Luego de que esta jornada se conociera el deceso de un ciudadano boliviano al interior de una comisaría de Carabineros en Colchane, la Fiscalía de Tarapacá ordenó que la investigación de los hechos quede en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de Iquique de la PDI, mientras que instruyó al Servicio Médico Legal (SML) realizar una autopsia bajo el “protocolo de Minnesota”, utilizado cuando una persona fallece mientras se encuentra bajo custodia de agentes del Estado.
Al respecto, el fiscal Milton Torres recordó que “el día de ayer, 3 de junio, en horas de la noche y madrugada de hoy, 4 de junio, en la localidad de Colchane, personal del Ejército sorprendió a dos ciudadanos bolivianos en los momentos en que hacían abandono del país de manera irregular (…) Fueron detenidos y puestos a disposición de Carabineros por el delito de tráfico de migrantes”.
El persecutor agregó que “posteriormente, y en circunstancias que están siendo investigadas, uno de ellos falleció, constatándose su muerte al interior de un calabozo de Carabineros cercano a las 3 de la madrugada del día de hoy”.
Asimismo, sostuvo que por orden del Ministerio Público, el caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de Iquique, y que, asimismo, “se dispuso la realización de una pericia de autopsia, en los términos del protocolo de Minnesota, por parte del Servicio Médico Legal (SML) a fin de esclarecer los hechos y establecer las causas que, finalmente, generaron tan lamentable suceso”.
¿Qué es el protocolo de Minnesota?
El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas -recomendadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos- para investigar una muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada.
Nace como complemento del Manual de la ONU para la prevención efectiva y la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (1991). En su versión actual, que data de 2016, establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación, con el fin de realizar diversos procedimientos forenses al cuerpo, para determinar la causa exacta de su deceso.
De acuerdo con el sitio web de la Biblioteca del Congreso, el Protocolo de Minnesota “tiene por finalidad proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada”.
Agrega que la iniciativa se aplica, específicamente, en tres escenarios: cuando la muerte “puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”; en las ocasiones en que el deceso ocurre “cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes”; y cuando esta “puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida”.
