A partir del próximo jueves se podrán iniciar los trámites para obtener el retiro del 10% de los fondos previsionales, lo que por ley no estará afecto a impuestos ni retención. Existe, eso sí, una excepción: el caso de los deudores de pensiones alimenticias, a quienes se les retendrá lo que deben para traspasarlo a la parte demandante, que en su gran mayoría corresponde a las madres.
Esto ha provocado en los últimos días una verdadera avalancha de solicitudes: si el 22 de julio ingresaron 1.259 requerimientos por liquidación de alimentos, retenciones judiciales o retención y liquidación, el 23 de julio fueron 8.631. Y el viernes 24 de julio, cuando fue promulgada la reforma constitucional, entraron 34.082 solicitudes, cuatro veces más que el día anterior.
El problema se genera en que la liquidación de las pensiones alimenticias (trámite para obtener el pago) podrían tardar más que los 10 días que se demorarán las AFP en entregar los fondos. Y para anticiparse a eventuales problemas, el Poder Judicial está alistando un protocolo, que deberá ser aprobado el miércoles por la Corte Suprema, y que establece que a los deudores se les retendrán los fondos de manera cautelar, hasta que se resuelva el pago de la pensión.
La elaboración del protocolo está siendo coordinada por la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, quien dice que comunicarán la medida de retención a las AFP para que “así las y los solicitantes puedan estar tranquilos a la espera de que se cumpla el trámite completo”.
La jueza del máximo tribunal explica que “la mera presentación de una solicitud de liquidación de deuda por concepto de pensión de alimentos no implica que se pagará de inmediato con los fondos previsionales”, ya que el trámite tiene varias etapas, lo que justifica la retención momentánea.
“Asimismo, se debe recordar que siempre el retiro del 10% es voluntario para el cotizante, por lo que las personas que reclaman el pago de las pensiones alimenticias con esos recursos no necesariamente podrán acceder a ellos”, agrega.
En un año normal, se realizan cerca de 200 mil liquidaciones de pensiones alimenticias, pero según una proyección del Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, solo en este período de retiro de fondos de pensiones podrían sumarse otras 240 mil, más que duplicando la carga laboral del año.
Esto requerirá que se contraten más liquidadores, que son los contadores, auditores e ingenieros comerciales que hacen el cálculo de lo que debe el padre demandado. En todos los tribunales de familia y de letras con competencia en familias, hay 170 liquidadores, que realizan cerca de 20 trámites diarios. Ahora, el Poder Judicial calcula que tendrán que llegar a 400 liquidadores, para abordar la avalancha de trámites.
Uno de los tribunales más grandes del país es el 4° Juzgado de Familia de Santiago, presidido por el juez Pedro Maldonado, quien ya nota el aumento de causas. Dice que cuando comenzó la discusión del proyecto de ley, analizaron sus alcances judiciales, por lo que se han preparado para que el trámite de la liquidación sea lo más expedito posible.
“El viernes empezamos a recibir una gran cantidad de peticiones, y desde el viernes hasta hoy (lunes) más que se duplicaron. Hay una preocupación evidente por eso, porque el trámite puede durar más de 10 días (que es el plazo de las AFP para pagar los fondos), por lo que actuaremos de forma cautelar, ordenando que se retengan los fondos”, dice.
De esta forma, el padre deudor no podrá recibir sus fondos previsionales hasta que los tribunales calculen cuánto debe, para lo cual se realiza un proceso contable, se notifican a las partes y se realice el proceso de apelación, que dura tres días.
“Esperamos que en los próximos 10 días ingrese el total de solicitudes de liquidación (de las partes demandantes) y nuestra idea es resolverlas con prontitud. Siendo bien razonables, creo que se van a más que duplicar los ingresos por liquidaciones”, dice Maldonado.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, solo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas habitualmente, por lo que hay $ 180 mil millones de deudas pendientes. Eso quiere decir que 72 mil niños no cuentan con el apoyo económico de uno de sus padres, lo que incluso motivó al gobierno a presentar un proyecto de ley para que los deudores alimentarios ingresen a Dicom.
