Teresa es dominicana y lleva dos años y medio en Chile. Ayer llegó a las 13.00 horas al Estadio Víctor Jara para obtener un número de atención. "Nos están inscribiendo en una hoja, por orden de llegada. En el trabajo solo me dieron permiso para hacer el trámite mañana (hoy), así que nos vinimos a amanecer, pero no importa. Uno necesita regularizarse y tener derecho a la salud", dijo.

Cerca de ella estaba Bryan Fernández, cubano, quien llegó durante la tarde con la misma idea: pasar la noche afuera del recinto. "Necesitamos papeles para trabajar".

Hoy, en las diferentes oficinas dispuestas por el gobierno, comienza el proceso de tramitación para regularizar a los casi 400 mil extranjeros irregulares que se estima se encuentran actualmente en Chile. Y afuera del Estadio Víctor Jara la expectación era evidente. Filas, grupos, mesas y mantas eran anoche la tónica.

El Ejecutivo se ha impuesto el plazo de un año para responder a las solicitudes. No obstante, durante este período las personas no tendrán autorización para trabajar. "La Ley Migratoria es una cosa y la Ley Laboral es otra. Esto no es un perdonazo, nosotros no podemos, en tanto no se identifique que una persona no tiene antecedentes penales, otorgar una autorización de trabajo o un visado", dijo el asesor legislativo del Departamento de Extranjería y Migración, José María Hurtado.

De todos modos, enfatizó que el Ejecutivo buscará entregar las visas de forma mucho más acelerada: "Esperamos en un tiempo de tres a seis meses tener tramitada la totalidad de las solicitudes".

Ayer, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, junto al subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, revisaron las instalaciones en el Estadio Víctor Jara, principal punto de atención de migrantes en Santiago. "Estamos haciendo un esfuerzo para un programa especial, a fin de que mañana (hoy) podamos dar una digna atención a los miles de extranjeros que están en condiciones de iniciar este proceso de regularización. Para ello, hemos dispuesto una planificación ágil y eficaz".

El subsecretario Ubilla indicó que "todas las personas que inician su proceso (hoy día) no pueden trabajar legalmente, porque entraron por pasos no autorizados o tienen visas de turista. Están en el registro para iniciar su proceso de regularización. Cuando este termine y tengan su visa temporal por un año, sí van a poder trabajar".

Añadió que "esos documentos se van a empezar a entregar una vez que se inicie la segunda fase, en 90 días más. El plazo de un año es justamente para poder responder a las dificultades que tienen muchos extranjeros en nuestro país de traer sus papeles de antecedentes. El plazo máximo es de un año, pero no quiere decir que el último día vamos a entregar todas las visas respectivas".

Las autoridades aumentaron la capacidad de atención de los locales en todo el país en casi un 400%. Las personas se deben presentar con sus documentos de identificación y, junto a ello, acudir presencialmente para una toma de fotografía, huella dactilar y entrega de un número de contacto. En el caso de los individuos que ingresaron por pasos habilitados, deberán presentar tarjeta de turismo o certificado de viaje, que fue autorizado por la PDI al momento del ingreso.

Para este proceso, el gobierno ha dispuesto 217 puntos de atención, entre ellos las dos oficinas del DEM en la Región Metropolitana, 54 gobernaciones, 161 oficinas de ChileAtiende y ocho puntos de atención especial, que funcionarán durante las primeras dos semanas. Hoy, en el Estadio Víctor Jara, la atención comenzaba a las 8.30, pero a las 3.00 las personas ya ingresarían al recinto.

Resolución

La resolución exenta de la Subsecretaría del Interior, que fija las condiciones del proceso regulatorio, establece una serie de condiciones para aquellos que pretendan permanecer en Chile. El filtro promovido por el gobierno es únicamente no poseer antecedentes penales (ver recuadro). Según José María Hurtado, "si una persona tiene antecedentes penales será expulsado u ordenado su abandono del país".

Para el director del Servicio Jesuita al Migrante, José Tomás Vicuña SJ, con esta decisión (de que no haya permisos de trabajo durante el proceso) "pierden los migrantes y el mismo Estado. El no autorizarlos a trabajar mientras esperan su regularización deja la puerta abierta para abusos laborales". Y apeló a la "racionalidad del gobierno para que la medida se pueda cambiar".