De forma unánime la Comisión de Constitución del Senado aprobó esta tarde una nueva redacción para el proyecto que rebaja la dieta de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública y deja a cargo de una comisión autónoma la determinación de su monto.

La instancia -integrada por los senadores Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI), Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD) y Francisco Huenchumilla (DC)- ratificó un texto que deja, por una sola vez, en manos del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) la fijación del porcentaje de la rebaja transitoria que afectará a las autoridades contempladas en la ley, desestimando así la disposición despachada en enero por la Cámara de Diputados que establecía una disminución de un 50%.

El texto aprobado establece que, una vez promulgada la ley, la ADP tendrá un plazo de 30 días para “reducir” la remuneración actual de diputados, senadores y ministros de Estado y un plazo de 60 días para hacer lo mismo con los salarios de las otras autoridades que contempla la normativa, entre ellas, el Presidente de la República, seremis, intendentes, gobernadores y funcionarios contratados a honorarios que sean de confianza.

Dicha rebaja regirá por un plazo de cuatro años, cuando el órgano autónomo, que estará integrado por un exministro de Hacienda; un exconsejero del Banco Central; un excontralor o subcontralor; un expresidente de alguna de las ramas que integran el Congreso Nacional, y un exdirector Nacional del Servicio Civil, defina, bajo criterios técnicos, la escala de remuneraciones de las autoridades.

Los legisladores, además, rechazaron otras disposiciones aprobadas por los diputados, dejando fuera de la normativa al Poder Judicial, al Ministerio Público y a alcaldes y concejales.

Durante el debate del proyecto, la instancia dejó constancia de que la idea es que estos recursos que se ahorrará el fisco puedan ser destinados para enfrentar la crisis del coronavirus.

En medio de la discusión de la iniciativa los parlamentarios defendieron su decisión de dejar en manos de un organismo técnico el porcentaje de rebaja transitoria, aludiendo a que no era recomendable caer en una confrontación de guarismos entre ambas cámaras. Esto, en vista de que senadores como Huenchumilla, Harboe y De Urresti habían planteado un 30%.

“Tengo mis dudas de si lo que estamos haciendo es demasiado débil frente a la opinión pública”, sostuvo Huenchumilla, reconociendo que la determinación podría traer costos dado que la motivación política que impulsó el proyecto fue, precisamente, la de rebajar el 50% de las dietas de los propios parlamentarios, moción que fue impulsada por los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (CS) desde que llegaron al Congreso.

Sin embargo, al fundamentar su voto subrayó: “Esto hay que hacerlo bien hecho y no hay que hacerlo con el tincómetro. Porque si a mí me dicen ‘bajémonos el 50%', la pregunta es bajo qué criterios”.

El senador Allamand explicó que “el objetivo de esta propuesta fue hacer algo políticamente correcto y que fuera adecuado desde el punto de vista técnico”, agregando que “no correspondía que nosotros entráramos en un debate con la Cámara de Diputados sobre los guarismos. Es razonable que la rebaja la fije un organismo especializado para que no sean los propios afectados los que determinen el monto de sus remuneraciones”.

El parlamentario destacó en ese sentido que “la rebaja de la dieta de parlamentarios y ministros regirá 30 días después de aprobada la reforma constitucional, es decir, en un plazo ultra breve”.

Los senadores Harboe y De Urresti, en tanto, justificaron su voto a favor asegurando que lo hacían por el “sentido de urgencia” que quedó consagrado en el texto.

Con todo, en la Cámara Baja ya se adelantaron a anunciar que, una vez que el proyecto sea visto por esa corporación en su tercer trámite, repondrán la rebaja transitoria del 50%.

La sala del Senado podría ver esta misma semana el informe de la Comisión de Constitución.