En prisión preventiva quedó el -hasta ahora- único detenido por el ataque a las instalaciones de una subestación eléctrica de la empresa CGE en Copiapó ocurrido el pasado 28 de noviembre.
El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos investigativos de la Fiscalía de Atacama, Juan Andrés Shertzer, explicó que el trabajo desarrollado en conjunto con la Policía de Investigaciones, permitió corroborar la presencia del imputado en el lugar de los hechos a partir de una huella dactilar. Ese dato facilitó la individualización del sujeto de quien se acreditó presencia el día y hora en que se generaron los desmanes.
Shertzer relató que el ataque se consumó luego que "una turba de más de 20 personas desmantelara las medidas de seguridad del recinto industrial, catalogado como estructura crítica pues permite llevar electricidad a varias comunas de la región, e ingresaran a las oficinas en que hubo robo de computadores, generadores eléctricos, teléfonos satelitales y cables de cobre. Todo ello, avaluado en cerca de 480 millones de pesos".
Los atacantes prendieron fuego a diversas instalaciones, quemando además un total de nueve camionetas de la empresa, tres vehículos particulares y tres camiones que utiliza la compañía para las tareas relacionadas con el suministro de electricidad.
El detenido fue formalizado por los delitos de robo con intimidación, incendio y aquel contenido en el artículo 6 letra "C" de la Ley de Seguridad Interior del Estado y que se refiere a sancionar a aquellos que "inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos".
Los delitos por los que se formalizó al imputado contemplan una sanción penal superior a los cinco años y un día de cárcel. Por ello, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, solicitud a la que accedió el Juez de turno al considerar al imputado un peligro para la sociedad. El sujeto fue ingresado a la cárcel local y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
El intendente de Atacama, Patricio Urquieta, se refirió al caso valorando este avance en la investigación y recordando que "nosotros nos querellamos por la Ley de Seguridad del Estado, por ese hecho que supuso la sustracción de especies, la quema de diversos vehículos y también la amenaza que había de destrucción de la infraestructura crítica para los efectos de la distribución de energía eléctrica en la comuna".
