"Se garantiza impunidad". Así acusó el abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso SQM, Mauricio Daza, al referirse a la suspensión condicional de la causa por cohecho que enfrentaba SQM como persona jurídica.
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Al respecto, aseveró que "ya resulta claro que hay un esfuerzo orquestado al interior del Ministerio Público para poner término rápido a todas las causas que involucran financiamiento ilegal y el pago de sobornos y que, además, afectan a empresas -hablamos de Penta y SQM- y a distintos dirigentes políticos de todos los sectores", según consigna la radio Cooperativa.
En cambio, "lo que se opta es por cerrar esta causa, a mi juicio, de manera apurada, sin hacer una investigación profunda y esto, además, a partir del pago por parte de la empresa de un monto ($900 millones a beneficio fiscal y otros $1.650 millones para fundaciones) que es absurdo, es una pena de bagatela para esta empresa, que corresponde a una fracción de lo que realiza en términos de operaciones al día".
En este sentido, manifestó que con este tipo de decisiones se da "una señal muy negativa hacia el empresariado, pues "se le dice 'soborna a altas autoridades de la República e, incluso, usted llega eventualmente a ser descubierto, no hay problema, porque usted una suma de bagatela en relación a las utilidades que obtiene y va a quedar esto en nada'".
"En este caso poco sorprenden las cosas que ocurren", cerró.