A mediados del año pasado, el Registro Civil pidió al Poder Judicial actualizar el registro que inhabilita a los condenados por delitos sexuales contra menores a trabajar en recintos donde interactúen con niños.
La solicitud, sin embargo, aún no recibe respuesta. Por esto, los diputados RN Marcela Sabat y José Miguel Castro pidieron que la Corte Suprema informe "lo antes posible" esta actualización.
Según los diputados, el máximo tribunal aún no responde el oficio enviado el 29 de junio por el Registro Civil, en que solicitó la actualización del listado.
Posteriormente, el 7 de julio, el organismo insistió en la petición y le pidió a la Suprema que "se remita a este servicio una lista de todas las sentencias condenatorias dictadas por tribunales del país con competencia en materia penal sobre delitos sexuales, dictadas con posterioridad al 19 de junio de 2012 y que deben llevar asociada la pena de inhabilitación absoluta, temporal o perpetua para trabajar con menores de edad". Consultado el Poder Judicial, no se obtuvo una respuesta.
Según la diputada Sabat, "hasta hoy no se tiene respuesta por parte de los tribunales y creemos que es importantísimo, porque pasa el tiempo y los niños están siendo abusados por personas que no están en los registros de pedófilos".
En esa misma línea, Castro manifestó que "queremos que el tema del abuso de menores sea tratado de una manera correcta por las instituciones y acá notamos una falta de voluntad, al parecer, por el Poder Judicial. El Registro Civil tiene toda la infraestructura técnica para poder dar cuenta de los pedófilos y de esa forma poner voz de alerta en el caso de que ellos quieran trabajar con niños".
Desde el Registro Civil, en tanto, indicaron que "sin perjuicio del oficio aludido", tienen "permanentes conversaciones con el Poder Judicial y con la Corporación Administrativa, que han permitido el perfeccionamiento y abordar nuevos proyectos avanzados de interoperabilidad".
Además, agregaron que "el convenio suscrito con el Poder Judicial constituye un hito, que permite mantener un sistema avanzado de transmisión de datos generales, y ello ha sido posible gracias a la relación de confianza generada entre ambas instituciones, que ha sido fundamental para asegurar el cumplimiento total y oportuno del registro de inhabilidades".
Desde 2012 el Registro Civil publica el listado de inhabilidades, que hasta febrero de este año era de 6.382 personas. Sin embargo, el resultado exhibe una inconsistencia, pues no coincide con los datos entregados por Transparencia a La Tercera por parte del Poder Judicial, donde se estipula que 6.514 personas fueron condenadas por el mismo ítem entre 2012 y febrero de 2018.
