Radiografía a la toma de San Antonio que tiene en vilo al gobierno: 33% de menores de edad, alta vulnerabilidad y delincuencia

Carolina Núñez (38) llegó a la megatoma de San Antonio el 14 de octubre de 2020, junto a su hijo después de perder su arriendo en la comuna por problemas económicos. “Los arriendos subieron demasiado en pandemia y un conocido me habló de la oportunidad de venirnos al campamento con la ilusión, por supuesto, de que se cumpliera lo que el dueño del terreno prometió que era comprar un terreno para una casa”, dice a La Tercera.

La mujer pertenece a una de las 4.136 familias que habitan los terrenos ocupados ilegalmente en San Antonio. Todos suman cerca de 11.000 personas el 27 de febrero deberían ser desalojadas con la fuerza pública si el gobierno acata el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió el recurso presentado por los tres dueños del terreno ubicado en el cerro Centinela.

Un asunto que tiene al gobierno y al ministro de Vivienda Carlos Montes en vilo porque navega entre las dificultades de convencer a los propietarios que negocien con una cooperativa de pobladores (que aun está en construcción) y la presión de que el Ejecutivo no entre en desacato al incumplir la orden de desalojo de la justicia.

La toma que la delegación y el municipio deben desalojar tiene un perfil variado de habitantes: “Tenemos adultos mayores de 70-80 años que invirtieron sus ahorros en una vivienda acá en la toma; tenemos niños, familias, adolescentes e incluso personas con título universitario que viven y realizan su vida de forma normal”, dice Carolina que también es del grupo de dirigentes que busca una salida ante el fallo de la justicia.

Según los últimos reportes municipales, la toma se extiende por aproximadamente 260 hectáreas un 33% de su población son menores de edad, 3,9% adultos mayores y un 2,2% presenta algún grado de discapacidad, lo que genera preocupación en torno a las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios básicos. A eso se suma que más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social; 13% son extranjeros y más del 90% no tiene segunda vivienda, ni subsidio anterior.

Las encuestas realizadas por organizaciones sociales indican que a la fecha los habitantes cuentan con servicio regular de electricidad puesto que mantienen un programa con Chilquinta para costear el pagar el servicio de luz. Sin embargo, en materia de abastecimiento de agua se aprovecha a través de una copa ya que no se ha logrado un convenio con Esval para regularizar el uso de este servicio.

A pesar de esto, los vecinos han logrado cierta organización comunitaria, con la instalación de fosas sépticas, alumbrado en calles mediante cuotas comunitarias y la recolección de basura a través de un camión municipal que pasa dos veces por semana. Incluso se cuenta con dos plazas públicas, con juegos, y una sede comunitaria que se utiliza como foco de reuniones, acopio, entre otras actividades.

Según datos recogida por marco del Catastro Nacional de TECHO-Chile en 2024 las viviendas se caracterizan por ser construcciones realizadas por los propios pobladores que se han ido construyendo por etapas a lo largo del tiempo y a medida que la situación económica de las personas lo permite.

El sector se encuentra organizado y dividido por distintas directivas que alcanzan el número de cinco (Aguas Saladas, Centinela, Fuerza Guerrera, Manuel Bulnes, Vista Hermosa) y que han estado trabajando en diferentes mesas con los distintos niveles de la administración pública para alcanzar una solución a las demandas de vivienda que tienen las familias.

Tanto así que hoy el sector se define como una comunidad. Incluso, como lo llaman sus vecinos, otra comuna aparte de San Antonio. Las viviendas fueron construidas por material ligero, puesto que sus habitantes se limitaron a utilizar material pesado por la composición del terreno; además cuenta con negocios o minimarkets levantados por los propios vecinos.

Las calles, eso sí, no se encuentran pavimentadas. Ángel Miño (36) conoce bien esa realidad. “Fui uno de los primeros dirigentes de acá”, dice a este medio. Junto a su mujer llegaron en 2019 a construir su casa, en el cerro donde entonces no había nada. En ese entonces, mencionó, Luis Medel, quien representaba los intereses de la Inmobiliaria y constructora San Antonio los llamaba a tomar los terrenos, e incluso los ayudó a organizar los sitios.

Autoridades de seguridad han registrado un aumento de denuncias por delitos en la zona desde la consolidación de la toma. Los últimos datos entregados por carabineros en 2023 hablan de que ese año hubo casi el doble de robos en lugar habitado. Además, los robos con intimidación crecieron un 54% en comparación con 2022 y los robos en lugar no habitado en un 41%.

Sin embargo, los residentes rechazan la idea de que el sector sea un foco de delincuencia y denuncian la falta de presencia de Carabineros en el área. “Se ha dicho que la toma es un nido de narcotráfico, de peleas, de robos. Pero nosotros debatimos eso. En toda comunidad grande, en todas las comunas hay delincuencia, en todas las comunas hay narcotráfico y en todas las comunas existe lo que se ve acá. Carabineros y las autoridades no prestan ayuda al sector. Nosotros estamos abandonados, acá Carabineros no entra” arremete Carolina.