"Solo queremos demostrar la inhumanidad del ministro de Justicia", dice Carlos López para explicar la decisión de su padre, el coronel (R) Carlos José Leonardo López Tapia, quien este lunes abandonó el tratamiento médico que lo mantiene con vida en el Hospital Militar desde hace tres meses.
La decisión fue una respuesta al rechazo por el Presidente Sebastián Piñera, el 30 de octubre pasado, del indulto que había solicitado por razones humanitarias.
El coronel (R) López Tapia fue condenado a una pena superior a 87 años de cárcel, como autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados, en los casos de la Caravana de la Muerte en su paso por Linares y Cauquenes, en octubre de 1973, y las desapariciones forzadas de Villa Grimaldi, centro de torturas que dirigió en 1976 como agente de la Dina.
Según el abogado Raúl Meza, defensor del oficial en retiro, las razones para solicitar el indulto "son de carácter estrictamente humanitario, en razón a su condición de enfermo crónico terminal y recientemente desahuciado por su equipo médico tratante".
Y es que el excoronel López presenta patologías cardíacas, renales y hepáticas, "y lo único que queríamos era que muriera en la casa", agrega su hijo Carlos, quien advierte que a su padre "no le quedan más de tres o cuatro días de vida". Añade que las condenas contra su padre fueron "por presunciones de secuestro, por haber estado un año en Villa Grimaldi".
Meza asegura que la negativa del gobierno no consideró las razones humanitarias y solo se basó en argumentos de "orden jurídico y psicológico, por carecer medianamente de la conciencia de los delitos que habría cometido".
En efecto, el rechazo a la solicitud dispuesta por el Ejecutivo señala que el exoficial condenado no tiene "conciencia del delito y la mediana conciencia del daño causado a las víctimas".
La obligación del hospital
Desde el Ministerio de Justicia, cartera ante la que se gestionan los indultos, señalaron que "efectivamente fue denegado el indulto", pero que no se referirán a la decisión adoptada.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, anticipó que no van a interceder como organización, pues consideran "legítimo que él quiera presionar a costa del riesgo de su vida".
Lira agregó que con su decisión, el coronel (R) López "está pensando en sí mismo, no en los familiares de las víctimas ni en el daño a su propia familia".
"Le pediría que tuviera la humanidad que él espera de los demás y que entregue información sobre el paradero de miles de personas desaparecidas", añadió.
Para el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, el caso es similar "a lo que ocurre cuando se realiza una huelga de hambre de reclusos", y que en ese caso es el Hospital Militar, vía recurso de protección, el que "debe obligarlo a seguir el tratamiento médico". "Como autoridad tiene que garantizar su vida", aseguró el jurista.
Al respecto, el abogado Raúl Meza consideró que el recinto asistencial "va a respetar la decisión del paciente amparándose en la ley de derechos y deberes, que autoriza a que el paciente se niegue a cualquier procedimiento médico si está en una condición médica terminal o con una enfermedad irreversible".
Desde el Departamento de Comunicaciones del Hospital Militar indicaron que no pueden entregar antecedentes del caso "de acuerdo a la ley de deberes y derechos del paciente". "El tratamiento va en directa relación y concordancia con lo acordado con el paciente y su familia", enfatizaron.
