El Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de Techo-Chile, dado a conocer en marzo de este año, arrojó cifras históricas: hay 1.290 campamentos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, albergando a 113.887 familias, lo que representa el 2% del total de hogares de Chile (Censo 2017).

En comparación con los datos recopilados en el catastro 2020-2021, en el que se contabilizaban 81.643 familias viviendo en 969 campamentos, el aumento es de un 39,49% en la cantidad de familias y un 33,13% en el número de campamentos.

Las cifras plantean “un desafío grande para las políticas públicas en materia habitacional y urbana”, según la organización, pero La Tercera tuvo acceso a datos que suben aún más el listón: según el Mapa del Derecho a la Ciudad 2022, el 88,42% de las personas que viven en campamento tiene un trabajo remunerado (en 2021 era de 81,4%), pero el 42,27% de los hogares tiene ingresos laborales menores a 400 mil pesos mensuales (en 2021 el 58,2% de las familias que viven en comunidades TECHO ganaba menos de $ 300.000 al mes y cerca del 20%, menos de $ 100.000″.

La medición, que consideró 4.107 hogares pertenecientes a 103 comunidades en 10 regiones del país, también constató que sólo el 48,57% de los habitantes tiene un contrato formal de trabajo, mientras que un 49,91% no lo tiene. Y respecto al tipo de trabajo, el 51,5% posee uno permanente, el 24,14% tiene uno ocasional y el 17,45% declara trabajar por temporada o de acuerdo a las labores estacionales.

En cuanto a los recursos económicos, el 23,4% gana entre 400 y 500 mil pesos, mientras que el 15,82% recibe menos de 100 mil pesos. Por contrapartida, el 79,4% gasta entre 100.000 y 400.000 pesos sólo en alimentación, mientras que el 96,56% gasta menos de 100 mil pesos en arriendo.

En otro nivel de caracterización, el 96,6% de los encuestados declara saber leer y escribir, pero el 21,22% posee educación básica incompleta, el 16,27% tiene educación media incompleta, el 4,52% no asistió a un establecimiento educacional y el 5,48% tiene educación superior incompleta.

“Es una cifra que preocupa si lo cruzamos con la variable del trabajo, de poder acceder a empleos de mejor calidad, por lo tanto mejor remunerados, de mejor calificación, y es una brecha que hay que seguir mirando en los campamentos”, dice Gabriela Quezada, directora de Gestión Comunitaria de Techo-Chile.

En concordancia con las cifras entregadas por el Catastro de Campamentos 2021-2022, el 44,76% de las familias a nivel nacional quieren regularizar el terreno donde viven y dotar el campamento de servicios básicos. Luego, al 23,33% le gustaría adquirir una vivienda en un proyecto habitacional junto a sus vecinos, en tanto que al 20,85% le gustaría comprar una vivienda con su familia de forma particular o con ayuda de un subsidio del Estado.

“La realidad es abrumante. Lamentablemente, queda claro que el campamento es un síntoma y la exclusión habitacional es la enfermedad”, dice Isidora Lazcano, directora Social de Techo-Chile y también una de las coordinadoras del Catastro Nacional de Campamentos.

Respecto a servicios básicos, el mapa concluye que el 21,63% de quienes viven en campamentos no cuenta con agua potable y el 50,97% declara tener agua suficiente para beber, bañarse cocinar y lavar ropa. Y en ese contexto, el 48,73% declara que el agua proviene de la red pública, pero sin medidor y el 22,54% la obtiene de camiones aljibes municipales.

El 64,34% dice disponer de energía eléctrica, obteniéndola de la red pública, pero sin medidor; el 17,91% dice disponer de la red con medidor propio y el 11,40% comparte medidor con otros habitantes del campamento.

En cuanto a la eliminación de excretas, el 7,32% no dispone de sistema. El 34,88% declara tener un WC conectado a una fosa séptica, el 22,72% está conectado al alcantarillado y el 3,82% dispone de un cajón sobre una acequia o canal.

En cuanto al entorno y la seguridad y de cuáles son los aspectos de una mejora o reparación urgente, el 46% señala que necesita una mejor conexión para obtener agua potable, el 45,43% quiere mejorar su acceso a la conexión eléctrica y el 45,16 dice que se necesita mejorar los accesos de calles.

Al respecto, Héctor Guarda, capellán de la organización, señaló que “es necesario que el Estado diversifique las soluciones habitacionales, porque no ha tenido la capacidad de resolver la problemática de familias que viven excluidas en este apartado. Es importante que no se criminalice a quienes los habitan y no olvidemos que las familias han sido expulsadas a vivir en estos asentamientos, al no existir respuestas habitacionales adecuadas”.