Qué dice sobre los funcionarios públicos el dictamen de Contraloría que movilizó a la ANEF, la CUT y el Colegio de Profesores

Este martes, el Colegio de Profesores se sumó a la movilización impulsada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en contra del dictamen de Contraloría que modifica el procedimiento a seguir en el caso de los funcionarios públicos a contrata que quieran alegar legítima confianza ante despidos.

Las organizaciones llegaron a la puerta de la sede fiscalizadora en Teatinos 56, para entregar una carta en la que solicitan a la contralora Dorothy Pérez que reconsidere el cambio en el reglamento.

En la manifestación, el presidente de la CUT, David Acuña, señaló que “no es posible que habiéndose ganado un pequeño derecho, como es el de la confianza legítima, hoy día venga una contralora de voto propio, sin que nadie le haya pedido, ella se restringe en su propio deber fiscalizador”.

Por su parte, el líder del magisterio, Mario Aguilar, manifestó que Pérez “tiene la obligación de proteger también a los funcionarios y funcionarias públicas de la arbitrariedad. Retrotraer el dictamen de confianza legítima es un gravísimo retroceso y nosotros vamos a dar la lucha hasta el final para que ese derecho se restituya”.

En concreto, los gremios de funcionarios alegan por la eliminación de la interpretación laboral que regía hasta la administración del excontralor Jorge Bermúdez, quien robusteció el rol de la confianza legítima.

Esto se traduce en que si a un trabajador público se le extendía el contrato por más de dos años, entonces ese funcionario gozaba de la confianza legítimade que se iba a actuar de la misma forma, es decir, renovar su contrata. Esto, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del empleo público. Además, estableció que en el caso de despedidos la Contraloría debía pronunciarse sobre estos requerimientos.

Sin embargo, Pérez derribó este reglamento. Con su llegada estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelacciones.