Proyecto de Ley Jacinta reabre el debate sobre las exigencias para otorgarles licencia de conducir a mayores de 65 años

El 28 de agosto de 2022, Jacinta, una bebé de cinco meses, falleció a raíz de un atropello que se produjo tras un choque múltiple en Lo Barnechea, en la Región Metropolitana. Quien causó el accidente fue un adulto mayor de 80 años, que confundió el freno con el acelerador. El conductor padecía un cáncer en fase cuatro: una enfermedad cuyo tratamiento generó que sus capacidades sensoriales y físicas no fuesen aptas para la conducción de un vehículo motorizado.

Esta tragedia reabrió el debate sobre la renovación de licencias de conducir para personas mayores de 65 años. En concreto, el proyecto Ley Jacinta busca establecer mayores exigencias a los adultos mayores que quieran solicitar o renovar su carnet de conductor con el fin de “evitar que más familias sufran la pérdida de seres queridos a manos de personas que, debido a su avanzada edad, se encuentran imposibilitadas de conducir un vehículo con la expertise requerida para no causar daño, en razón de su estado de salud deteriorada producto de su edad”, dice la propuesta.

El texto, entre otras materias, señala que si una persona padece alguna enfermedad o alteración que pueda considerarse invalidante, ésta deberá presentar un informe del médico tratante donde se certifique que la deficiencia está compensada y que se encuentra en condiciones de salud normal y en control periódico, lo que debe acompañar con exámenes.

En casos calificados y siempre que la deficiencia no sea grave, se podrá otorgar licencia de conductor no profesional restringida. Pero si la persona padece cáncer en etapa II o superior, o cualquier enfermedad que por su tratamiento afecte de cualquier forma la capacidad psicomotora, se denegará sin más trámite la solicitud.

Las personas mayores de 65 años deberán anexar un certificado emitido por un médico geriatra o neurólogo, que certifique que el solicitante de la licencia tiene todas su capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado, y que no padece ninguna enfermedad cuyo tratamiento afecte de cualquier forma su capacidad psicomotora.

El médico que entregue un certificado o informe falso será sancionado con una multa de 200 UTM en caso de que se produzca un accidente con resultado de lesiones graves o gravísimas y de 500 UTM si el accidente tiene resultado de muerte.

Los diputados patrocinadores son Erika Olivera (Demócratas), Ximena Ossandón (RN), Marisela Santibáñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Jorge Saffirio, Vlado Mirosevic (PL), Mauricio Ojeda y Cosme Mellado (PR). Para ellos, este accidente develó un vacío legal pues, con el paso de los años, los sentidos y otras capacidades motoras se van deteriorando. Además, los municipios no pueden establecer si una enfermedad grave afecta las habilidades para la conducción.

Según los parlamentarios, hay especialistas en geriatría que señalan que “desde los 65 años en adelante, el 90% de la población sufre disminución de la agudeza visual. Mientras que a los 85 años el 40% presenta deterioro cognitivo. El debilitamiento de tales aptitudes ocasiona lentitud y errores frecuentes al interpretar las señales de tránsito”.

Sin embargo, expertos en la materia han evaluado el fondo del proyecto y han presentado ciertos reparos a lo discriminatorio que sería limitar el acceso a las licencias debido a la edad que tenga el solicitante. Sobre todo porque en la actual Ley de Tránsito no se establece un límite máximo para la entrega de licencias de conducir, sino que solo se establece el mínimo -18 años- con algunas excepciones que admiten su obtención antes de la mayoría de edad.

Frente a las críticas, la diputada Erika Olivera explica que el proyecto no busca discriminar sino que, al contrario de lo que se ha dicho, busca “prevenir y mejorar la seguridad vial aumentando los requisitos (...) porque actualmente si una persona toma medicamentos o tiene una grave enfermedad que disminuye sus habilidades, no tiene obligación de declararlo. Hemos hecho un llamado a los parlamentarios y parlamentarias para que tramitemos esta iniciativa, para que escuchemos a los actores y mejoremos la ley. Si hay personas que puedan aportar con ideas que mejoren el proyecto, siempre estamos disponibles a que eso ocurra”.

El Dr. Felipe Salech, geriatra y director de la Clínica de Caídas y Fracturas del Hospital Clínico Universidad de Chile, señala que las normativas que permitan o limiten ciertas capacidades basados exclusivamente en la edad cronológica “no parece ser el camino más adecuado”. Esto, según el experto, debido a que “una característica básica de la población mayor es que es muy heterogénea. Es decir, en un mismo rango etario conviven personas mayores con muy altos niveles funcionales (tanto cognitivos como motores), con sujetos que han ido perdiendo estas capacidades por distintas razones. En este sentido un corte basado solo en edad cronológica podría ser discriminatorio para muchas personas mayores”.

Además de proponer que las personas mayores de 65 años deban anexar un certificado médico emitido por un médico geriatra o neurólogo que certifique, bajo su responsabilidad, que el solicitante o conductor se encuentra con todas sus capacidades físicas y motoras aptas, el proyecto busca una segunda modificación. Esta es la duración de la licencia y periodo tras el cual se deben rendir los exámenes para su renovación. En el tramo de 65-69, tendría una vigencia de cuatro años. En el de 70-79 años, tres años. Por último, en el segmento que va desde los 80 años en adelante, la licencia solo duraría un año.

Max Schnitzer, abuelo de la menor Jacinta y promotor de la ley que lleva el nombre de su nieta, dice que el proyecto se hace necesario porque, actualmente, la Ley de Tránsito contempla solo 13 enfermedades que deben ser notificadas en caso de que una persona quiera sacar licencia B o C. Mientras que si uno quiere sacar licencia A1 o A2, también debe notificar otras 10 enfermedades más.

Aún así existe un rango de enfermedades que una persona puede padecer sin tener que avisar, dice Schnitzer. Y complementa: “O el doctor o la municipalidad no se da cuenta. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria, cardiaca, hipertensión arterial, alzhéimer, demencia, cáncer, entre otros. Por eso pedimos que a los conductores mayores de 65 años se les obligue a presentar un certificado médico. Porque el conductor que atropelló a Jacinta tenía un cáncer grado cuatro que afectó sus coordinaciones y facultad para manejar. Hay un montón de gente que está manejando y no debería hacerlo. Es una manera de controlar lo que ya está legislado”, explicó.

Pero para el Dr. Jaime Hidalgo, geriatra del Centro del Adulto Mayor de Clínica Universidad de los Andes, la respuesta para evitar este tipo de situaciones no es la limitación de las licencias de conducir. “Hay condiciones o enfermedades que, cuando aparecen, hay que hacer una evaluación completa del caso. Pero no es un contexto que solo se da en adultos mayores. Un accidente cerebrovascular le puede dar a una persona tanto a sus 50 como a sus 80 o 90 años. Ahí tenemos que mirar nuestra normativa. ¿Está nuestra reglamentación preparada para poder discernir o hacer una calificación del perfil de la persona que está postulando a sacar por primera vez su carnet de conducción?”, dice.

Es más, el especialista ahonda en cómo tales limitaciones podrían vulnerar los DD.HH. de personas mayores, que forman parte de la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores en este ámbito y a las que Chile suscribió en 2017. “Aquí resguardamos como Estado que a las personas mayores se les va a resguardar su capacidad para poder evolucionar o desenvolverse en forma adecuada dentro de una sociedad sin discriminación por edad. Tenemos que mirar esa situación”.

Expertos señalan que, para mantener una fiscalización adecuada a los conductores, la medida no debe discriminar por edad y se debe aplicar homogéneamente a todos los conductores. Incluso, se propone mirar un estudio más acabado para certificar -desde punto de vista cognitivo y osteomuscular- la competencia de cada postulante, más que declarar incompetente a una persona solo por un factor de edad. “Los sistemas no deben evadir a quienes, pese a su edad, cuenten con las competencias para que les sigan dando el carnet de conducir”, ahonda el Dr. Juan Carlos Molina, presidente de la Fundación de Envejecimiento Activo y Saludable.