¿Qué es lo que se viene? El paso a paso de la Suprema para resolver la reclamación de los consejeros oficialistas

Los 17 consejeros oficialistas finalmente pasaron a la ofensiva y materializaron lo que ya habían notificado de manera formal a los delegados de derecha la semana pasada. La noche de este domingo los representantes de izquierda ingresaron una reclamación ante la Corte Suprema. En el recurso se reclama por las enmiendas de la derecha -tanto de republicanos como de Chile Vamos- que buscan crear nuevos capítulos.

A juicio del oficialismo, estas indicaciones implican una vulneración a las reglas del procedimiento debido a que el sector interpreta que el reglamento del proceso constitucional no permite que el Consejo pueda crear nuevos acápites. Argumentan que esa función se le dejó encargada de manera explícita a la Comisión Experta al votar la estructura constitucional del anteproyecto.

La arremetida judicial del oficialismo se dio en medio del intento por dialogar con la oposición para negociar el contenido de los acápites sobre seguridad, Fuerzas Armadas y Defensoría de las víctimas. Pese a que el sector entregó el viernes su propuesta de articulado, quisieron reclamar igual al máximo tribunal. Esta es la primera vez que se activa la reclamación ante la Corte Suprema por una eventual vulneración a las reglas del procedimiento, ya que la derecha en la Convención nunca lo hizo.

El documento fue ingresado a través de la Oficina Judicial Virtual y contó con 14 firmas de los 17 consejeros oficialistas, alcanzado el quórum requerido, ya que la Constitución establece que se necesita el apoyo de diez consejeros.

Los tres constituyentes faltantes fueron Miguel Littin (PS), Jessica Bengoa (CS), quienes no firmaron por temas prácticos al no poder ser ubicados, y el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind.-PS), quien por su rol institucional optó por mantenerse al margen.

Dentro de la jornada de este lunes comenzó el procedimiento ante la Corte Suprema. El primer paso fue el sorteo público de los cinco ministros que conocerán y resolverán esta reclamación. La sala quedó integrada por los magistrados Andrea Muñoz, Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza y María Cristina Gajardo.

Este martes los cinco supremos se reunirán para analizar -en la cuenta del día- la admisibilidad de la reclamación. Esto implica determinar si los reclamantes cumplieron con los requisitos de plazo de ingreso y el número de firmas suficientes.

El asunto procedimental sobre cuándo debía ser ingresada esta solicitud fue la gran duda jurídica que tuvo que resolver la izquierda, ya que la Constitución establece que el plazo para reclamar es de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio que se quiere alegar. Después de un análisis jurídico el cálculo más conservador determinó que el plazo vencía este domingo.

Si se determina que estas condiciones no son cumplidas, es decir la inadmisibilidad, la solicitud será considerada como “no presentada”. En cambio, si la solicitud es declarada admisible, se le notificará a través de correo electrónico a la presidenta del órgano redactor, Beatriz Hevia (republicana), para que envíe un informe en un plazo de dos días.

En el documento, Hevia podrá “indicar lo pertinente respecto del vicio que se reclama, su carácter esencial o no, y referirse a los efectos del acto impugnado”.

En ese mismo documento, designará al abogado que represente al Consejo para alegar en contra de la reclamación. Si bien en un inicio se pensó que el abogado podía ser el jefe de asesores de la bancada republicana, Jorge Barrera, se tomó la decisión que sea otro el abogado el encargado de litigar el caso. En el caso del oficialismo, el abogado patrocinante será William García. En caso de que el reclamo se declare admisible, fuentes de la derecha dicen que apelarán a esa resolución.

Cuando la sala pase a resolver el fondo de la reclamación, se deberá probar que el “vicio que se reclama” es “esencial” y, además, se tiene que constatar claramente cuál es “el perjuicio que causa”.

Una vez recibido el informe, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, convocará a los cinco ministros a audiencia pública para escuchar los alegatos. Estas intervenciones no podrán exceder los 30 minutos.

Luego de los alegatos la sala tiene dos días para dictar la sentencia. El procedimiento de la Suprema estipula que todo el proceso de tramitación no puede prolongarse por más de diez días hábiles desde que se ingresó la solicitud. Es decir, a más tardar el viernes de la próxima semana la reclamación ya deberá estar fallada.