Un total de 96.267 personas fueron citadas el año pasado a los juzgados de policía local por no haber pagado su pasaje en los buses del Transantiago, lo que genera una fuga de recursos para el sistema. Ese grupo de pasajeros deudores pasará desde el 5 de junio de este año a integrar el denominado "registro de evasores", luego de que este jueves se publicara la ley en el Diario Oficial, la cual fijó 60 días para su implementación.
La norma tiene como objetivo endurecer las sanciones por esta conducta, por lo que ingresar a esta lista de infractores traerá efectos concretos: no se les devolverán impuestos y se les suspenderá la entrega de licencias de conducir.
La creación del registro fue el aspecto más polémico de la norma. Se le denominó el "Dicom de los pobres", pues algunos parlamentarios estimaron que esos pasajeros son de escasos recursos y por ello no pueden cancelar la tarifa.
El Registro Civil deberá comenzar a entregar los nombres al Ministerio de Transportes, el que deberá habilitar un sitio web especial para consultar los datos.
Carlos Melo, académico del área en la U. Diego Portales y exsubsecretario de Transportes que tramitó la ley, sostiene que este registro con los nombres de los usuarios infractores "no serán antecedentes públicos, sino que cada persona no infractora podrá consultar un máximo de ocho veces por año". Añade que se evitará que empresas formen bases de datos para "discriminar a la gente por esa deuda", con lo que se resguardaría la privacidad de las personas.
El ingreso a esta lista no es inmediato: si alguien es sancionado y no se presenta ante el juzgado entrará a esta base, pero si antes de eso paga, no estará afecto a la medida.
Paula Flores, jefa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, dice que la norma establece también que la Tesorería General de la República chequeará los datos en cuanto a los impuestos y las municipalidades podrán consultar libremente la información al sacar permisos de conducir. Además, precisó se estipulan multas para quienes comercialicen esta información, con presidio menor en su grado mínimo y hasta 20 UTM ($ 946.020).
Respecto de los pasajeros que no cumplen, la multa llegará a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales ($ 70.951). En cuanto a la medición de la evasión en los recorridos, Ana Luisa Covarruvias asumió como encargada de la cartera para tomar acciones para disminuir el fenómeno.
¿La ley asegura que la persona pagará si es infractor? Felipe Clark, gerente de Alto Evasión, firma que hace seguimiento de estos casos, dice que la norma no asegura que el monto sea cancelado, pues "la persona puede dar una dirección falsa y estar inubicable". Por ello, instó a que el gobierno analice la idea de que estas personas paguen de manera inmediata la multa.
Fiscalización
Otro aspecto incluido en la ley es que se sancionará con un grado más de pena a quienes agredan a fiscalizadores del Transantiago.
Estos inspectores del ministerio y de las empresas privadas, además, tendrán el rol de ministros de fe, por lo que no se requerirá que acuda un carabinero para denunciar los hechos.
De hecho, según los registros del Ministerio de Transportes, en 2016 hubo 34 agresiones a los inspectores de la cartera, mientras que el año pasado llegaron a 17.
"Los fiscalizadores de las empresas también estarán protegidos con el mismo castigo, pues han vivido situaciones complejas en los controles", dice el senador Alejandro García-Huidobro (UDI), miembro de la Comisión de Transportes.
