Este martes, la exalcaldesa de Maipú, Catherine Carolina Barriga Guerra (50 años), será formalizada en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, le imputará responsabilidad como autora -en grado de desarrollo consumado- de los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público cometidos entre 2016 y 2021, mientras se desempeñó como jefa comunal de la mencionada comuna.
En esa misma audiencia también serán formalizados los exfuncionarios Ana María Cortés, de la Secretaría Comunal de Planificación; Luis Japaz, quien fue asesor de la exalcaldesa; Andrea Díaz, otrora administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Palma, exdirectora de Control. Esta última, únicamente por el delito de falsificación de instrumento público.
Citando un informe de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sostiene que Cathy Barriga y los demás responsables cometieron “una serie de actuaciones, maniobras ilícitas y delictuales durante la administración de la exalcaldesa que llevaron a dicho municipio, durante su periodo, a un déficit de a lo menos $ 30.622.935.635 al mes de junio de 2021. Déficit detectado por el órgano contralor, al examinar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de formulación, ejecución y control presupuestario”.
Además, una de las aristas que indaga la fiscal Encina, quien solicitó formalizar a Cathy Barriga, se refiere a actos que fueron descubiertos en la investigación penal y es que para hacerse de recursos -sostiene la querella- tuvieron que falsificar actas y redistribuir dineros que habían sido aprobados para otros fines en el seno del concejo municipal de Maipú.
En un informe de 69 páginas, el CDE asegura que “los imputados participaron en la elaboración de documentos, informes, balances, entre otros, que aparentaron la disponibilidad de recursos, a fin de contraer nuevas obligaciones en representación del municipio, sin contar efectivamente en la realidad con tales fondos para su ejecución”.
Agrega que “las maniobras dolosas desarrolladas permitieron aparentar una solidez financiera que no era tal, rebajando arbitrariamente e ilegalmente el resguardo de recursos a proyectos aprobados por el concejo municipal y redistribuyéndolos para financiar actividades propias del programa de la exalcaldesa, alejándose de la planificación financiera y de inversiones elaboradas para el ejercicio correspondiente”.
También señala que estas acciones fueron ejecutadas bajo cargos de confianza, lo que permitió a los acusados evadir controles internos dentro de la municipalidad.
En resumen, la querella del CDE imputa a Barriga y a sus colaboradores la generación de un déficit por más de 30 mil millones de pesos a través de la adulteración de informes de ejecución presupuestaria, de la contratación a honorarios -y sucesiva renovación de contrato- de una persona que no prestó servicio alguno en la municipalidad y que presentó licencias médicas durante más de tres años, y por la rendición de información presupuestaria falsa en la cuenta pública correspondiente al 2020.
El documento detalla que apenas llegó al cargo de alcaldesa, “la querellada Cathy Barriga creó, al margen de la ley, un sistema de administración que le permitió organizar internamente el municipio para evadir posteriormente los controles internos y la fiscalización del concejo municipal, verificando de este modo las acciones defraudadoras materializadas” y agrega que al asumir sus deberes funcionarios, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 4182 de 09/12/2016, la exalcaldesa redistribuyó funciones de forma contraria a las normas que rigen la función pública, mediante la figura de delegación de firma bajo la fórmula “por orden del alcalde”.
