Reforma del gobierno a ley de drogas busca perseguir patrimonio de narcos

La prevención y persecución de delitos vinculados al narcotráfico se transformó en una de las prioridades del gobierno. Así quedó claro con el nuevo proyecto de ley que busca regular los llamados funerales narcos y el aumento de la oferta en programas preventivos. Pero hay algo más: el cambio legislativo a la Ley 20.000.

Entre los estudios que ha hecho el Ministerio del Interior, hay nueve puntos que se quieren agregar a la nueva regulación, en los que destaca "promover la persecución patrimonial de narcotraficantes" y la "eliminación de la referencia al concepto de pureza".

Así está establecido en una minuta de Interior, donde se plantean estas modificaciones para establecer un marco regulatorio nuevo para la persecución penal del narcotráfico.

El ministro Andrés Chadwick explicó a La Tercera que "estamos trabajando en modificaciones a la ley de drogas que permitan mejorar la persecución del tráfico (...). Y, particularmente, en medidas que ataquen el patrimonio y lujos que ostentan los narcotraficantes, con medidas que tiendan a congelar el patrimonio y faciliten la incautación y enajenación de bienes, involucrando incluso a la Unidad de Análisis Financiero".

En cuanto a la persecución patrimonial de las organizaciones de tráfico de drogas, el gobierno busca atacar su poder monetario y así desbaratar su operatividad, con la contratación de los llamados "soldados", y su poder de expansión.

En esto ya ha estado trabajando el OS-7 de Carabineros a través de una iniciativa piloto. El coronel Manuel Cifuentes explica que "en Peñalolén, Macul y Rancagua, Carabineros ha implementado, junto a la fiscalía, un trabajo para generar y enfrentar las investigaciones, llevando el lavado de activos y levantamiento patrimonial".

Otro punto relevante en la nueva legislación es la eliminación del concepto de pureza. El gobierno propone cambiar el Artículo 43 de la Ley 20.000, norma que establece que "el Servicio de Salud deberá remitir al Ministerio Público, en el más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, naturaleza, contenido, composición y grado de pureza (...)".

Este cambio busca terminar con la interpretación que los tribunales hacen sobre el concepto pureza. Por ejemplo, en 2015 la Corte Suprema anuló 10 juicios a microtraficantes por no poder establecerse la pureza de la droga.

Lamberto Cisternas, vocero del máximo tribunal, indicó que "cuando se trata de pequeñas cantidades, procede el examen de pureza. Si no se cuenta con eso, no se constituye el tipo y absolvemos. Hay una minoría que piensa lo contrario. Siempre que se quieran aclarar las cosas, es bueno legislar".

Otra de las iniciativas que Interior busca impulsar en el Congreso es la incorporación de los laboratorios de Carabineros y la PDI en el análisis de la droga incautada. Ello, pues se ha detectado una sobrecarga de trabajo tanto en el Instituto de Salud Pública (ISP), como en los servicios de Salud al efectuar el análisis de la droga incautada, causando retraso en las investigaciones.

La iniciativa plantea que es necesario eliminar la referencia al concepto de pureza de la droga. Esto, a raíz de al menos 10 fallos de la Corte Suprema en que se han anulado sentencias contra narcotraficantes porque no se pudo establecer el estado de pureza que tenía el narcótico. Dicha situación ocurrió porque en el país no existían instrumentos que midieran esta característica de la marihuana.

Este punto de la propuesta que maneja el gobierno busca crear la figura penal de suministrar droga sin consentimiento. La preocupación de sumar esta situación, señalaron fuentes policiales, nace a raíz de diversos casos en que víctimas son drogadas en locales nocturnos para luego aprovechar su estado de vulnerabilidad y ser asaltadas. Además del atraco, se penará el hecho de drogar.

El gobierno busca que se amplíen los fines de los bienes decomisados a las bandas de narcotraficantes, entre los que se podrían encontrar desde residencias hasta vehículos, pasando por dinero en efectivo. En la actualidad, después de que estos delincuentes son condenados, las especies se rematan. El dinero recaudado llega a manos del Senda, que generalmente lo ocupa en planes de prevención.

La propuesta en que trabaja el Ministerio del Interior busca que los laboratorios que tienen Carabineros y la PDI se sumen a los análisis de droga que son exhibidos como prueba en los tribunales. Hoy, esta tarea recae en los servicios de salud. Algunas fuentes judiciales han señalado que esto, en ocasiones, se ha traducido en que esta evidencia tarde en ser presentada, por exceso de demanda.