Con la renuncia de Carolina Tohá al ministerio del Interior y tras la llegada de Álvaro Elizalde queda pendiente el ajuste el presidente Gabriel Boric debe hacer a su gabinete, donde resta que se defina quién encabezará el Ministerio de Seguridad que, tal como anunció el gobierno este martes, comenzará a funcionar el 1 de abril.
Tanto en el gobierno como en el oficialismo coinciden en que hasta ahora la señal es que el subsecretario del Interior Luis Cordero, corre con ventaja para asumir como el primer titular de la cartera aunque advierten que el Presidente puede dar una sorpresa. Lo único claro es que el mandatario está comprometido que el ministro 25 de su gabinete esté nombrado antes de su próxima cuenta pública del 1 de junio.
Este martes el Diario Oficial publicó los dos Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que establecen cómo quedará conformada la nueva cartera que estará instalada en el edificio de Teatinos 220 frente a la Plaza de la Constitución y al palacio de La Moneda y que permiten al ministerio del Interior el rol de coordinación política del gabinete de ministros.
El DFL del Ministerio de Seguridad sobre el cual la Contraloría ya hizo toma de razón detalla que la cartera estará compuesto por dos subsecretarías: Seguridad Pública y de Prevención del Delito.
Ya está definido que Prevención del Delito seguirá encabeza por Carolina Leitao. Pero está abierto quien asumirá en Seguridad Pública. Con la llegada de un PS a interior y frente a la posibilidad de que Seguridad quede en manos de un independiente como Cordero, en el Frente Amplio apuestan a que esa subsecretaría quede a cargo de alguien de sus filas aunque aun no tienen una carta clara para ese espacio. La Presidenta del FA Constanza Martínez, quien fue delegada del gobierno en la RM es quien más se perfila, pero aspira a un cargo en el Congreso.
La otra alternativa del FA es el actual delegado de la RM, Gonzalo Durán.
Las atribuciones
La Ley 21.730, norma que dio vida a la cartera, define cuáles serán las funciones del nuevo ministerio: “planificar, diseñar, sancionar, supervisar y evaluar las políticas, planes y programas relativos al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública”. Con todo, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, dependerán del nuevo ministerio, lo que hasta ahora era trabajo de Interior.
La ley otorga nuevas atribuciones atribuciones para el nuevo ministro. Por ejemplo, la norma autoriza que el nuevo el ministro pueda solicitar “los antecedentes o informaciones que estime pertinentes” a cualquier órgano de la Administración del Estado, incluso si estos tienen el carácter de secretos o reservados. Estos deberán ser entregados “a la mayor brevedad posible o dentro del plazo requerido por aquel”.
Así las cosas, el nuevo “zar de seguridad” podría contar con información de organismos como el Servicio de Impuestos Internos o la UAF en paralelo al trabajo del Ministerio Público en una respectiva investigación. “En ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso”, precisa ese artículo de la ley.
Asimismo, el ministerio contará con varios consejos que prestarán asesoría técnica. Por ejemplo, con la nueva norma, se creará un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito, además de contar con un Centro Integrado de Coordinación Policial. Este último contará con unidades de coordinación macrozonales y estará a cargo de un general de Carabineros que será designado por el nuevo ministro.
En cuanto al Consejo Nacional de Seguridad Pública, este contará con la participación de Interior, Defensa, Hacienda, Justicia; el Ministerio Público. Carabineros, la PDI y Gendarmería.
Por otro lado, la cartera se desconcentrará territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales de seguridad pública, “las que representarán al Ministerio en la región, y dependerán jerárquicamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública”.
El nuevo ministro o ministra será subrogado por el o la subsecretaria de Seguridad Pública, y a falta de este, por el o la subsecretaria de Prevención del Delito, sin perjuicio que el Presidente puede nombrar como subrogante a otro secretario de Estado.
Subsecretarías
La Subsecretaría que hoy encabeza Carolina Leitao y quedará bajo el mando de Seguridad también tendrá modificaciones. La actual cartera cuenta hoy día con cinco jefes de división (Jurídica y Legislativa, Coordinación Nacional, Gestión Territorial, Estudios, Políticas Públicas y Tecnologías y Administración, Finanzas y Personas) y se crearán una nueva, la División de Seguridad Privada, con el escalafón de grado 3°, vale decir, aquellos que tienen cargos directivos de exclusiva confianza y cuyos sueldos rondan los $5 millones.
En esos cargos directivos, dice el DFL que mandata los cambios, se exige que cuenten con “título profesional o grado académico de licenciado con carácter de terminal, de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a 6 años”.
Asimismo, la cartera cuenta con 6 jefes de departamento de grado 4, y 7 de grado 5. En cuanto a la planta de profesionales, cuenta con 13 profesionales, 4 técnicos, 13 administrativos y 4 auxiliares.
“La SPD -tanto en estructura como en planta- se traslada a la nueva institución prácticamente íntegra, para dar continuidad a los programas en ejecución”, señalaron desde esa cartera. Asimismo, recordaron que la “SPD fue la primera institución que se creó en materia de seguridad en el Estado. Por lo tanto, no tiene cambios administrativos ni de personal, pero si adquiere un rol más relevante en la institucionalidad”.
En cuanto a la Subsecretaría de Seguridad, contará con cinco jefes de división de grado 3, 16 secretarios regionales y 40 directores provinciales, todos cargos de confianza exclusiva. Además, contará con nueve jefes de departamento grado 4 y cuatro en grado 5. En total, la planta directiva contará con 75 funcionarios públicos. Por otro lado, habrá 16 profesional, cinco técnicos , 17 administrativos y tres auxiliares.
Por último, serán traspasados 42 funcionarios a contrata y 11 de planta, entre directivos, profesionales, técnicos y administrativos, desde la Subsecretaría del Interior para reforzar la Subsecretaría de Seguridad. Lo mismo ocurrirá con otros 32 funcionarios a contrata que pasan de Prevención del Delito a Seguridad.
En esta cartera el Ejecutivo también se encuentra buscando quién será la nueva subsecretaria de Seguridad Pública. Allí se ha despertado una suerte de “disputa” entre partidos oficialistas por quedarse con esa plaza, que está siendo cotizada por el Frente Amplio. Para esa tienda, su presidenta y exdelegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, figura como la carta idónea por su experiencia en temas de seguridad en su anterior puesto.
