Lleva una semana en el cargo y dice que ha sido agotador. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, fue subsecretario de la cartera, pero hoy dirige uno de los “buques” ministeriales más grandes del país: tiene el 24% del presupuesto nacional y debe velar por la enseñanza de 800 mil parvularios, 3,6 millones de escolares y 1,3 millones de estudiantes de la educación superior.

En esta entrevista cuenta que su foco número uno será comprometer la importancia de que esos 5,7 millones de personas asistan a clases, para frenar una década de pérdidas educativas.

¿Cree que hay sectores que hoy no valoran la asistencia a clases?

El objetivo del Ministerio de Educación es valorar la calidad de la educación, y eso pasa por poner los esfuerzos en la sala de clases. Y si estamos de acuerdo en que en la sala de clases se deben realizar los cambios, la asistencia de los niños es fundamental. El sistema escolar perdió en promedio un mes y medio de clases el año pasado, y no podemos permitir que eso se repita. He planteado que la educación debe ser un sector donde se trabaje con unidad y objetivos comunes. Solo así podremos salir del estancamiento en el que llevamos cerca de 10 años, y acabar de una vez con las brechas de aprendizaje. Perdiendo un mes y medio de clases al año, eso no se concreta.

¿Esa realidad es en todo el sistema escolar?

Los colegios municipales se vieron más afectados con las paralizaciones, especialmente por el paro del Colegio de Profesores. Estos establecimientos perdieron cerca de dos meses de clases. Y en los liceos emblemáticos, la pérdida de clases fue superior a los dos meses. En promedio, se perdieron 240 horas de clases en el sistema escolar. Por eso, debemos construir consensos esenciales y yo propongo que el objetivo sea terminar con las brechas de aprendizaje.

¿Cree que no todos los sectores políticos tienen ese compromiso con la asistencia a clases?

Es fundamental que todos los sectores políticos y los actores del sistema educativo hagan explícito ese compromiso, que lo verbalicen. El año pasado eso no ocurrió, cuando el sistema se vio afectado por un prolongado paro docente y por las dificultades posteriores al 18 de octubre. Por eso, llamo a que todos los sectores nos comprometamos con ese objetivo. Ese consenso básico existe, pero porque no se explicita, se pierde. Un dato interesante: si uno ve la Prueba PISA, que se aplica a alumnos de 15 años, se observa que el sistema escolar chileno tiene un año de rezago respecto del promedio de los países de la OCDE. Y si se consideran los sectores más vulnerables, ese rezago alcanza los tres años.

Llevamos una semana de clases y empezaron las protestas. ¿Se puede evitar la pérdida de clases?

Instalamos un sistema de monitoreo de todos los establecimientos educacionales de Chile, para hacer un seguimiento de su funcionamiento. El país vive hoy un intenso debate y estoy convencido de que eso no debe alterar lo que ocurre en la sala de clases. Las aulas son lugares sagrados que tenemos que respetar. Esto no significa que los estudiantes no manifiesten sus posturas políticas o que se resten de los acontecimientos que vivirá el país. Es importante que lo hagan, pero el compromiso político de los jóvenes no puede confundirse con el compromiso con la calidad educacional.

¿Se pueden conjugar las manifestaciones con la continuidad de las clases?

La manifestación de ideas políticas debe ser compatible con el derecho de millones de jóvenes a recibir una educación. Y si no somos capaces de que, al fragor del debate político, se resguarde ese derecho, significa que algo está fallando. Si alguien no está de acuerdo con que superar las brechas de aprendizaje es importante, entonces que lo diga. Si alguien no está de acuerdo con que la asistencia a clases es importante, que lo diga. Pero nosotros no podemos poner el foco en la calidad si el compromiso con las reglas básicas de la educación no es explícito.

¿Y se puede abordar el proceso constituyente en los colegios, como política pública?

El proceso constituyente es una buena oportunidad para despolitizar de una vez por todas la educación. Nuestro país está en un debate sobre la forma en que la sociedad se organiza y avanza, y el debate constitucional se debe llevar adelante a través de la plataforma que el país se dio para eso, que es el plebiscito del 26 de abril. Eso permite despolitizar la educación y poner el foco en la calidad.

Muchos sectores le reconocen a usted una capacidad de diálogo y escucha, a diferencia de lo que dicen que ocurrió con la exministra Marcela Cubillos. ¿Su antecesora contribuyó a la polarización?

Trabajé con la exministra Cubillos y puedo dar fe del esfuerzo que se hizo en su período por poner la calidad en el centro del trabajo. Es importante preguntarse en qué medida una acusación constitucional, que desvió la atención del Mineduc durante dos meses, y que terminó siendo desechada por el Congreso, fue un aporte a la calidad. O en qué medida ese proceso de acusación abrió espacios de diálogo. Hubo un contexto extremadamente politizado y controversial, que no es consecuencia del trabajo ministerial, sino que de un clima político muy tenso.

Foco parvulario

El año pasado, la Cámara rechazó el proyecto Admisión Justa y se dijo que este año lo reingresarían a trámite. ¿Usted lo hará?

El foco legislativo del Mineduc está en el proyecto de ley de equidad en educación parvularia, al cual se le puso suma urgencia, y que tiene por objeto mejorar la calidad del sector, inyectando $116 mil millones y aumentando la cobertura. Hoy, uno de cada dos niños en edad de asistir al jardín infantil, no asiste.

¿Y cómo se puede aumentar la cobertura de cupos?

Se requiere un diseño de políticas coherente con las necesidades de las familias, porque se construyeron jardines infantiles en zonas donde no hay tantos niños. El proyecto en trámite inyecta recursos para que estén disponibles para la creación de nuevos jardines.

¿Pero basta con ofrecer esos recursos o el Estado tiene que instalar la infraestructura?

Este proyecto permite que los jardines, vía transferencia de fondos, que son administrados por municipios, incrementen sus recursos, y además se crea una subvención que permite que prestadores educacionales hagan crecer su matrícula o se instalen donde hoy no hay capacidad suficiente.

¿Qué otros focos tendrá?

Queremos asegurar que todos los niños que lleguen a 2° básico, tengan la comprensión de lectura adecuada. Actualmente, 158 mil niños pasan a 2° básico sin ese nivel de comprensión, por lo que vamos a expandir el Programa Leo Primero a los alumnos de 2° básico, lo que beneficiará a 300 mil niños. También es prioritario el Programa Escuelas Arriba, para colegios con resultados insuficientes. Este año se expandirá este apoyo a 460 escuelas y liceos. El año pasado, las escuelas donde ese programa se aplicó tenían tres años de rezago y al terminar habían avanzado en 70%.

¿Hay un plan en caso de que el coronavirus se siga expandiendo y obligue a cerrar colegios?

La suspensión de clases no es una medida que deba tomarse a consecuencia del coronavirus. Distribuimos protocolos que se están aplicando, con medidas de aislamiento, prevención y monitoreo, pero que no apuntan a la suspensión de las clases. Las familias tienen que enviar a sus hijos a clases.