El jueves, en La Moneda, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dio a conocer un inédito plan en que está trabajando el gobierno. Se trata de un programa para que los ciudadanos haitianos que deseen regresar a su país puedan realizarlo gracias a financiamiento estatal.
Si bien el Ejecutivo aún se encuentra afinando los últimos detalles de esta iniciativa, Ubilla relató ayer a La Tercera la génesis del plan, la intervención que tuvo en esto el Presidente Sebastián Piñera y las condiciones que se pondrán a quienes postulen a este traslado.
¿Cómo nació este programa?
Nace a partir de una reunión que se produjo 10 días atrás, cuando un grupo de ciudadanos haitianos que acudió a la Cámara de Diputados, planteó la situación de angustia y agobio que tienen muchos de ellos, algunos con familias y niños, producto de que las expectativas que ellos tenían al venir a Chile, y no se les cumplieron.
¿Cómo se llegó a este escenario?
Fue por el desorden migratorio que se produjo durante 2016 y 2017, que en el caso de ciudadanos haitianos hicieron que llegaran 160 mil personas. Esto hace que muchos de ellos hoy, por situaciones de idioma, de clima, de inserción, se sientan desprotegidos y con ganas de regresar al país de origen.
¿Esta situación no había sido detectada?
Conversamos con otras organizaciones y vimos que este fenómeno de desprotección se repite en varias ciudades del país (...) Por eso, en el marco de una política migratoria ordenada, que es la que definió el Presidente Piñera en abril de este año, nos hace tomar conciencia de una realidad que no habíamos evaluado y que nosotros tenemos que ser responsables y sensibles frente a este tema. Por eso, pasada esa reunión en el Congreso, con el ministro del Interior (Andrés Chadwick) le presentamos esto al Presidente y a él le pareció razonable que avanzáramos en estudiar la situación. Como país, no podemos constituirnos en una especie de cárcel para los extranjeros que quieran regresar a su país y que por razones económicos no pudieran hacerlo. Chile no puede ser una cárcel para los extranjeros que se quieran ir. Hoy, por ejemplo, un pasaje de idea y vuelta a Haití vale mínimo unos mil dólares. Y si uno lo calcula en sueldos mínimos, son varios. Entonces, es inviable que se pueda adquirir para alguien en estas condiciones.
¿Y cómo será esto en la práctica?
Usaremos la misma lógica y estructura que creamos para el proceso de regularización. Ahí trabajamos con ChileAtiende, que fue muy efectivo porque ellos tienen oficinas en casi todas las ciudades. Así se creará un registro de inscripción. Luego de esto, la primera situación relevante es si la persona tiene grupo familiar y si declara que su familia quiere regresar, o solamente él. Despejada la inscripción, creemos que el acto voluntario debe manifestarse ante un ministro de fe, que generalmente son los notarios. Estos deberán preguntar si lo está haciendo obligado, si tiene conciencia, etc. Luego viene el tema de verificar la documentación.
¿Cómo se financiará esto?
Aún no está definido. He tenido ya conversaciones con la Dirección de Presupuesto (Dipres), estamos haciendo la evaluación de lo que nos costará esto y existen varias alternativas. Una, que yo creo puede ser la que prospere, es generar un programa, que tenga nombre y apellido, y que sea una transferencia directa de recursos de la Dipres al Ministerio del Interior.
¿Existirá alguna limitante?
Yo observé experiencia de retornos humanitarios y hay una muy relevante en España, que se hizo en la crisis económica con Ecuador y fue muy bien acogida, porque la gente se siente agobiada con la condición. Hay una cosa que España sí les puso como condición, no regresar en 10 años. Acá estamos estudiando algo similar, no sé si serán 10 años, pero es necesario, porque si no se puede transformar en un paseo de vacaciones.
