravena (Republicano) expresó que en la reunión que sostendrán el próximo 11 de diciembre con el ministro Cataldo “sería bueno poder pedirle al ministerio cuántos estudios de este tipo existen, porque no sabíamos”.

“O sea, si esto lo hubiésemos tenido en vista cuando fuimos a Atacama, otro gallo cantaría, porque lo más probable es que hubiéramos trabajado en la base de lo que aquí existía, pero tuvimos que inventar otra cosa a propósito de que no teníamos información”, señaló.