Las prisiones preventivas, el proceso de duración en el cargo de los fiscales regionales, el derecho de las víctimas y la filtración de declaraciones, entre otros, son algunas de las situaciones que el Ministerio de Justicia apunta a modificar en la modernización de la Reforma Procesal Penal en Chile.

Estas prioridades fueron dadas a conocer por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el marco del seminario "Desafíos de la Reforma Procesal Penal en Chile: análisis a más de una década", realizado en el Palacio de Tribunales de Justicia durante esta tarde.

El titular de la cartera explicó que hace poco más de un mes comenzó a sesionar en el ministerio una comisión sobre la materia "con miras a proponer modificaciones que perfeccionen el sistema y que actualicen los desafíos, que pueden no haberse considerado; pero alcanzando esta reforma su mayoría de edad se vuelven necesarios".

A juicio de Larraín uno de los temas a trabajar es el problema de asimetría que existe "entre persecutor e imputado durante la investigación, especialmente respecto de aquellos casos donde la investigación desformalizada adquiere mayor relevancia y duración, constituyéndose, la formalización, contrariamente a su diseño original, en una verdadera instancia final, casi acusatoria ante la opinión pública. Esto debe ser reevaluado".

También, dijo que una de las principales dificultades que debe enfrentar el sistema son "las filtraciones, por ejemplo, de declaraciones completas de testigos o imputados con lo que muchas veces se puede llegar a afectar gravemente la presunción de inocencia de los imputados o a dejarlos en una situación de indefensión, como a las víctimas con nuevas y sucesivas revictimizaciones de manera pública".

Otro de los aspectos a los modificar es el periodo en que los fiscales regionales están en su cargo. "También se deben analizar aquellos casos que no se condicen con el espíritu de la Ley. Sabido es que los fiscales regionales duran ocho años en sus cargos, sin posibilidad de ser reelegidos", dijo Larraín, agregando que muchas veces algunos persecutores dejan sus cargos antes para poder postular a otras regiones.  El ministro fue claro en que se debe "sincerar esta situación".

Tuvo palabras, además, para un tema que hace tiempo generó debate: la extensión de las prisiones preventivas. "El alto porcentaje de causas en que se decreta la prisión preventiva y en que no se llega a una sentencia condenatorio, nos fuerza a cuestionar lo que está ocurriendo", expuso el ministro.

Indicando, además, que también "debemos hacernos cargo de mejor manera del derecho de las víctimas. Tenemos que trabajar para que el sistema logre garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos".