Punta Peuco: juez Carroza solicitará exámenes de salud a 70 reos que piden arresto domiciliario

Pasadas las 11.30 de este viernes, llegó hasta la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, el abogado Raúl Meza. El defensor de 70 reos de Punta Peuco, todos ellos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1990, solicitó se les reemplacen las actuales penas de prisión efectiva por arresto domiciliario total.

De acuerdo al abogado, se trata de reos mayores de 70 años, para quienes pidió que se les aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, acuerdo que fue promulgado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2017.

"Es una petición que tiene un fundamento y razones de carácter humanitario, dado que aquí lo que se pide es que por primera vez en Chile se haga aplicación expresa de esta convención", indicó.

En opinión del defensor, entre los internos hay 15 con enfermedades terminales, seis de ellos hospitalizados en su etapa final. En tanto, aseguró, un 80% de los reos sufre enfermedades crónicas, como diabetes agudas, demencia senil, alzheimer e hipertensión arterial.

Entre los solicitantes se encuentran el ex director de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann; el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corvalán; el brigadier (r) del Ejército, Miguel Krassnoff; el otrora fiscal militar, Fernando Torres Silva; y el ex agente de la DINA, Pedro Espinoza.

Fuentes del proceso indicaron a La Tercera, que el juez Mario Carroza resolvió acoger a tramitación la petición de Meza, por lo que solicitará los exámenes de salud de los reclusos, los que deberán ser efectuados por el Servicio Médico Legal (SML). Una vez que esos antecedentes lleguen a sus manos, el magistrado encargado de indagar causas de violaciones a los DD.HH. resolverá de acuerdo a la legislación vigente si procede o no el arresto domiciliario.

Según Meza, la opción judicial no es la única que manejan. Dado que de ser rechazada por Carroza, acudirán al gobierno en busca de un indulto generalizado.

"Si en virtud de los antecedentes médicos que tiene cada uno de los internos, él (Carroza) estima que no hay mérito suficiente para aplicar esta convención internacional a personas mayores, evidentemente vamos a dar otro paso, y éste será solicitarle al gobierno que aplique el indulto presidencial", agregó. Además, Meza cuestionó que sea el SML la entidad encargada de realizar las pericias para comprobar el estado de salud de los internos. Al respecto, enfatizó en la necesidad de que sea el Hospital Militar aquel que compruebe cada caso.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI), se pronunció con respecto a esta petición. En este sentido, la autoridad advirtió que el gobierno tendrá una postura "restrictiva" con respecto a la entrega de indultos, y advirtió que serán "decisiones muy excepcionales que se contarán con los dedos de las manos".

"Si se trata de una persona que ha perdido la razón y no se puede desenvolver por sí sólo, porque no es autovalente, uno puede pensar, independiente del delito que haya cometido, en que por consideraciones de dignidad humana le puede dar un indulto", señaló.

No obstante, la autoridad destacó que por regla general "las personas tienen que cumplir las sentencias por las cuales han sido condenadas. Y no porque tengan un tipo de delito u otro van a tener mejores o peores beneficios".

En este sentido, indicó que, ante una solicitud de indulto, se estudiará caso a caso.

"No vamos a entregar indultos enmendándole la plana a los tribunales, porque lo piden las personas o por la presión que algunos puedan ejercer", sostuvo.

Desde la oposición, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), aseveró que no será fácil para el actual gobierno lograr beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.

"Conmutar penas de personas que han asesinado y cometido barbaridades como las que se efectuaron, es un tema muy debatible y necesario de discutirlo. No creo que eso sea fácil", indicó.

En tanto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que "Raúl Meza, intencionalmente, ha banalizado un tema tan importante. Él sabe que es una soberana estupidez pedir el arresto domiciliario para 70 reos, pero el no tiene ningún respeto hacia nosotros, pero comunicacionalmente, se maneja".