Este jueves un menor de 14 años resultó herido tras una disputa con un compañero de colegio de su misma edad, en el exterior de un centro estudiantil ubicado en Castro. La víctima fue trasladada al hospital por una herida en el pecho, específicamente en la zona del hemitórax, provocada por un elemento cortopunzante.
El otro menor fue detenido por el delito de lesiones menores. Según indicó el subprefecto Alejandro Pino, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, “los detectives lograron establecer en tiempo inmediato la participación de uno de los menores y su posterior ubicación”.
De esta forma, el viernes fue “puesto a disposición del tribunal de garantía” local, quedando con medidas cautelares a cargo del Sename.
El hecho reciente se suma a otros actos de violencia que han agitado el inicio del año escolar en recintos de educación secundaria y también superior.
El miércoles 16 de marzo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, emitió una declaración luego de que el lunes de esa semana debieran suspenderse las clases en la Escuela Filipinas de Lo Espejo por estar ubicada a metros del lugar en que era velado un sujeto vinculado al narcotráfico. La alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes había asegurado: “Son dos noches sin descanso y clases suspendidas. Recibimos denuncias de familias víctimas de ‘balas locas’. Personas no pueden ir a trabajar. Coordinamos con Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior medidas de corto, mediano y largo plazo. Necesitamos plan integral para vivir en paz”.
En la misma declaración el subsecretario abordó la balacera de seis minutos que hubo al costado del colegio Baldomero Lillo de San Bernardo, obligando también a suspender las clases en el establecimiento. “Ni las balas ni la delincuencia deben impedir que nuestras niñas y niños acudan a la escuela y que vivan en barrios en paz junto a sus amigos, familia y comunidades. Ya hemos iniciado las coordinaciones necesarias en terreno junto a autoridades locales y policías para prevenir que estos hechos ocurran y tomar acciones inmediatas”, aseguró en la oportunidad Vergara.
El viernes, también en San Bernardo, un asistente social, funcionario del Liceo Industrial A-129 Miguel Aylwin Gajardo, fue herido al involucrarse en una riña entre estudiantes del centro educacional, evitando que un menor fue herido con un arma cortopunzante.
Ese mismo día se desarrolló una mesa de trabajo con el fin evitar delitos y situaciones de violencia en establecimientos educacionales. Participaron el subsecretario Vergara, el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, la alcaldesa de lo Espejo, el jefe comunal de San Bernardo, Cristopher White, además de autoridades de Carabineros y la PDI.
“Sabemos dónde están los problemas, sabemos hace tiempo los diagnósticos, pero lo que nos importa es operativizar”, indicó Vergara tras el encuentro de diálogo entre autoridades, enfatizando en que se realizarán labores coordinadas de seguridad. “Donde niñas, niños y adolescentes no puedan acudir a estudiar estaremos presentes, ese es el compromiso de trabajo adquirido y además lo tomo como un compromiso personal”.
Denuncia colectiva en Barrio República
La semana estuvo marcada también por las denuncias de estudiantes del Barrio República por robos, intentos de secuestro y agresiones sexuales.
El viernes, estudiantes universitarias se reunieron en la comuna para protestar frente a esta situación, sumándose a las demandas de secundarias de la comuna -además de otras como Providencia y Ñuñoa- por acusaciones de abusos sexuales que se han dado a conocer desde el caso del colegio Lastarria.
Son varias las facultades universitarias que se ubican en la zona que han retomado sus actividades presenciales tras meses de modalidad remota por la pandemia, por lo que ha aumentado la presencia de estudiantes transitando el lugar.
El director de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, Kevin Díaz, aseguró ayer que se están “tomando cartas en el asunto”, en coordinación con las universidades presentes en el sector para fortalecer la seguridad. Esto, además de poner en disposición el “departamento de Apoyo Legal de la Dirección de Prevención y Seguridad comunitaria para otorgar orientación y asesoramiento jurídico”.
