Proyecto que supera el CAE trae beneficiarios exentos de pago, crea nuevas contribuciones y condona totalmente algunas deudas

Una semana después del último plazo autoimpuesto, la noche de este lunes el Presidente Gabriel Boric anunciaba en cadena nacional los ejes del proyecto de ley que será ingresado este martes al Congreso y que supera el Crédito con Aval del Estado (CAE), moderniza el sistema de financiamiento de la educación superior y entrega una propuesta para condonar las deudas educativas (ver nota principal).

El proyecto viene a confirmar lo que hasta aquí ha dado a conocer La Tercera: se deja atrás el CAE, de dan los lineamientos para condonar a todos los deudores, aunque no a todos por igual, se aparta a la banca de la ecuación y se da paso a un sistema de contribución por parte de los beneficiarios contingentes a los ingresos de las personas.

Esto último, acorde a conocedores de la iniciativa que tendría su propio reglamento, será calculado en un monto anual y contingente a los ingresos de la persona que haya estudiado en alguna de las instituciones adscritas al nuevo sistema, con reglas no muy distintas a las que actualmente existen para aquellas casas de estudio que han decidido ser parte de la gratuidad.

Para establecer el monto que año a año deberá “contribuir” cada beneficiario el cálculo se hará sobre los ingresos de la persona, con tramos establecidos en Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que asegura la reajustabilidad. Y ahí, quienes ganen menos de algo así como 500 mil pesos no deberán contribuir, algo que también ya había adelantado este medio la semana pasada. Habrán, además, otros dos tramos y para cada uno de ellos se establecerá un porcentaje de contribución, siendo el mayor de 15% mensual.

Sin embargo y como se expuso en su momento, el monto de contribución anual tendrá como tope un 7% de la renta total del beneficiario, aunque el techo para los sueldos más altos (de cerca de $ 3 millones mensuales hacia arriba) será mayor, según las mismas fuentes. Ninguno tendrá intereses.

¿Y por cuánto tiempo deberá pagar la persona beneficiaria? El pago se comenzará a realizar un año después de que ingrese al mundo laboral y hasta aquí se sabía que el tope serían 20 años. Acorde a lo que revelan otros conocedores de la iniciativa los años a contribuir se calcularán multiplicando por dos la cantidad de semestres financiados con el nuevo sistema, aunque siempre con el principio de no superar los 20 años de contribución.

Nadie podrá “acortar” el tiempo que deberá contribuir y podría haber casos -los menos según voces conocedoras de la idea- que estudiaron una carrera corta, con un arancel bajo y que perciban un alto sueldo, que terminen pagando “más” de lo que costó su carrera realmente, dando paso así a la idea de solidaridad para con el resto. La mayoría, eso sí, pagará “menos” que el costo real de las carreras, según calculan en el gobierno, donde todavía afinan el informe financiero del proyecto.

Sea cual sea el monto de cada individuo, el Fisco recaudará esa contribución con mayor facilidad que el CAE, por medio de retenciones, tal como en la actualidad ocurre con otras cotizaciones. Según quienes han visto el proyecto de ley, el nuevo sistema recaudará a través de los descuentos que hacen los empleadores en la actualidad, como salud y pensiones. Para el caso de los independientes esto será descontado de las boletas en un porcentaje determinado. Habrá también reglas para pensionados que fueran beneficiarios del nuevo sistema, así como también se normarán los casos en que se pueda suspender temporalmente la contribución.

Con todo, las personas también tendrán ciertos requisitos que cumplir a la hora de postular al nuevo sistema o bien, renovar su beneficio. Incluso quienes hayan accedido a la gratuidad y se hayan atrasado podrían postular a este nuevo sistema para financiar lo que les resta de carrera.

Tal como se ha venido conversando, el nuevo sistema implica la regulación de aranceles, con los mismos criterios operantes para la gratuidad, aunque con algunas condiciones distintas -más beneficiosas, dicen en el Ejecutivo- para las instituciones, como que a los estudiantes de mayores ingresos sí se les podrá cobrar un monto. Además, el nuevo sistema financiará un año extra a sus beneficiarios, distinto a lo que ocurre actualmente con la gratuidad (sólo financia la duración nominal de las carreras) y que ha sido motivo de constantes disputas por parte de los rectores de las casas de estudio. Pasándose el beneficiario de ese año extra ya se le cobraría. Asimismo, los estudiantes podrían cambiarse de carrera una vez.

En los pasillos de La Moneda, además, cuentan que la modernización del sistema trae aparejada la creación de un nuevo servicio, que será derivado de la actual Comisión Ingresa, la entidad administradora del sistema de créditos para estudios superiores y que actualmente ve lo relativo al CAE. Esta nueva institucionalidad es la que administrará el nuevo beneficio y tendrá un director que nombrará el Presidente.

El gobierno definió hace largo rato como estrategia legislativa que junto con el proyecto de ley que moderniza el sistema de financiamiento de educación superior vendría aparejada su promesa de condonar las deudas educativas. Y aunque la idea pasó originalmente de una condonación universal y total, a una solución para todos, pero no a todos por igual, lo cierto es que en la iniciativa viene un plan para la “reorganización de la deuda educativa”, como hace un tiempo comenzaron a denominarle desde el Ejecutivo.

Y quizás si lo más relevante es que este plan, que abarca a los deudores del CAE, Corfo y el Fondo Solidario, es que será voluntario para los deudores (incluso para aquellos que ya tienen CAE) y cada año las personas deberán renovar su decisión, según revelan conocedores de la iniciativa. Pero también habrá quienes no podrán negarse a ser parte de este plan en caso de aprobarse la ley: aquellas personas a las que se les ejecutó o se les vaya ejecutando la garantía estatal del CAE.

Conocedores de los detalles de esta parte de la iniciativa señalan que quienes quieran ser parte del plan tendrán que solicitarlo ante el nuevo servicio que crea el proyecto de ley, que a su vez será el encargado, acorde a las mismas fuentes, de determinar sus nuevas condiciones.

Para calcular estas últimas habrá una suerte de cuota base, que serán aquellas vencidas o por pagar que el deudor tiene. Habrá condiciones especiales de cálculo para quienes se les ejecutó la garantía estatal o quienes tengan más de un crédito estatal.

Quienes han accedido a los detalles del plan de condonación dicen que para que todos los deudores tengan algún tipo de beneficio se hará una especie de categorización, entre las que se incluyen desertores con y sin cuotas pendientes, así como egresados con y sin cuotas pendientes. Para esto habrá una fórmula que incluye descuentos en UF, pero en la misma ecuación se meterán las cuotas pagadas y las cuotas pactadas originalmente. ¿La lógica detrás de esto? Premiar a quienes más han pagado, están al día y están en peores condiciones económicas. Habrá casos que después de toda esa ecuación verán condonada totalmente su deuda. La condonación parcial, en el caso del CAE, se aplicará a cada cuota base, por lo que cada deudor vería reducidas sus cuotas actuales.

Conocedores de la iniciativa dicen que uno de los grupos de personas que se verán más beneficiados serán los desertores, con una deuda baja y que estén al día.

Pero además se incluirá un incentivo para quien pague anticipadamente un “cuotón”: aquellos que salden el total de su deuda en un solo pago, verán un descuento -adicional a sus nuevas condiciones- de la deuda que hasta ahí se le condonaría parcialmente. Las voces conocedoras del proyecto dicen que se ha zanjado un 25%.

Como sea, lo cierto es que quienes adscriban al plan van a pasar a deberle al Estado un dinero que será calculado en cuotas, que no podrán exceder el 7% de los ingresos anuales y que tendrán que ser saldadas mensualmente y con montos también contingentes a las remuneraciones de la persona, para lo cual se deberán presentar declaraciones juradas de rentas.

Y aquí, en línea con lo que se propondrá en el nuevo sistema de financiamiento, para asegurarse la recaudación se propone una retención mensual de dineros por medio del empleador, tal como hoy ocurre con los descuentos para salud o pensiones. Estas retenciones también tendrán tramos: quienes ganen menos de -aproximadamente- $ 500.000 mensuales estarán exentos de la retención, con otros dos tramos existentes.

Pero la condonación finalmente también traerá aparejado, según señalan quienes conocen de la propuesta, un beneficio tributario que apunta a descontar impuestos a quienes ya pagaron totalmente su crédito, medida por la cual presionaron algunos partidos políticos, tanto de oficialismo -PS- como de oposición -UDI-. Este, reseñan conocedores del mismo, sería por 20 años para equiparar algunas de las condiciones que se proponen en el nuevo sistema de financiamiento.

En el proyecto, además, se establecerán los lineamientos para que el Fisco pueda adquirir los créditos CAE, Corfo y Fondos Solidarios en el contexto de quienes se adhieran al plan de reordenamiento.