El aumento del robo o hurto de madera en las regiones del Biobío y La Araucanía es un tema que mantiene en alerta al gobierno, las policías y las empresas forestales, pues se considera como uno de los focos de violencia en la zona. En ese contexto, el Observatorio Judicial estudió el tema y analizó todas las causas asociadas a estos delitos en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco durante 2018.

El informe, titulado “Robo y hurto de madera: el otro conflicto de la Macrozona Sur”, concluye que “los resultados judiciales de la persecución de los delitos de robo y hurto de madera son particularmente magros”. Eso, plantea el estudio, “resulta difícil de comprender, atendido el volumen y peso de los bienes robados, así como de las dificultades logísticas inherentes a su sustracción, transporte, ocultamiento y reducción”.

Asimismo, el análisis consideró los resultados del 2018, ya que la mayoría de las causas judiciales ya están terminadas, por lo cual se pudo estudiar un periodo de tiempo con “información relevante y acabada”.

En los resultados del observatorio (entidad que nació al alero del centro de estudios Libertad y Desarrollo y que tiene su propio consejo directivo) se muestra que de los 107 casos estudiados, “apenas cinco causas terminaron en condena y ninguna concluyó con una sentencia absolutoria”.

“Es un dato preocupante. Junto con la falta de condenas, llama la atención la falta de sentencias absolutorias. Es decir, los fiscales no llegan a formular acusación y las causas terminan mayoritariamente por sobreseimiento definitivo o decisión de no perseverar, lo que es decisión del Ministerio Público. Esto pone la pregunta más en el actuar de los fiscales, que son quienes llevan la investigación, que en la respuesta de los jueces”, asegura el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate.

El director del organismo explica que se trata de un “fenómeno delictual creciente, que genera pérdidas económicas enormes y que tiene eventuales conexiones con el conflicto de violencia que se vive en la zona”. En esa línea, agrega que “no se trata de un fenómeno de delincuencia normal”, ya que “por sus dimensiones y por sus dificultades logísticas requiere de mucha organización, salvo en los casos de hurto de subsistencia”.

Pero Aldunate también advierte de las dificultades que existen para perseguir este delito: “Hay que considerar que por su propia naturaleza el robo y hurto de madera es difícil de investigar. El proyecto de ley que fue rechazado en el Congreso se hacía cargo del problema, creando mayores mecanismos de control”.

Focos investigativos

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, asegura que los resultados que muestra el estudio son “preocupantes”, sobre todo porque entre el 2019 y este año los casos policiales han aumentado. “Aquí claramente no hay un robo que sea de subsistencia, hay organizaciones bastante complejas, porque muchas veces se usa maquinaria para talar los árboles y camiones para transportarlos. Incluso, organizaciones para tener documentación que permita evadir los controles tanto del SII como de otros organismos públicos”, dice Galli.

Sobre el tema, Galli explica que “se levantó un foco específico con las fiscalías para investigar el robo y hurto de madera, entregando análisis y caracterización del delito para apoyar las causas judiciales. Eso ha permitido tener a 23 personas detenidas en esta materia e incluso una de ellas está en prisión preventiva”.

En el marco de las gestiones para abordar este fenómeno, el gobierno ingresó un proyecto de ley que buscaba dotar de técnicas especiales a los persecutores y crear un tipo penal específico. Pero esa iniciativa se rechazó en el Senado. Por eso, Galli asegura que esperan “retomarlo, porque creemos que es una herramienta muy necesaria”.

En la Fiscalía del Biobío, donde se concentra la mayor cantidad de estas causas, aseguran que desde mediados del año pasado trabajan con este foco investigativo a cargo del fiscal exclusivo Juan Yáñez, quien indaga causas de violencia rural. “En el transcurso de este trabajo se han identificado determinados aspectos que complejizan la persecución penal. Uno de ellos es la acreditación de la propiedad de los bienes de las víctimas y la trazabilidad de la madera, lo que ha significado una dificultad desde el punto de vista jurídico probatorio”, indican desde esa fiscalía.

En el Ministerio Público de La Araucanía también llevan un año trabajando con este modelo. “Analistas de la PDI y Carabineros han logrado determinar patrones comunes y sujetos identificados que han participado de diversos ilícitos en distintos puntos de la provincia. De esta manera, se han implementado diversas técnicas investigativas, que han permitido no solo recuperar madera previamente sustraída, sino que, además, incautar gran cantidad de vehículos utilizados para el transporte de la madera”, explica el fiscal de alta complejidad Enrique Vásquez.