Punta Peuco: se han aprobado seis beneficios carcelarios de 475 solicitados

Hace un mes, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a siete condenados por crímenes de derechos humanos ocurridos durante el régimen militar.

La decisión del máximo tribunal no pasó inadvertida e incluso motivó a un grupo de parlamentarios a presentar una acusación constitucional en contra de los tres jueces que participaron de estas resoluciones.

A diferencia de lo que ha resuelto la Sala Penal, Gendarmería no ha entregado entre 2015 y 2017 ningún beneficio intrapenitenciario (salida dominical, de fin de semana o controlada al medio libre) a condenados por casos de derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco.

De acuerdo a las cifras que maneja la institución penitenciaria, son 174 las personas que están cumpliendo sentencias por estas causas a nivel nacional. De ellas, 119 están en Punta Peuco, 42 en Colina I y el resto está distribuido en penales de Santiago, Arica, Temuco, Osorno, Nueva Imperial, Cauquenes y Puerto Montt.

Así lo revela el oficio N° 5081 firmado por el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, del 22 de agosto pasado, en que se adjunta una presentación de la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck.

En el documento se detalla, además, que durante esos tres años se han realizado 475 solicitudes de beneficios intrapenitenciarios por parte de internos de Punta Peuco y solo se han otorgado seis, ninguno a exuniformados condenados por casos ocurridos entre 1973 y 1990 (ver infografía).

Los beneficios fueron entregados a cuatro exmiembros de la PDI, que fueron declarados culpables en 2015 de formar una red de corrupción. Según el fallo, los funcionarios cometieron actos indebidos cuando integraban la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, realizando apremios ilegítimos, detenciones y allanamientos ilegales e infracción a la ley orgánica de su institución.

Uno de ellos es el exsubcomisario José Márquez Areyuna, sentenciado a siete años y 172 días de presidio, quien obtuvo en 2016 un permiso de salida controlada al medio libre y otro de salida dominical. Otro es el exdetective Bruno Medina Blanco, condenado a la misma pena que Márquez y obtuvo los mismos beneficios penitenciarios. El tercero que ganó una autorización de permiso dominical fue Godfrey Gamboa Tapia, condenado a siete años y 160 días. Y el cuatro permiso se le entregó al exdetective Juvenal Pérez Blanco, a quien se le dio una pena de siete años y 361 días.

Los 469 casos en que se rechazó el permiso para salir de Punta Peuco corresponden a solicitudes realizadas por exuniformados sentenciados por casos de derechos humanos.

De total de las peticiones, hay 10 personas que concentran casi la mitad de estas (227). Entre ellos, el que ha requerido más veces este permiso (35) es el brigadier (R) de Ejército Francisco Ferrer Lima, condenado a ocho años por el asesinato de Tucapel Jiménez.

La misma cantidad de solicitudes que Ferrer ha realizado el coronel (R) de Carabineros Gerardo Aravena Longa, condenado por los crímenes de José Barrera, Segundo Gárate, Jorge Toro, Justo Mendoza y Jorge Yáñez, en el sector de la Cuesta Barriga, en Curacaví.

Otro que registra elevada cantidad de peticiones a Gendarmería (23) es el mayor (R) del Ejército y exagente de la CNI Carlos Herrera Jiménez, a quien se le dio una pena de presidio perpetuo por diversos crímenes, entre ellos los asesinatos de Tucapel Jiménez y Mario Fernández.

El abogado de internos de Punta Peuco, Raúl Meza, criticó los rechazos constantes de Gendarmería. "La inexistencia absoluta de beneficios intrapenitenciarios a los reos condenados por causas de derechos humanos no responde a razones de carácter jurídico, considerando que muchos de ellos cumple con los requisitos establecidos en el reglamento carcelario para su concesión, sino que obedece a motivaciones estrictamente políticas de todas las autoridades de los gobiernos, desde 1990 a la fecha".

Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), dijo que "me parece bien que durante estos años no se haya entregado un beneficio carcelario a estas personas y creo que no se debe entregar mientras no cumplan los requisitos. Ellos no están rehabilitados, porque no se arrepienten de los graves crímenes que cometieron".

En cambio, Loreto Iturriaga, hija del condenado exmiembro de la Dina Raúl Iturriaga, señaló que "esto es de una gravedad tal que me asusta vivir en este país. Es una cosa tremenda cómo es manejado todo corruptamente para el provecho de algunas personas. Los militares no tienen derechos humanos de nada".

¿Cuáles fueron las razones para que se entregaran beneficios a los expolicías condenados en 2015 y no a autores de crímenes en el gobierno militar? Al respecto, el jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Fernández, explicó que esa es una decisión que toma un consejo técnico de Gendarmería por decisión unánime de los miembros.

Añadió que "el reglamento para otorgar estos permisos se modificó en 2016, aumentando los requisitos a quienes hayan sido condenados por homicidio, mutilaciones, entre otros delitos que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado". Esto, explicó, hizo que los permisos se redujeran al máximo.

En tanto, desde Gendarmería dijeron que "los criterios son insumos de la comisión técnica y son reservados".