Diez personas serán formalizadas hoy en el Séptimo Juzgado de Garantía, ubicado en el Centro de Justicia, por su presunta participación en una red de trata de personas. Los cargos por los que deberán enfrentar a la justicia son: participación en una red de tráfico ilícito de migrantes, asociación Ilícita y cohecho.
La detención, efectuada ayer a mediodía, es el resultado de seis meses de investigación del Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes sostienen que los imputados habrían traían bajo engaño a ciudadanos chinos, a quienes se les cobraba cinco mil dólares por la obtención de una visa de turismo.
Según detalló la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, entre quienes enfrentarán a la justicia por el ilícito se encuentran ex autoridades del gobierno de la Nueva Mayoría. A saber: Álex Triggo Rocco, quien es exgoberador de la Provincia de Choapa, Mauricio Navarro Salinas, exalcalde de Los Andes, exfiscal y militante de la Democracia Cristiana (DC); y Álex Brito Ortiz, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además de los mencionados, Martorell detalló que también estaban involucrados otros personeros quienes actuaban en concertación con los funcionarios. "Hay también involucrados agentes de viajes dentro de la causa, entonces como favor le pedían a las autoridades que generaran las cartas falsas para extranjeros, con el objeto de que pudieran obtener la visa de turismo", explicó.
La autoridad detalló que fueron 381 los chinos que habrían llegado al país de forma irregular, por lo que estima que sería una de las redes más importantes desbaratadas al respecto: "Esta es la red más grande de tráfico de migrantes de la historia de Chile", afirmó Martorell en conversación con La Tercera. De ese grupo de asiáticos, hoy hay 178 en Argentina, 110 tienen visa de residente, 33 se encuentran tramitando la visa y hay 60 en situación irregular.
Según la información, el modus operandi de grupo era gestionar Cartas de Invitación para Extranjeros falsas, a fin de que estos migrantes pudieran obtener visa de turismo para ingresar a Chile, para las cuales se argumentaba que se trataba de un de empresarios chinos que venían al país para gestionar negocios.
La subsecretaria aseguró que el gobierno se querellará contra los acusados. "Nosotros como Ministerio del Interior por supuesto que nos vamos a querellar. Al gobierno le interesa atacar todas las acciones que atentan contra los derechos humanos de los inmigrantes, que ponen en riesgo su seguridad. En este caso son personas que fueron sometidas a estafas, ponían en riesgo su vida, otras veces han sido abandonados a suerte. estamos avanzando en defender los derechos humanos de las personas que migran más aún cuando son personeros del gobierno anterior", agregó.
La causa está a cago del Fiscal Marcelo Carrasco Gaete, de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte.