Punta Peuco: la historia tras la polémica cárcel que no fue cerrada por Bachelet

Pese a que Michelle Bachelet traspasó la presidencia hace dos días a Sebastián Piñera, aún continúa la polémica por el no cierre de Punta Peuco, promesa que finalmente quedó incumplida durante su administración.

Ayer La Tercera PM (lee la nota de La Tercera PM aquí) reveló que el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto que permitiría que los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar fueran trasladados a Colina I.

Tesis que fue rechazada por el secretario de Estado, quien aseguró a La Tercera PM que nunca recibió un borrador, y agregó que "si hay un acto que violenta lo que señala mi conciencia, por supuesto que no lo ejecutaré".

Sobre esta polémica se refirió este martes el ex Presidente Ricardo Lagos, quien tal como él mismo lo expresó estuvo en el "origen" de esta cárcel.

Lagos recordó su negativa como ministro de Obras Públicas de firmar el decreto que permitiría la construcción del penal en 1994 - ordenado por Eduardo Frei Ruiz - Tagle - ya que no estaba de acuerdo con que el gobierno construyera una cárcel para quienes habían cometido delitos de lesa humanidad.

"No estaba dispuesto a hacer una cárcel de esa naturaleza porque se me dijo que si no habrían situaciones muy complejas y difíciles y yo en ese momento dije: 'Ese es un juicio que tengo que hacer yo como ministro de Obras Públicas, y como ministro no estoy de acuerdo con eso y no hay ningún peligro a la democracia chilena el que no se haga eso', relató el ex Mandatario.

Respecto a la responsabilidad que le cabría a Campos en esta polémica, el ex Presidente agregó: "Lo que yo he leído no apunta en esa dirección y él dice que no tuvo ningún decreto. No tengo más que opinar".

El 19 de junio de 1995 el brigadier (R) Pedro Espinoza fue el primer integrante del Ejército en cumplir condena en el recién creado penal Punta Peuco.

Tras ser condenado por el asesinato del canciller Orlando Letelier, y luego de que el Ejército lo llamara a retiro, Espinoza llegó hasta este recinto ubicado en Tiltil, a 50 kilómetros de Santiago, convirtiéndose en el primer recluso en habitar la cárcel militar.

Unos meses antes, el Congreso había aprobado la construcción del recinto para que los uniformados juzgados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cumplieran condena en centros de Gendarmería, pero segregados de los otros reclusos.

Según explicó el director de Gendarmería de la época, Claudio Martínez, en una carta enviada a La Tercera en 2017, el contexto histórico de ese entonces –con Augusto Pinochet como comandante en jefe y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras 'refugiado' en distintos puntos del país– influyeron en que se diseñara una cárcel con un régimen de excepción que permitiera "crear las condiciones de confianza para el Ejército".

Corría 1994 y ante la inminente condena de Contreras por el asesinato del ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier, el Ejecutivo comenzó a estudiar la edificación de una cárcel de alta seguridad para un número reducido de personas, misión que encargó al Ministerio de Obras Públicas, encabezado en ese entonces por Ricardo Lagos.

Según relata Ascanio Cavallo en el libro la "La historia oculta de la transición", los principales políticos de la Concertación estaban de acuerdo con esta idea con tal de ver a Manuel Contreras tras la rejas, pero esa opinión no era compartida por Lagos, quien rechazaba la posibilidad de dar un trato privilegiado a los militares.

Para el Ejecutivo la manera más rápida para iniciar la construcción de Punta Peuco era solicitar al Ministerio de Obras Públicas que dictara un decreto que iniciara las obras sin licitación, el que debía ser firmado por el ministro.

Al conocer esta idea, Lagos entregó otras opciones, pero el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y los personeros políticos respaldaron la idea original.

Lagos se negó a firmar el decreto e incluso presentó su renuncia al Presidente, la que no fue aceptada.

En busca de una solución que evitara el quiebre de la Concertación, apareció la alternativa de presentar un proyecto de ley que involucrara tanto al gobierno como a la oposición en la construcción de este recinto, la que tras una serie de negociaciones terminó siendo respaldada por el ministro.

La tramitación del proyecto en el Congreso tampoco fue expedita. Pese a que fue aprobado en la Cámara, los senadores designados lo rechazaron en la Cámara Alta.

La construcción de Punta Peuco fue analizada en una comisión mixta donde finalmente se logró el acuerdo político para su implementación.

Cuatro meses después de su llegada, el brigadier (r) Espinoza dejó de ser el único uniformado en Punta Peuco. Manuel Contreras -condenado a 7 años por el crimen de Letelier tras un histórico fallo de la Corte Suprema– llegó a cumplir su primera pena al recinto, luego de "refugiarse" en un fundo en Fresia y posteriormente en el Hospital Naval de Talcahuano, donde fue amparado por la Armada.

Para la Concertación, tener a Contreras en prisión significaba que la transición había triunfado.

La convivencia entre Espinoza y el ex jefe de la DINA se volvió tensa. Como también con otros uniformados que llegaron posteriormente al penal.

Comenzaron a conocerse los privilegios con los que contaban especialmente los militares que cumplían condena, quienes, según los otros reclusos, eran tratados como superiores por los miembros del Ejército que en ese entonces fueron asignados para su custodia interna.

A fines de 1995 el oficial de Carabineros Fernando Valdés –también condenado- relató las celebraciones de cumpleaños de Contreras, las visitas fuera de horario, el uso de teléfonos celulares y otras comodidades como un enfermero permanente en el lugar, con las que contaba tanto él junto a otros presos.

De esta manera se fueron propagando una serie de rumores y mitos respecto a estos centros penales destinados para militares.

Casi quince años después, un reportaje de TVN reveló Punta Peuco era un poco más parecido a una cárcel típica chilena que el extinto centro Cordillera, en el que Contreras cumplió parte de sus condenas, y donde aseguró en 2013 que los gendarmes estaban para "recogerle el bastón" cuando se le caía. Días después ese recinto fue cerrado por el Mandatario Sebastián Piñera y los reclusos trasladados a Punta Peuco.

Respecto a su infraestructura, Punta Peuco cuenta actualmente con controles de metales en el ingreso, rejas, cuatro módulos, celdas y baños compartidos.

Sin embargo, los espacios comunes como canchas de tenis, quinchos, terrazas para recibir a los familiares, biblioteca y una sala para ver televisión generaron por años duras críticas por parte de los detractores al penal, que actualmente es ocupado por 129 personas.

El centro de Tiltil fue creciendo a medida que llegaron más condenados, como por ejemplo en septiembre de 2013, cuando el presidente Sebastián Piñera cerró Cordillera y nueve reos fueron trasladados a ese lugar.

Con el tiempo se instalaron nuevos módulos estilo contenedor que son compartidos por los uniformados, pero que también tienen comodidades como living, comedor y que pueden cerrarse con llave cuando los internos salen a los espacios comunes.

En septiembre de 2015 la ministra de Justicia, Javiera Blanco, obtuvo la autorización de la presidenta Bachelet para comenzar los trabajos de remodelación de uno de los módulos de Colina I con el objetivo de recibir a los presos de Punta Peuco.

El posible cierre del recinto se conoció a través de Carmen Gloria Quintana –una de las sobrevivientes del Caso Quemados–, quien reveló que tras reunirse en audiencia privada con la presidenta Bachelet, ésta aseguró que cerraría el penal en septiembre de ese año. Una fecha que nunca fue anunciada oficialmente por La Moneda y que finalmente se pospuso para los últimos días de su segundo mandato.

En total, según datos del gobierno a los que tuvo acceso La Tercera en agosto, se invirtieron cerca de 1.500 millones de pesos en la refacción, pintura, habilitación y alojamiento de las tres galerías, separadas por pequeños patios o espacios comunes, con que cuenta este módulo especial en el penal Colina 1, además de trabajos en mejoramientos de seguridad, la construcción de baños comunes y del alzamiento de un muro perimetral.

Reportajes de La Tercera reveló en exclusiva -en esa misma fecha- algunas fotografías de los pabellones en Colina 1 que albergarán a los ex militares, y que confirmaban que el lugar está completamente refaccionado y habilitado para el traslado de los reclusos.

Sin embargo, la Mandataria no cumplió su promesa y los uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos siguen cumpliendo condena en esta cárcel.