En dos jornadas, los días 30 de noviembre y 3 de diciembre, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, declaró ante el Ministerio Público por la causa en que se indagan presuntos delitos de lesa humanidad relacionados a las tareas de control de orden público. Esto, en el marco de las protestas por la crisis social.

La causa es encabezada por la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, y también han entregado sus testimonios los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

La declaración de Rozas quedó plasmada en 21 páginas, en las cuales están sus respuestas ante las consultas relacionadas a cómo la policía uniformada llevó adelante los operativos vinculados al estallido social. En este sentido, Rozas indicó que gran parte de las coordinaciones recaían en el entonces director Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez. Este último es hoy el general director de Carabineros.

En este sentido, cuando le preguntaron sobre las competencias que tenía en relación al orden público, señaló que “el general director ve aspectos estratégicos: fija políticas, establece la doctrina, vela por la eficacia de los recursos”. Añadió que en estas tareas se asesora “por los generales de tres estrellas, dentro de los cuales está el director general de Orden y Seguridad (Dioscar), que ve la parte estratégica en materia de orden público. De modo que todas las acciones del general director en materia de orden público las realiza a través del Dioscar, que a su vez se vincula con el subsecretario del Interior”.

Luego Rozas fue consultado por la supervisión jerárquica que ejercía sobre Yáñez. Al respecto, indicó que “atendido el inusitado contexto social que enfrentaba el país, yo me reunía diariamente con el general Yáñez y él me informaba sobre la situación del país (...). En las reuniones con el jefe nacional de la Dirección de Orden y Seguridad yo le instruí formular denuncias ante el Ministerio Público por cada persona lesionada, de acuerdo a la información que se me entregaba en la posta, me refiero a personas lesionadas por munición antidisturbios, lanzagases, etc.”.

Poco después, Rozas detalló la vinculación que existía con el gobierno: “Mantuvimos con el Ministerio del Interior reuniones de trabajo (...). La primera instrucción que yo recibí del ministro Chadwick fue actuar conforme a los protocolos del uso de la fuerza y con apego a los derechos humanos (DD.HH.). En esto fuimos subsanando algunos problemas y adecuando los protocolos”.

Añadió que “ni del ministro del Interior, ni del Presidente de la República, con quien me reuní en algunas pocas ocasiones, recibí alguna instrucción en el plano operativo”.

Otro aspecto que abordó el interrogatorio a Rozas fue el uso de la escopeta antidisturbios y las lesiones oculares vinculadas a esta arma. En esta línea, el exjefe policial indicó que “las escopetas antidisturbios y sus municiones (postas de goma) podían utilizarse desde el nivel 4 (agresión activa a un carabinero o a un tercero) hacia arriba. Eso significa que el uso era como instrumento de legítima defensa y no como medio para resolver manifestaciones. El uso de escopetas antidisturbios hasta ese entonces era muy acotado”.

Rozas complementó indicando que el 10 de noviembre de 2019 decidió restringir el uso de la escopeta solo a momentos de riesgo vital, con lo que quedó en el mismo nivel que el uso de las armas de fuego. Luego, dijo que “admito que el cambio de nivel de uso de escopeta tuvo impacto en los funcionarios, pero fue una decisión que tomé yo frente a los cuestionamientos y cantidad de lesiones que se denunciaban”.

La exautoridad de Carabineros también indicó que hasta noviembre de 2019 nunca habían realizado análisis de la composición de los balines. “No corresponde hacerlo, porque se compra a una empresa que, según entiendo, está incluida en el registro de proveedores”, explicó.

Rozas también fue consultado sobre cómo se organizaron las tareas de orden público a partir del 18 de octubre de 2019. “Hay una planificación a nivel nacional que lidera la Dioscar y su director general (Ricardo Yáñez) es el responsable estratégico. La planificación supone prever despliegue de personal y logístico, que se hace frente a cada evento que se tome conocimiento (...). Después de estos eventos se hicieron permanentes evaluaciones y prueba de ello son 1.400 sumarios instruidos y 165 sancionados”, respondió el general (R).

Ya al final de la diligencia, los fiscales preguntaron a Rozas si existió una política de ataque sistemático hacia los manifestantes. La exautoridad policial indicó que “mientras fui general director no recibí ninguna orden ni di ninguna orden destinada a afectar los derechos humanos de mis compatriotas; al contrario, procuré tomar todas las medidas para reducir cualquier abuso o exceso (...). Siempre mi conducta fue proactiva frente a los cuestionamientos en esta materia”.