La llegada masiva de extranjeros que buscan hacer una vida en Chile superó la capacidad del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) que, a marzo de 2022, tenía cerca de 580 mil solicitudes de residencia en trámite: algunas de ellas con esperas de hasta tres o cuatro años. Por ello varios estudios de abogados y profesionales particulares comenzaron a asesorar a estos migrantes para agilizar sus trámites.
Con precios que van desde los $ 220 mil a $ 1 millón por cada acción legal, diversos estudios y profesionales particulares siguen vendiendo a los migrantes la esperanza de apurar sus trámites a través de la justicia.
Solución Migratoria
Uno de ellos es “Solución Migratoria”, un estudio legal creado por el abogado venezolano Pablo Peñaloza Parra, de 29 años, llegó a Chile en 2018 y que “luego de vivir él mismo un proceso migratorio donde su estatus se veía comprometido por la no respuesta por parte de la administración chilena”, creó en 2021 el estudio jurídico que presenta masivamente recursos de protección a favor de migrantes.
Peñaloza, quien ejerció como juez en Venezuela, relató en el video su larga espera para obtener el permiso de residencia definitiva, que luego le permitió revalidar su título en Chile. Junto con reconocer que su idea de presentar recursos de protección a favor de los migrantes es “un negocio rentable”, dijo que “hoy litigamos a nivel nacional, no hay región de Chile donde no nos conozcan”.
En ese sentido, Luis Thayer, director del Sermig desde marzo de 2022, aseguró que “uno de los soportes que tiene el negocio es la complejidad del sistema migratorio y la falta de información de las personas. Muchos tienen diferencias idiomáticas, a veces hay engaño y hay distorsión de la información.
“Se utiliza la vulnerabilidad de las personas migrantes para entregarles información parcial y, finalmente, cobrarles por un trámite que es gratuito o que hoy tiene una probabilidad de éxito bien baja”, agregó.
Para conocer cómo venden sus servicios al público, La Tercera Domingo consultó directamente en las oficinas por las acciones judiciales ofrecidas por diversos abogados, entre ellos, “Solución Migratoria”. Allí, un profesional señaló que el costo por interponer un recurso es de $ 220 mil: “$ 110 mil para contratar y $ 110 mil cuando reciba respuesta anticipada al correo o sentencia que fije un plazo de respuesta o resuelva la controversia determinando si hay o no vulneración de derechos. Esto es lo único efectivo que se puede buscar para agilizar”.
Lena & Cía.
También es el caso de “Lena & Cía.”, del abogado Jorge Lena Salgado. Durante este año ha ingresado cerca de 900 recursos a lo largo del país, con fallos favorables en un 30% de los casos, según información del Poder Judicial. Allí el costo por cada recurso es de $ 300 mil a pagar en seis cuotas.
Consultado al respecto, Jorge Lena explicó que “como abogados, tenemos una obligación de medios. Esa obligación de medios es obtener un resultado y, dentro de ese resultado, nosotros obtenemos lo que satisface al cliente”.
“¿Qué es lo que satisface al cliente? A lo menos una respuesta como corresponde del Sermig, independiente de lo que establezca la estadística con respecto a la admisibilidad o si se acoge o se rechaza el recurso”, agregó.
Hurtado & Bonito
Por otra parte está Hurtado & Bonito, estudio de abogados que hizo noticia la semana antepasada por representar a cinco de los deportistas que se fugaron de la delegación cubana que compitió en los Juegos Panamericanos.
El servicio es utilizado sólo en casos puntuales y como parte de una “asesoría integral”, por la que se cobran hasta $ 980 mil.
“Es evidente que, tras el fallo de la Corte Suprema, la herramienta legal del recurso de protección por la demora en la tramitación de residencias definitivas ha perdido eficacia”, respondió José María Hurtado, uno de los socios del estudio.
A lo que agregó que “hacemos un uso acotado de este recurso de acuerdo a la evaluación que realizamos de la situación del cliente. Ello nos ha llevado a presentar sólo 18 recursos por esta materia desde abril pasado”.
