Cuando el 11 de marzo del año pasado asumió el gobierno de Sebastián Piñera, la situación de las policías era crítica. Estaba en plena investigación el megafraude, que superó los $ 28 mil millones y tres meses antes había quedado al descubierto la presunta implantación de evidencia en la fallida operación Huracán.

Es por esto que una de las primeras tareas que asumió el Ejecutivo fue modernizar a las policías, con el objetivo de tener controles sobre las instituciones, así como profesionalizarlas de cara al sigo XXI. En el marco de este proceso, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ha ocupado un rol protagónico analizando los avances de esta modernización.

Ubilla, junto al ministro de la cartera, Andrés Chadwick, participó el jueves en un seminario internacional en que se abordaron distintas miradas sobre cómo abordar estas modificaciones a Carabineros y la PDI. Ayer la autoridad profundizó con La Tercera los avances en esta materia.

¿Qué rol jugaron el fraude en Carabineros y la operación Huracán en los cambios que plantean a las policías?

Yo creo que la idea de las modificaciones parte antes. Fue uno de los ejes de la campaña del Presidente Piñera. Ahí se anunció el plan de seguridad y uno de los ejes centrales era la modernización de las policías. Era necesario que nuestras policías se adecuaran a los desafíos del siglo XXI. Si bien han ido adecuándose, era el momento de pensar una policía en función de nuevos desafíos. El crimen organizado, hace 10 años, no era la amenaza que es hoy.

¿Qué pasó con las policías que en sus propias filas ocurrieron actos delictuales?

Cuando uno elige con un ejemplo lo que significa la modernización, tiene que ver con los controles. La Ley Orgánica de Carabineros se promulgó los primeros días de marzo de 1990 y tiene una concepción de independencia en lo administrativo y policial que no condice con los equilibrios y contraequilibrios de otras instituciones del Estado. Cuando toda organización no tiene contrapesos, se presta para que personas inescrupulosas la usen para fines ilícitos. La conclusión es cómo nos fortalecemos para evitar vulnerabilidades. Pero yo quiero plantear que la modernización no solo es reaccionar a cosas coyunturales, es mucho más profundo. Nosotros en la modernización estamos hablando de cosas administrativas, de gestión, de transparencia, probidad, eficiencia, pero también en los procedimientos policiales.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, la especialización preferente de las policías. Tener una Policía de Investigaciones preferentemente investigativa, que vaya reduciendo sus funciones preventivas, y tener una policía de Carabineros preferentemente preventiva, que en casos justificados investigue.

Eso dice relación en cómo nos hacemos más eficientes.

¿Puede esto traer resistencia de ciertos policías que llevan más años sobre la misma lógica?

Siempre las organizaciones tienen reticencias al cambio, porque el estado de confort es hacer las cosas como se están haciendo siempre. Por eso estamos trabajando en uno de los ejes fundamentales, que es la sociabilización al interior de las instituciones. Esto tiene que ver con un proceso racional de dar a conocer y hacer participar. No es la imposición del cambio, es con las policías y con la estructura completa.

¿Ha pensando en un plazo en que debería durar este proceso de modernización?

Nosotros lo hemos dividido en dos. El primero son los proyectos de ley. El primero que ingresó es el proyecto de transparencia, probidad y control financiero, que está en la comisión del Senado. Ese es un proyecto crucial que apunta a muchas de las debilidades que han sido expuestas por el fraude. Hay un segundo que va a ingresar, espero que la próxima semana, que es la especialización preferente de las policías. Y hay un tercero, que es la carrera policial de las policías. Todo lo que tiene que ver con criterios de ingreso, de formación, capacitación, carrera funcionaria, que implica ascensos, conformación de alto mando y extensión de la carrera, nosotros estamos planteando pasarla de 30 a 35 años. Pero en paralelo hemos establecido una cantidad importante de acciones administrativas.

¿Cómo cree usted que, después de todo este proceso, debería quedar la policía?

Vuelvo a los elementos conceptuales iniciales. Yo creo que tenemos que recuperar el concepto de que las policías son instituciones dependientes del poder político, que tienen que estar supeditadas a los planes estratégicos políticos del gobierno. ¿Cómo se plasma eso? En planes estratégicos de medio y largo plazo, donde el director de turno sea una persona que contribuya en mejorar este plan estratégico y que los objetivos policiales tienen que estar alineados con los objetivos por el Presidente del momento. No puede ser que un Presidente decida bajar la victimización, por dar un ejemplo cualquiera, y las policías no tengan eso entre sus objetivos. La autoridad política, del color que sea, tiene a las policías como instrumento de los logros de los objetivos de seguridad. Segundo, veo a unas policías profesionales, no quiero que lo tomen como que hoy no lo son, pero profesionales, que se adecuen con rapidez a los desafíos del delito, que muta permanentemente. Tercero, con controles y equilibrios internos y externos. 1,2 billones es el presupuesto de Carabineros. El de la PDI creo que son 350 mil millones. Estas son grandes empresas. Tú no puedes tener una administración como si fuera una unidad de un servicio pequeño. Estos controles serían en cualquier parte del mundo.