Un nuevo rol asumiría la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de acuerdo al proyecto de ley de notarios que el Ministerio de Justicia presentará en los próximos días al Congreso.
La iniciativa que impulsa el gobierno pretende modernizar el sistema registral chileno y, en ese sentido, contempla otorgar a la FNE atribuciones relacionadas a la creación de nuevas notarías y conservadores de Bienes Raíces. En concreto, sería este organismo el encargado de decidir dónde se requieren nuevas oficinas, a partir de estudios de mercado y libre competencia.
"El proyecto incluye un rol de la FNE en ese aspecto", indicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien destacó que la fiscalía "tiene competencia en el tema de los mercados, en asegurar la competitividad y la apertura". La autoridad asumió también que con esta nueva tarea se evitaría "la concentración de los actores económicos, porque eso dificulta el funcionamiento del sistema registral".
El proyecto propone, además, otros tipos de cambios al sistema, entre los cuales se encuentra el término de los notarios vitalicios y la modificación al sistema de ingreso, con un curso de habilitación para ejercer la función en la Academia Judicial. En tanto, la función fiscalizadora de los entes registrales se trasladaría desde la Corte de Apelaciones respectiva a la Fiscalía Judicial.
"Una de las alternativas que teníamos era crear más notarías; uno piensa que con ello habrá más oferta y más posibilidades de atención, y se supone que mejorará la calidad del trabajo y los costos. Pero queremos cambiar el sistema. Que sea algo que facilite el funcionamiento de la economía y la vida de las personas", señaló el ministro.
A raíz de la nueva función que tendría la FNE, de aprobarse y mantenerse como tal durante la discusión parlamentaria, este jueves se reunió Larraín -en su oficina- con el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.
En la oportunidad, terminaron de afinar algunos aspectos del proyecto, además de la presentación formal de los resultados finales del Estudio de Mercado que elaboró el FNE, que fueron publicados el miércoles por el organismo.
Según reveló el documento, 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial. Y se postula que las oficinas que tienen mayor competencia prestan mejores servicios.
Según el economista de la U. Adolfo Ibáñez Claudio Agostini, "en vez de seguir asignando cupos y repartiendo poder de mercado, sería más adecuado acordar los criterios para que todo aquel que cumpla los requisitos pueda abrir una notaría donde quiera".
Decreto nuevas notarías
El destino del Decreto Exento 1.515, emitido por el gobierno de Michelle Bachelet y que creaba nuevas notarías, sigue en suspenso, luego de que la Contraloría General de la República paralizara su trámite en dos ocasiones por una serie de observaciones.
En la cartera se prepara una tercera versión del documento, con tal de obtener la toma de razón del ente fiscalizador, aunque ya se advirtió que se redujo drásticamente el número de notarías requeridas por el Ejecutivo y que en su momento generó una polémica. El original, enviado por el entonces ministro de Justicia Jaime Campos, en julio de 2017, contemplaba 101 notarías.
"Estamos en proceso de convalidar esto nuevamente para tener saneado ese paso que se dio, pero no estamos en la voluntad de aplicar el decreto con todas esas notarías", señaló el ministro Larraín.
