Rutherford dicta nuevo procesamiento contra generales (R) Oviedo y Fuente-Alba por presuntos reportes falsos a Contraloría

La ministra Romy Rutherford dictó un nuevo procesamiento en contra de los dos excomandantes en jefe del Ejército: los generales (R) Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018). Ambos ya habían sido encausados previamente por malversación de gastos reservados, pero esta vez la resolución de la jueza es por el delito reiterado de falsedad de documento público.

“Se somete a proceso (a Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y a Humberto Oviedo Arriagada) en su condición de autor del delito reiterado de falsedad de documento público que prevé y sanciona el Artículo 367 numeral 5º del Código de Justicia Militar en vinculación con el Artículo 193 numeral 4º del Código Penal, relacionado con las rendiciones de cuentas, declaraciones juradas y sus anexos, respecto de los gastos reservados (de los años 2010-2017) que fueron remitidas al contralor general de la República de la época”, dice la resolución despachada el lunes por Rutherford.

Esta nueva arista del caso apunta a las rendiciones que tanto Oviedo como Fuente-Alba hicieron sobre el uso de los gastos reservados durante sus periodos al mando del Ejército.

El procedimiento implicaba una declaración jurada entregada directamente a Contraloría, en la cual de forma general y sin entregar detalles se aseguraba que dichos fondos fueron utilizados para labores de seguridad e inteligencia. Sin embargo, la indagatoria de la ministra, los peritajes de la PDI y las declaraciones de sus respectivos jefes de Finanzas indican que parte de esos recursos habrían sido usados para fines personales, ajenos a la función militar. Dichas declaraciones se remitían a la Contraloría en un sobre cerrado y, quienes conocen de este proceso, aseguran que el contralor no tenía ninguna herramienta disponible para verificar que su contenido fuera real, por lo que solo podía cumplir con recibir los documentos y archivarlos.

Anteriormente, Oviedo había sido procesado por una malversación de caudales públicos, relacionada a la asignación de gastos reservados, por un monto de $ 3.500 millones. Fuente-Alba fue procesado por el mismo ilícito, por una suma de $ 2.500 millones.

Ambas aristas están en estado de sumario. Rutherford, al determinar que los generales (R) enviaban declaraciones juradas sobre el uso de estos recursos que en realidad habrían tenido un uso distinto al estipulado en la ley, decidió someterlos a proceso e incorporar esta nueva arista en el caso.

El defensor de Oviedo, el abogado Gonzalo Rodríguez, adelantó que apelarán al auto de procesamiento. “No compartimos esta resolución. La estamos estudiando. Vamos a apelar de ella y no compartimos la calificación jurídica ni los hechos que se exponen ahí, por lo que vamos a recurrir de ella”, aseguró el defensor.