Rectores acusan que nuevo CAE fijará precios y provocará daño económico a Ues.

Vulneración de la autonomía, intervención, fijación de precios, desfinanciamiento... Estos son algunos de los conceptos que fueron utilizados permanentemente por la derecha durante el gobierno anterior para criticar las reformas educacionales que se impulsaron. Y, sorpresivamente, la actual administración está siendo acusada por algunos rectores de generar esos mismos temores en las universidades, una vez conocido el proyecto que crea el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) para la educación superior.

El rector de la U. Mayor dijo en entrevista con este medio que "estamos en presencia de una verdadera bomba de tiempo que en algunos años va a explotar y eso va a generar un déficit generalizado en las universidades chilenas y una baja sustancial en su calidad". Además, criticó que se presente como una gratuidad con otro nombre: "Han dicho que alumnos del primero al sexto decil no pagarán nada y el mecanismo que utilizaron para no decir que es gratis es que el copago se cubrirá con una beca interna o un crédito que otorgue la propia universidad".

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, planteó que "para los seis primeros deciles, se trata de una forma de gratuidad en el punto de acceso, que tiene como objetivo eliminar barreras al momento de acceder a la educación superior". Según indicó "conceptualmente, teóricamente, ideológicamente el crédito y la gratuidad son bien distintos, pero ambos recurren a las mismas herramientas para controlar el gasto fiscal".

Las críticas también apuntan a que el proyecto prohíbe el cobro de copago a los estudiantes de los seis primeros deciles, lo que tendrá que ser cubierto con becas o créditos de las propias instituciones. Esto, dicen las autoridades universitarias, podría generar mermas económicas relevantes y afectar los proyectos educativos.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) aseguran que eso no sucederá, puesto que también está la opción de que esos alumnos puedan tener otras ayudas estatales, además del crédito. "Sumando los beneficios, los alumnos de los primeros seis deciles podrán cubrir totalmente el arancel de sus carreras gracias a las ayudas del Estado (...), lo que se logra es que el Estado y las instituciones apoyen de manera complementaria a los estudiantes de las familias de menores ingresos", indicó el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas.

El rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, asegura que "el hacer obligatorio el impedimento de cobrar copago es una fijación de precios y es muy peligroso, porque durante la tramitación de la ley o en el futuro a más de alguien con alma socialista se le puede ocurrir fijar más precios". En tanto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró a La Tercera que "no existe fijación de precios" (ver entrevista página 13).

Valdés agregó que "aunque es constructivo ayudar a alumnos de menores recursos, esto es un primer paso para más intervención del gobierno de turno en decisiones que deberían ser propias de las universidades. Para mí fue una sorpresa (que un gobierno de derecha hiciera este proyecto), porque de alguna manera limita la autonomía de las universidades de establecer sus aranceles y de acordar con sus alumnos las condiciones de pago libremente".

El rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez, lamentó que "lo que se hace con esto es llevar los vicios que tiene la gratuidad a un sistema de crédito que, en su mayoría, aborda a instituciones que optaron por quedarse fuera de esta política, impidiendo que exista un copago y dejando a las universidades con déficits importantes que no van a ser cubiertos". Además, agregó, "el proyecto disminuye el monto total de recursos que financia al sistema y su quehacer académico, lo que afectará especialmente a instituciones que no reciben aportes del Estado. Eso en algún momento redundará en una disminución de la calidad y en un debilitamiento financiero de las instituciones".

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) cuestionó desde otra vereda la propuesta del gobierno: "Podría pasar que para los estudiantes se vea al principio como un beneficio, pero que a la larga tengan que buscar otro crédito para poder pagar la brecha que se genere. También las instituciones privadas buscarán no optar o incluso salirse de la gratuidad en búsqueda de masividad". Y agregó que "genera incentivos perversos para las instituciones, porque como no regula hasta cuánto pueden cobrar (para los deciles del 7 al 10), en la práctica podrían cobrar lo que quisieran".

El rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, tiene un punto distinto. A su juicio, el hecho de que exista libertad para el cobro de aranceles en los deciles 7, 8, 9 y 10 hará que sea más conveniente sumarse al crédito y no a la gratuidad, la que sí tiene restricciones de precio para esos deciles. "Para las universidades que están en gratuidad el nuevo sistema es muy perjudicial. La solución es el adecuado cálculo de aranceles", sostuvo Silva.

El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, cuestiona que las instituciones deban cofinanciar esta política pública y que ello podría afectar la calidad. "A las universidades no les sobra el dinero. Tienen una presión muy grande por aumentar la calidad de su docencia, investigación e infraestructura, debido a los estándares y requisitos que establecen la CNA y Conicyt. Esta presión es buena y apunta a la calidad, pero cuesta dinero. Por lo tanto, esta exigencia de cofinanciar a los estudiantes tendrá un impacto negativo en la calidad. El sistema no puede ser esquizofrénico: exigir calidad, por una parte, y por otra, limitar el acceso a recursos", afirmó. Además, dijo que "las instituciones que reciban el crédito se verán perjudicadas, porque el arancel regulado no cubre los costos reales de educar un estudiante, ni aun con la corrección que se establece para cubrir la brecha. En el largo plazo, las instituciones no tendrán más remedio que bajar la calidad". Añadió que le parece razonable que a los estudiantes de bajos ingresos no se les cobren los estudios durante la carrera, "siempre que eso no pese sobre las universidades, sino sobre el Estado. Repito, la buena educación cuesta cara y no sobra ni un peso".