El director del departamento de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, Christian Soto, fue removido de su cargo en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas por parte de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos a funcionarios del SII y a la Comisión para el Mercado Financiero (CFM) para obtener información en relación a los movimientos financieros de la empresa de Daniel Sauer.

El SII informó de la decisión mediante un comunicado: “El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, decidió remover de su cargo, con efecto inmediato, al director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, debido a que los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo la entidad por el llamado “caso audios” y las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, implican que haya perdido la confianza en su gestión”.

La remoción se da luego de que hoy el funcionario de ese servicio llegara a declarar hasta la Fiscalía Oriente en calidad de testigo. Según informó La Tercera, la Fiscalía Occidente abrió una ronda de declaraciones del servicio en torno al caso.

Además, el servicio ordenó un sumario administrativo que “sigue en pleno desarrollo”. “No se descarta la adopción de medidas adicionales respecto de otros funcionarios”.

“Como lo ha hecho desde el inicio de este caso, este Servicio seguirá prestando la más completa colaboración al Ministerio Público con el objetivo de aportar al éxito de la investigación que desarrolla y asegurar que los responsables de cualquier hecho constitutivo de delito sean debidamente sancionados”, afirmó el organismo.

Desde que se destapó el caso, tras un reportaje de Ciper, la fiscalía ha realizado una serie de diligencias, como el allanamiento en la oficina de Hermosilla y la toma de declaración de Villalobos. El 16 de noviembre, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a su hermano Luis, afirmó que la filtración del audio habría venido “del ámbito político”. Al día siguiente, el jurista planteó que un tercero habría pagado por la filtración del audio. Eso sí, no dio nombres.