Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia

Cinco días después de que estallara el caso de Democracia Viva, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de revisar en detalle a la ONG representada legalmente por Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

Fue el 22 de junio que se inició una investigación respecto de la personalidad jurídica de la fundación que se adjudicó más de $ 426 millones para ejecutar obras de reparación en campamentos en Antofagasta, luego de firmar un convenio con la Seremi de Vivienda la región, encabezada entonces por el titular del servicio y amigo de Andrade y Pérez, el también entonces RD Carlos Contreras.

“La libertad, la modalidad de transferencia generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el domingo en Mesa Central, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien anunció que no sólo Democracia Viva estaba siendo investigada, sino que también otras 17 fundaciones. El objetivo es revisar si prestan los servicios que declararon realizar al momento de constituirse como organizaciones sin fines de lucro.

“A propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”, dijo Cordero. Es este ministerio el encargado de fiscalizar a este tipo de organizaciones y a quienes, incluso, puede quitar su personalidad jurídica.

La Tercera accedió al listado de las fundaciones que están bajo la lupa donde destacan Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, y otras que ya están siendo indagadas por el Ministerio Público en cada una de las nueve causas que se tramitan en sede penal.

La primera ONG que forma parte del listado de las indagadas por la cartera que dirige el ministro Cordero es Democracia Viva, fundación que dio inicio a los cuestionamientos en el denominado caso “líos de platas”. Todo partió en junio pasado luego de que un medio regional diera a conocer los millonarios convenios que firmó por trato directo el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la organización liderada por su entonces compañero de militancia, Daniel Andrade.

La denuncia contra aquella fundación se fundamentaba en que Democracia Viva recibió tres convenios que sumaban $ 426 millones para realizar mejoras en campamentos de Antofagasta. Contreras, además de ser militante RD, también había sido previamente jefe de gabinete de Pérez. El caso marcó el inicio de una polémica que, hasta ahora, no tiene fin.

De ahí en más se sumaron más fiscalizaciones. Por ejemplo, a la Asociación Campamento de Ideas, la cual desde el 2021 ha recibido transferencias directas por parte del Estado por más de $ 1.601 millones.

El presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, que fue cuestionado por la adhesión a la campaña del actual gobierno, lo que quedó registrado en sus redes sociales.

La Fundación Cultural Tomarte es otra de las organizaciones cuestionadas en el marco del caso lío de platas. Esto luego de que concretara una serie de convenios con la seremi del Minvu en el marco del programa de Asentamientos Precarios, por lo cual recibió $ 456 millones.

Cifra similar obtuvo la Fundación de Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, que recibió $ 430 millones el 2022 de parte del Serviu de Antofagasta.

La organización es dirigida por su socia fundadora, Mery Ortiz Donoso, quien -según se denunció- tiene lazos con el gobierno y apoyó la candidatura del actual Presidente.

Fue el 29 de junio que Justicia abrió la indagatoria en ProCultura. A pesar de ser una fundación con una larga trayectoria -constituida en mayo del 2010- también entró en el radar de Justicia por sus abultados convenios con el gobierno.

Entre sus labores están haber pintado fachadas de edificios en Antofagasta por $ 630 millones. Su director es Alberto Larraín, quien conoce al Presidente Gabriel Boric desde que era diputado, aunque en entrevista con La Segunda negó ser parte de su círculo cercano.

La Fundación Espacio Lúdico es otra de las organizaciones indagadas por Justicia, luego de que desde el 2020 hasta la fecha, recibiera $ 888.193.146 por programas relacionados a campamentos, pese a tener un giro ligado a actividades culturales o recreativas. Esta ONG también es indagada por la Fiscalía.

Pero las fundaciones con las cuales los ministerios han firmado convenios en Atacama también están siendo analizadas actualmente por Justicia.

Una de estas es la denunciada por la senadora Yasna Provoste, quien a comienzos de mes apuntó a las transferencias realizadas por Desarrollo Social a la Fundación Visible, la cual se adjudicó parte del programa Noche Digna.

Según denunció la parlamentaria, “esta Fundación se inscribió en el Registro de Colaboradores del Estado en marzo de este año, misma fecha en que se publicaron las bases y se llamó a concurso por el programa ‘Noche Digna’ en Atacama. Según dicho registro, nunca había ejecutado programas públicos”.

En la misma situación está la Fundación Atacama Sueños, la cual tras ser creada el 2021 firmó convenios por más de $ 57 millones con la Seremi de Desarrollo Social. Sin embargo, la organización inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) el mismo día que firmó contratos con el Estado el 1 de julio de 2022.

En Antofagasta también se indaga a la Fundación Aracataca Creaciones, de la cual es secretaria y directora la exconvencional constituyente Malucha Pinto.

Dicha ONG habría llegado a un convenio con el GORE local para llevar a cabo el programa “Construyendo Matria en Calama”. Cuestionamientos que también generó el organismo al firmar un convenio de $ 118 millones con la fundación jesuita “En todo amar y servir”, la cual entregaría apoyo a otras organizaciones a obtener recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Su caso estalló pocos días después de Democracia Viva, pues el senador Fidel Espinosa (PS) denunció que el entonces seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), había sido parte de la fundación Urbanismo Social, ONG que recibió transferencias de fondos por parte del Servicio en 2022 por más de $ 570 millones.

Hernández fue director jurídico de esta fundación y también uno de sus encargados regionales en el Maule, antes de ser autoridad de gobierno.

Finalmente, por resolución del ministro de Vivienda, Carlos Montes, se le pidió su renuncia al cargo.

Justicia indaga la personalidad jurídica de Urbanismo Social -creada en 2009- desde el 29 de junio por sus convenios con el gobierno en el Maule y también en el Biobío.

Las fundaciones Comprometidos, Enlace Urbano y Enred comenzaron a ser fiscalizadas por Justicia el 13 de julio, a raíz de las indagatorias que ya lleva el Ministerio Público en su contra.

Estas tres organizaciones son investigadas por sus negocios en Atacama, Arica y Parinacota y Los Ríos. En el caso de Comprometidos, se indagan transferencias por más de $ 128 millones para su trabajo en campamentos, algo que defendió el 30 de junio, a través de un comunicado de prensa.

“Nuestro proyecto piloto hoy tiene un 80% de ejecución de manera satisfactoria, un trabajo real y constante, con rendiciones oportunas y honestas, dando cuenta de un irrestricto apego a la ley y un profundo respeto por los fondos públicos”, se lee en el texto.

Arquieduc es otra de las ONG indagadas por Justicia y también por la Fiscalía. Los convenios que se indagan en la Región de O’Higgins son dos contratos entre la Seremi de Vivienda de la zona y la citada fundación, en 2021, vía trato directo por $ 56 y $ 65 millones.

La firma de los convenios estuvo a cargo del exdirector del Serviu durante el gobierno de Piñera, Manuel Alfaro (Evópoli).

Uno de las aristas que se investiga es la vinculación de Arquiduc con las autoridades regionales de la administración anterior, pues el jefe de gabinete de Alfaro en ese entonces era Gustavo Villalobos Rodríguez, quien figura como miembro del directorio de la fundación. La ONG negó cualquier conflicto de interés e irregularidad en los procesos.

Entre las investigaciones del Ministerio Público en La Araucanía, y ahora en la mira de Justicia, está la Fundación Local.

Dicha organización fue cuestionada luego de que firmara un convenio con el Gobierno Regional local por $ 2.113 millones para un proyecto de reciclaje en Padre Las Casas.

Sin embargo, la ONG no contaría con experiencia previa, a lo que se sumó la denuncia de que el gobernador, Luciano Rivas, tendría cercanía con el representante de la fundación, Héctor Troncoso Triviño.

“Estamos como gobierno regional dispuestos a apoyar en todas las gestiones necesarias y entregar toda la información”, dijo el 11 de julio Rivas en la Fiscalía, hasta donde llegó a entregar la documentación de este contrato.

Fundación Presente es otra de las cuales Justicia revisará su personalidad jurídica por los diversos convenios que mantiene la organización en la Región Metropolitana y Atacama.

La ONG fue cuestionada debido a que Carmen Gloria Jackson Drago, hermana del ministro Giorgio Jackson, es la directora de proyectos.

Esta fiscalización fue una de las últimas en ser abiertas por Justicia, el 19 de julio. La personalidad de esta institución creada en 2018 también es revisada por el gobierno, sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la ONG descartó cualquier irregularidad, señalando que su directorio está conformado por cinco personas que no militan en partidos políticos y que Programa Presente “no tiene ninguna relación contractual o convenio con ningún ministerio de gobierno”.

Los líos de platas entre las fundaciones y las distintas reparticiones públicas siguen desentramándose por distintos frentes, como la Fiscalía y la Contraloría y, ahora, suma otro actor: el Ministerio de Justicia. Los dineros fiscales ya están en la mira de todos.