Quién es Daniel Urrutia, el juez que autorizó videollamadas para reos del penal de alta seguridad

El pasado 25 de enero, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó la comunicación para cuatro reos y una visita íntima para otro preso colombiano condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, los cuales cumplen condena en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).

Es por eso que el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó este jueves la resolución judicial como un hecho “gravísimo”.

De acuerdo a Mega Investiga, Gajardo aseguró: “Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.

En ese sentido, señaló que el beneficio “pone en riesgo no solo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal, sino que también la seguridad de la sociedad”. En ese sentido, calificó la resolución como “gravísima”.

Y es que en el recinto penal de alta seguridad, están recluidas personas que en gran número están relacionadas con las bandas criminales venezolanas del Tren de Aragua y Los Gallegos.

De hecho, se informó que al interno colombiano, Rafael Marín Vielma, condenado a 15 años de cárcel por narcotráfico se le autorizó una visita íntima en el recinto, pese a no contar con las instalaciones adecuadas.

Las resoluciones obligaron a que Gendarmería presentara un reclamo en contra del magistrado, quien ratificó sus decisiones, lo que llevó al organismo a presentar un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que emitió una orden de no innovar y el pasado 13 de febrero dio un plazo de dos días al tribunal de garantía para enviar los antecedentes que fundaran la decisión de Urrutia.

Es así como este viernes, en su descargo, el juez Urrutia afirmó que fundó su medida en una serie de reglas internacionales para el tratamiento de reclusos y que, debido a su decisión, ha recibido una serie de amenazas de muerte.

“Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento, y por lo tanto, analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones que se establecieron en la visita”, argumentó Urrutia.

Respecto a la visita autorizada para Rafael Marín Vielma, el juez afirmó que no era la primera vez que se autorizaba la visita íntima de su pareja, la cual se encuentra recluida en la cárcel femenina y señaló que Marín no se encontraba sancionado con alguna prohibición en esta índole.

“Se hace presente que todos los internos tienen calidad de imputados, debiendo ser tratados de acuerdo al principio de inocencia, resguardando debidamente la seguridad del recinto, de los demás internos, funcionarios y fines del proceso”, aseguró Urrutia.

De igual forma, el cuestionado magistrado afirmó a la Corte de Apelaciones de Santiago, que “a propósito del modo en que la noticia fue entregada a los medios de comunicación, he recibido más de siete amenazas de muerte por redes sociales”, las que afirmó, ya denunció al Ministerio Público.

Daniel David Urrutia Laubreaux, de 49 años, ingresó al Poder Judicial a contrata el 31 de marzo del 2000, mientras que al año siguiente pasó a planta, de acuerdo con la información emanada desde la página del organismo.

Así también fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001, de Ovalle en 2003 y de Coquimbo durante 2004, mientras que el 2006 llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Urrutia posee un diplomado en Derechos Humanos realizado en 2004 y de hecho, a fines de noviembre había enviado a la Suprema, como trabajo final, una propuesta para la adoptación de medidas de reparación por parte del Poder Judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Entre las acciones y declaraciones del juez Urrutia, que lo llevaron a estar en varias polémicas durante los últimos años, fue quitar la prisión preventiva para trece imputados por delitos cometidos tras el estallido social, cambiando la medida cautelar por la de arresto domiciliario total a personas de la denominada “primera línea”.

El argumento detrás de esta decisión fue por el riesgo de contagio de Covid-19 dentro de los recintos carcelarios. Sin embargo, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución horas después.

Así también, el juez Urrutia también destacó luego de que se retiró voluntariamente de la causa en contra del carabinero -desvinculado-, Sebastián Zamora, formalizado por el homicidio frustrado contra un adolescente en Puente Pío Nono.

Su retiro voluntario tuvo como precedente los diversos dichos de Urrutia sobre Carabineros, afirmando en una de sus publicaciones en la red social X, que la institución debería ser disuelta y reemplazada “por una policía democrática, no militarizada, comunitaria, profesional y promotora y defensora de DDHH”.

Por lo anterior, se detuvo al ese entonces carabinero Sebastián Zamora, a quien se le acusó de haber empujado al joven. Fue la propia defensa del ex uniformado que, tiempo después, tomaría tales declaraciones y los expondría ante la Corte de Apelaciones de Santiago.