El nuevo atentado explosivo ocurrido este viernes en Vicuña Mackenna nuevamente puso en cuestionamiento la efectividad de la Ley Antiterrorista. A excepción del llamado Caso Bombas II, de 2014, en el cual la policía logró detener a los responsables de un artefacto explosivo detonado en el Subcentro de Escuela Militar (que dejó 14 heridos), las investigaciones del resto de los atentados incendiarios y reivindicados por grupos ecoterroristas no han llegado a juicio.
En esta línea, el ex fiscal nacional y actual abogado de Defensa Víctimas, Sabas Chahuán, señaló a La Tercera las dificultades que tiene la actual legislación para investigar hechos de este tipo.
"Es bastante complicado, porque hay que hacer una serie de peritajes respecto de personas que, normalmente, actúan sobre seguro; o sea, dejan el artefacto explosivo en un lugar donde pasa mucha gente y son difíciles de pesquisar".
También destaca que "ellos actúan como células y compartimentan la información, lo que genera una dificultad adicional a la investigación".
¿Qué ocurre con la legislación actual?
Si el atentado se califica como delito común, no están todas las herramientas investigativas que, por ejemplo, existen para el tráfico de drogas, donde se usan agentes encubiertos e interceptaciones telefónicas. Si el hecho califica como delito terrorista, en cambio, hay figuras como la delación compensada o cooperación eficaz. Sin embargo, desde que yo estaba en la fiscalía se ha insistido en que es necesario modificar la Ley de Conductas Terroristas, especialmente en cuanto a las técnicas de investigación, para incorporar las figuras del informante, el agente encubierto, la interceptación telefónica y de correos.
¿En qué está eso?
Se envió al Congreso y aún no ha sido aprobado; por ende, debería perfeccionarse, no solo en cómo se tipifica el delito, sino que en las técnicas de investigación de atentados explosivos, aún cuando no se califiquen como terroristas, por la particular insidia del delito, ya que es un acto oculto, a traición y sobreseguro.
