Registro Nacional de Deudores suma 237 mil morosos y más de 87 mil personas han sido eliminadas del sistema por pagar pensiones

A 17 meses de su puesta en marcha, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos muestra algunos resultados significativos. Y es que la plataforma online monitoreada por el Registro Civil y que individualiza a las personas deudoras o morosas de una o más deudas de alimentos, ha superado a la fecha las 345 mil inscripciones vigentes y registra 237.353 mil deudores, de los cuales 228.059 (96%) corresponden a hombres y 9.294 (4%) a mujeres.

“El registro ha significado una mejor institucionalidad para el cumplimiento de las pensiones alimenticias, lo que ha generado un cambio de conciencia respecto a un problema histórico que ha afectado a miles de mujeres, niños y niñas del país, como es el no pago y el abandono parental”, contextualiza a La Tercera la ministra de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG), Antonia Orellana.

Lo anterior incluso se evidenció a solo un año del posicionamiento del sistema, cuando los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $ 830 mil millones, “una cantidad equivalente a 22 teletones, y se habían transferido a las cuentas de las familias afectadas más de $ 310 mil millones”, según la ministra.

Hoy, de los más de 237 mil deudores que se encuentran en el registro, 24.076 cuentan con más de una causa, y aproximadamente 24 mil son reincidentes, es decir, pagaron para salir del registro y luego volvieron a ingresar por no pago. Mientras que los beneficiarios alimentarios (niños, niñas y adolescentes con derecho a percibir pensión alimenticia de acuerdo a tribunales) fue de 327.065 al 30 de agosto de 2024.

Eso sí, desde el Ministerio también destacan el aumento que ha tenido el total de cancelaciones en el Registro de Deudores desde su implementación el 18 de octubre de 2022, es decir, personas que salieron de la plataforma luego de haber cumplido con el pago de su deuda. Son, en total, 87.338 individuos y al desglosar las cifras se trata de 2.065 en 2022; 63.673 en 2023; y 21.600 en lo que va de 2024.

“En la tramitación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, modificamos el Registro de Deudores para que existiese un incentivo para pagar las deudas, que es el objetivo final de ambas normativas. De esta forma, quienes pagan o llegan a acuerdo de pago ante el tribunal, pueden salir del registro”, explica la ministra.

Lo anterior, puesto que dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran, entre otras, la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir o el pasaporte, y la retención de algunas operaciones de crédito.

A este registro se suma la entrada en vigor en mayo pasado de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, “que permite que los tribunales que dictaron la resolución en donde consta la deuda, ordene el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros, y en las cuentas de ahorro previsional voluntario”, según explicó la ministra Orellana en su momento.

Para este trabajo se cuenta con el apoyo de 2.121 instituciones que se han enrolado al sistema para detectar a los deudores y hacer retención, cobro y pago efectivo de las pensiones, tales como bancos e instituciones financieras, oficinas del Registro Civil, el Servicio Electoral, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Civil, municipios, gobernaciones, administradoras de fondos de pensiones y otros organismos del Estado.

Pero no es lo único: “Este año, por ejemplo, inyectamos más de $ 11 mil millones para agilizar procesos y disponer más funcionarios en los Tribunales de Familia, y comenzamos un proyecto piloto con la Corporación de Asistencia Judicial RM para entregar asistencia jurídica a cerca de 6 mil mujeres”, sostiene la secretaria de Estado, quien valora el rol de la Comisión para el Mercado Financiero, por su papel de fiscalizador, y de entrega y apoyo de información a la banca, y que ha estado “buscando innovaciones para avanzar en el cumplimiento de esta normativa tan desafiante como importante para las mujeres, niños, niñas y adolescentes”.