La Ley de Educación Superior cumplió seis meses en régimen, luego de un debate legislativo que duró dos años. Sin embargo, desde las universidades hay voces que afirman que la norma ya muestra algunas deficiencias que es necesario ajustar.

Así lo creen en el Consejo de Rectores (Cruch), organismo que sesionó este jueves y que alista un documento con propuestas de modificación que serán presentadas al Ministerio de Educación el 13 de diciembre.

El texto se divide en cuatro ejes. El primero, y más urgente para los planteles, es el del financiamiento. Según la normativa, los estudiantes que se retrasen en sus carreras perderán la gratuidad, pero las instituciones les pueden cobrar solo la mitad del arancel. Ya hay 18.125 alumnos en esa condición, lo que significaría una pérdida de $ 26.013 millones para las instituciones del Cruch en 2019.

Un segundo foco es el de aseguramiento de la calidad. Aquí, los planteles piden que se extiendan los plazos de acreditación. Los nuevos criterios de certificación estarán listos en octubre de 2019 y, unos meses después, 27 instituciones de educación superior deberán acreditarse, pero no tendrán tiempo para conocer y adecuarse a estos estándares, corriendo el riesgo de fallar. Sobre este punto, el Mineduc ya se abrió a estudiar modificaciones.

El tercer eje es el institucional. El futuro superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, asistió a la reunión del Cruch y los rectores le hicieron ver que hay facultades de esa nueva entidad que podrían vulnerar la autonomía de los planteles, pues fiscalizará ámbitos que dependen del currículum del proyecto educativo. Esto es visto por los académicos como una intromisión en su labor.

El cuarto pilar, en tanto, es el del nuevo sistema de acceso a la educación superior. La ley creará un subsistema para planteles técnico-profesionales, pero los rectores consideran que ya en la PSU de 2019 hay que incorporar mejoras que permitan que las instituciones técnicas de enseñanza media y superior puedan utilizar mejor la prueba, que hoy está pensada solo para las universidades.

Mesa de trabajo

Además de estos cambios, el Cruch llegó a un acuerdo con el Mineduc para crear una mesa de trabajo en mayo de 2019, destinada a analizar específicamente las modificaciones al financiamiento de la educación superior.

El vicepresidente del organismo universitario, Aldo Valle, advierte que el próximo año habrá "una amenaza estructural que puede poner en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones adscritas a la gratuidad", debido a los jóvenes que se atrasan en sus estudios. "Hay un ánimo de trabajar en conjunto", destacó.

El jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, hizo un llamado a que en esa instancia "se analice el problema, pero en el contexto completo del financiamiento a la educación superior". Pese a eso, recientemente la autoridad ha reiterado que no hay espacio para aumentar los recursos destinados a gratuidad.