El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió esta tarde excluir al partido Revolución Democrática como parte querellante en la causa donde se investiga el traspaso de fondos, de forma presuntamente irregular, desde el Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.
La solicitud fue levantada por Republicanos y por el senador PS Fidel Espinoza, y fue discutida en la primera audiencia del caso durante esta mañana. Esto, en parte, por la relación entre la ONG y el partido.
Uno de los argumentos del juez Marco Escobar fue que la colectividad no tiene domicilio en Antofagasta, sino en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. De esta forma, dicha querella fue declarada inadmisible.
“Constatando que la querellante, partido político Revolución Democrática, no cumple los requisitos del Artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal, en cuanto a no estar domiciliada en la Provincia de Antofagasta, no cabe más que acoger la solicitud empleada por los querellantes Cristián Andrés Araya Lerdo de Tejada y Juan Eduardo Irarrázaval Rossel (republicanos) excluyendo al partido Revolución Democrática”, dijo el juez.
La argumentación
Durante la argumentación, el abogado de Republicanos, Sergio Rodríguez, señaló: “El partido político como tal no es igual que una persona natural y no es igual que una persona jurídica de derecho privado. Los partidos políticos se arreglan por la Ley 18.603, la Ley Orgánica Constitucional de los partidos políticos”.
Por otro lado, apuntó contra el presidente de la colectividad oficialista, Juan Ignacio Latorre. “El senador señor Latorre. Todos hemos sido testigos cómo en su primera declaración del día 20 de junio habla de ‘error político, no hay nada irregular, falta de criterio’. Esas fueron las primeras declaraciones de quien hoy ocupa el rol de querellante”.
En ese mismo sentido, el abogado Sergio Coronado, quien representa al senador Espinoza, también querellante en la causa, adhirió a lo solicitado por Rodríguez. Con todo, el otrora fiscal dijo que “no era compatible” la posición de querellante de RD en la causa. Para argumentar su posición, citó dichos de Latorre en una nota de este medio, donde el senador reconocía corrupción de esa fundación. “Nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción, condenable, por cierto”, dijo Latorre el 31 de julio.
Por su parte, la abogada de RD, Libertad Triviño, pidió que la solicitud fuera rechazada. En ese sentido, recordó que el 28 de junio la querella presentada por el partido fue acogida a trámite. Asimismo, dijo que, en causas judiciales, las defensas son quienes solicitan excluir a un querellante y no otro querellante.
“Aquí hay una especie de trampa, porque se quiere confundir al partido político Revolución Democrática, que es una persona jurídica, de derecho público, que tiene una naturaleza totalmente distinta, de los miembros que pueden haber mal utilizado sus cargos, o pueden haber creado dentro de Revolución Democrática redes para cometer delitos de corrupción. Entonces, esas personas tienen que ser responsables”, argumentó.
Así las cosas, aseguró que el partido ha colaborado en la indagatoria, con declaraciones, incautaciones de cuentas corrientes y oficios.
A su turno, el fiscal Christian Aguilar no argumentó ni en contra ni a favor y se limitó a solicitar al tribunal que resuelva “conforme a derecho”.
La causa que generó un verdadero terremoto político al interior del oficialismo, se mueve entre Antofagasta y Santiago, pues es en estas ciudades donde se cerraron los tres contratos entre Democracia Viva y el Serviu por un total de $ 426 millones.
