Radiografía delictual a la última década: Aumentaron los homicidios, el tráfico y bajaron las condenas por algunos delitos

El 2013 fue uno de los años en los que más robos a cajeros se registraron, cuando este tipo delito era uno de los más típicos en el país. A más de una década la situación ha cambiado. Si bien este tipo de atracos siguen ocurriendo, los homicidios, “portonazos” o “encerronas” son los hechos policiales que más impactan hoy a la ciudadanía.

Cambios en la situación criminal que grafica el segundo informe del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS), el que evaluó cómo han evolucionado los reportes del Ministerio Púbico que dan cuenta de la realidad criminal.

El informe de la USS revisó los informes estadísticos entregados por la Fiscalía Nacional desde el 2013 al 2023, logrando distinguir las calificaciones jurídicas de los delitos, las cifras respecto al número de imputados conocidos o desconocidos, las salidas judiciales aplicadas y un capítulo especial para analizar los delitos vinculados al crimen organizado: la Ley de Drogas y los homicidios.

El exfiscal Luis Toledo, director del Cescro de la USS, destaca que hacer un análisis cuantitativo a los informes de la Fiscalía “permite conocer cuál es el resultado que ha tenido el sistema de persecución penal en torno a la cantidad de denuncias o de casos ingresados a la institución, la salida que ellos han tenido, así como también la entrega de la información permite adoptar políticas públicas para mejorar la persecución en torno a esos resultados”.

El primer análisis y resultado que revela el informe del Cescro, es sobre las categorías de los delitos que ingresan al Ministerio Público. En ese sentido, desde el 2013 y hasta el 2023, se ha podido determinar que los robos no violentos concentran la mayor cantidad de hechos que ingresan a la Fiscalía, representando el 14% del total. Le siguen los delitos contra las personas, con el 12%, y las lesione, con un 11%.

Análisis que también permite determinar que pese a que han pasado 10 años, el 80% de todas las causas que ingresan al ente persecutor se concentra en 10 delitos: robos no violentos, delitos contra la libertad e intimidad de las personas, lesiones, hurtos, robos, delitos económicos, hechos de relevancia criminal, otros delitos contra la propiedad, faltas, y otros delitos.

Si bien este tipo de hechos delictuales no tienen mayor variación en cuanto a la proporción total que significan, el estudio de la USS sí advierte que durante la última década han aumentado un 20% los delitos contra las personas, donde se encuentran -por ejemplo- las lesiones, secuestros, homicidios, entre otros. Hechos violentos que hace 10 años no estaban tan presentes en materia investigativa.

A juicio de Toledo, el aumento en esta categoría está relacionado con “una morfología delictual directa, que se ha ido complejizando con el tiempo, en la última década, lo que ha implicado el mayor uso de armas en los delitos violentos”, que ocurren contra las personas. Aquello se traduce, explica, a su vez en peores resultados en la persecución penal.

Otro de los análisis que hizo el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, fue de dos de los delitos más violentos en el marco jurídico: drogas y homicidios. El análisis de la USS destaca que si bien se trata de causas que en general representan el 2% y 0,2% de las causas de la Fiscalía, respectivamente, sí ha existido un avance sustancial de este tipo de criminalidad.

En 10 años, advierte el informe del Cescro, los delitos vinculados a las drogas han aumentado un 94%, mientras que los homicidios han crecido un 121% en la última década. En el caso de las drogas, si el 2013 ingresaron 18.429 causas de este tipo, el 2023 esa cifra asciende a 35.697, teniendo los mayores saltos entre 2014 y 2015, 2017 a 2018, y un alza significativa y constante desde 2020 y hasta el año pasado.

A juicio del director del Cescro, varios factores han influido en el aumento del ingreso de causas bajo la Ley de Drogas. Según explica Toledo, una de las razones es la “baja percepción de riesgo que tiene el uso o consumo problemático, o el uso o consumo masivo de drogas”. Además de eso, apunta a una baja inversión en la prevención, lo que se traduce en un mayor consumo, así como también al consumo en la vía pública, lo que a su vez aumenta los niveles de inseguridad, sostiene.

“Como no hay consecuencia, más gente lo consume, expone su salud, porque este es el bien político protegido, no sólo en rangos etarios diversos, sino que, yo diría, en distintas poblaciones. Aquí hay un tema de Estado en torno a la firme adopción de una política contra la droga, de tratar de explicarle a la gente el daño que provoca para su salud y para la salud pública”, agrega.

Al hablar de asesinatos, estos pasaron de 1.468 causas el 2013, al año pasado cuando se registraron más del doble de hechos en contra de la vida de las personas, con 3.248 homicidios, ya sea en calidad de frustrados o consumados. Respecto a estos hechos, Toledo considera que se explican porque “hay mayor violencia y criminalidad, mayor uso de armamento y más asociatividad criminal”.

Y pese a que este tipo de actos delictivos podrían ocurrir entre bandas criminales, el también exfiscal destaca que genera una alta percepción de inseguridad, más aún cuando “el Estado no es capaz de responder con una sanción penal asociada a esta conducta delictiva”.

El aumento de este tipo de delitos -según el informe de la USS- guardaría relación directa con el crimen organizado. Lo anterior, porque el análisis a las cifras de la última década revela que en las causas relacionadas a los delitos de drogas han aumento un 235% los casos en los cuales hay imputado desconocido, es decir, que no se conoce al autor de los hechos. En los homicidios, el incremento en los mismos diez años medición llega al 350%.

El estudio de la Universidad San Sebastián también revela que, en promedio en los últimos 10 años, el delito de “robo no violento” es el que tiene la mayor proporción de hechos en los cuales no existe un imputado conocido, con el 95%. Le siguen los robos (95%), hechos de relevancia criminal (87%), torturas (86%), hurtos (68%), delitos económicos (66%), entre otros.

Toledo afirma que entre las razones que explican la disminución en los imputados conocidos está en que ahora “hay una manera de cometer delitos que se ha ido volviendo más compleja desde el punto de vista de la asociatividad delictual”, pero también apunta a que hay una “falta de eficiencia en torno al resultado investigativo, estoy hablando policial y dentro del Ministerio Público”, especialmente en el caso de los homicidios.

También, apunta el exfiscal, a que hay una “falta de preparación profesional para la utilización de métodos que se han ido mejorando por la legislación estos últimos años, de técnicas de investigación especiales para ser eficientes en el control y en la persecución penal de estos delitos”.

Así como son 10 delitos los que concentran el 80% de la actividad delictual en el país, también son algunos de estos hechos los que tienen el mayor número de términos no judiciales, es decir, en las que no existe intervención de un tribunal como el caso del archivo provisional.

El 89% de los robos no violentos, según el estudio de la USS, no tiene una salida judicial, así como también el 84% de los casos de robos o el 49% de las lesiones. Mientras que las salidas judiciales se concentran en las faltas, en las que el 65% tiene un término de este tipo.

El mismo análisis revela que pese a que en los últimos 10 años ha habido un aumento en los robos violentos y de los imputados conocidos, ha existido una baja del 6% en las condenas, pero a la vez un aumento del 26% en las causas archivadas y un incremento del 41% más de sentencias absolutorias. Sin embargo, los delitos vinculados a las drogas y homicidios han aumentado en un 19% y un 37% las condenas, respectivamente.

La baja en la persecución genera, a juicio del exfiscal Toledo, un desincentivo a la denuncia de las personas que son víctimas de delitos, “porque entiende o espera que no tenga ningún resultado”. Una de las soluciones que plantea el director del centro que realizó el estudio, es el establecer indicadores comunes entre policías y Fiscalía, con el fin de poder ir midiendo los resultados y asociándolos a las mediciones de efectividad de las instituciones. A esto suma el tener mejores investigaciones, con el fin de que los delitos puedan ser probados ante un tribunal.

Toledo advierte que en estos últimos diez años “el país ha cambiado en su criminalidad en forma evidente para peor, desde el punto de vista de los resultados, de la violencia, de los delitos”. A ello agrega que ese cambio “implica un no regreso, un punto de no retorno, donde tenemos que adecuarnos a una criminalidad que tuvo un fuerte aprendizaje con formas y modalidades extranjeras, que ya incorporamos en nuestro país y podemos perfectamente pasar a un modelo 3.0 donde la delincuencia nacional pueda ir perfeccionando y ser más violenta todavía con los mecanismos o con las formas delictuales de países de otro estilo”.

“Todavía yo creo que estamos en ese proceso donde realmente la respuesta de nuestro país, desde el punto de vista investigativo, policial, debe ser mucho más poderosa de lo que se ha hecho hasta ahora”, concluye.