Todo partió hace 50 años. Y consta en los registros oficiales: en noviembre de 1968, un oficio del Ministerio de Agricultura recogió las denuncias de los dueños de predios de Puchuncaví y Quintero, que acusaban pérdidas en sus cultivos, asociándolas a la instalación de la división Ventanas de Codelco, cuatro años antes. "Eso causó los primeros movimientos, porque ya había noción de que las fundiciones generaban daños ambientales. La zona de Quintero y Puchuncaví tenía destino pesquero, agrícola y turístico, entonces había mucha preocupación", relata Hernán Ramírez, ingeniero en pesca y dirigente ambientalista de la zona.

Por esos años ya había sido inaugurado el Parque Industrial de Ventanas, activando protestas de la comunidad. El régimen militar aplacó las movilizaciones, que se reanudaron a fines de los 80, cuando agricultores y profesores salieron a marchar contra la contaminación. Más tarde, estas acciones tuvieron los primeros frutos: en 1993, el área fue declara Zona Saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado."Se inició un plan de descontaminación muy acotado, mientras se mantenía la instalación y operación de empresas mineras, de electricidad, combustibles, gas y químicos", agrega Ramírez.

Hoy, en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, donde viven casi 50 mil personas, operan 15 grandes compañías. Y a la par con sus operaciones, los residentes dan cuenta de una serie de episodios de contaminación: al menos tres grandes derrames de hidrocarburos en el mar, casi 300 vertimientos de carbón en la playa y 10 intoxicaciones masivas de personas, principalmente niños. Los últimos grandes episodios, en la localidad de La Greda, llevaron, incluso, a reubicar la escuela, tras detectarse la presencia de metales pesados en los alumnos.

El área está reconocida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como una "zona de sacrificio", pues sus habitantes están expuestos a un duro impacto de las actividades productivas, que impactan la calidad del aire, suelo y agua. La comunidad lo sabe. Se han organizado y se mantienen activos, pidiendo respuestas a las autoridades. Pero, afirman, estas no han llegado: el último plan de descontaminación, asociado a la declaratoria de zona saturada de PM 2,5, de 2015, fue rechazada el año pasado en la Contraloría. Y debe reformularse.

"Yo nací aquí, he visto todo. Hay mucha gente con problemas respiratorios. Nosotros somos gente tranquila y las empresas son los peores vecinos que pudieron llegar. Así como llegan delincuentes a los barrios, acá llegaron a ensuciarnos el mar y el cielo", dice Ana María Contreras (52).

El director del Departamento de Salud de Quintero, José Acevedo, comparte la apreciación: "hemos tenido episodios tóxicos de distinta intensidad, agudos y crónicos, todos relevantes. Y hay que reclamar, porque esto tiene que cambiar. Hay personas que sufren impacto inmediato,pero tenemos enfermos de cáncer hace 50 años".

Les preocupa su salud, afirman. Y la de sus niños, que fueron evacuados dos veces esta semana desde sus colegios y terminaron en el hospital, intoxicados. Temen que el aire que respiran se transforme, a futuro, en cáncer o cuadros respiratorios graves y crónicos. Por eso, piden cambios.

"Necesitamos que se implemente una norma más exigente y que haya una mayor fiscalización a las emisiones contaminantes", dice el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, quien afirma que el monitoreo de la calidad del aire debe salir de las empresas y estar a cargo del Estado, ampliando los gases que se miden.

Ramírez añade que hay que regular las emisiones de arsénico e implementar una revisión permanente a la salud : "Necesitamos un plan especial para Quintero y Puchuncaví, que haga frente a cinco décadas de daños por contaminación".