En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas que -según detalló- buscan disminuir las desigualdades estructurales de género, además de permitir la autonomía económica de las mujeres.

Uno de los principales anuncios fue la modificación del Artículo 203 del Código del Trabajo, que hace exigible el derecho de sala cuna y pretende equipararlo para hombres y mujeres, además de eliminar el tamaño límite de la empresa -actualmente de 20 trabajadoras contratadas- e incorporar a trabajadoras dependientes e independientes.

El proyecto ya había sido mencionado por el Mandatario en 2022. Es más, bajo el título de “Trabajo Decente” del programa presidencial de Gabriel Boric, aparece sala cuna como una promesa de campaña. “Avanzaremos en una política que, tras garantizar el derecho a sala cuna universal, dé paso a una política de cuidados asociada al acceso a jardines infantiles”, dice el texto.

No obstante, dentro del anuncio de este 8 de marzo, la autoridad precisó algo muy importante: que este sería financiado por la reforma tributaria. No obstante, la promesa tuvo un duro revés horas más tarde, esa misma jornada, cuando la Cámara de Diputados decidió rechazar -por 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones- la idea de legislar la reforma tributaria, situación que no estaba en los cálculos de Hacienda y que le asesta un duro golpe al resto de los anuncios mencionados durante la jornada.

Frente a este escenario, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó a La Tercera que la reforma tributaria que se presentó al Congreso “fue resultado de un inédito proceso participativo y de conversación con la sociedad civil y un extenso trabajo prelegislativo” que busca mejorar la vida de miles de chilenos y chilenas.

En cuanto al rechazo de este proyecto, Orellana enfatizó en que tal decisión “entorpece el desarrollo de lo que ha sido una demanda sentida e histórica de las mujeres, que es contar con medidas de conciliación trabajo-familia para poder desarrollarse como trabajadoras, como profesionales, mantenerse en sus trabajos o ingresar al mercado laboral por primera vez, y eso afecta directamente a su autonomía económica”.

En rigor, la iniciativa presentada por el gobierno consta de siete puntos clave: eliminar la discriminación hacia las mujeres, equiparando el derecho a sala cuna para trabajadores y trabajadoras independientemente del tamaño de su empresa, quitando la restricción del mínimo de 20 trabajadoras para acceder a este derecho; ampliar el universo de beneficiarias de este derecho, que incluya tanto a trabajadoras dependientes del sector privado como para las trabajadoras independientes; avanzar en corresponsabilidad de padres y madres, incorporando a los hombres al derecho a sala cuna; garantizar el acceso y ejercicio del derecho mediante un esquema de financiamiento mixto; incorporar perspectiva educativa como derecho de niñas y niños; permitir a las y los empleadores suscribir convenios para ingresar a la oferta pública de sala cuna (Junji, Integra y VTF), y fortalecer y compatibilizar la oferta pública de sala cuna con las jornadas laborales de las familias trabajadoras de Chile.

No obstante, el anuncio no especifica los montos que se utilizarían para llevar a cabo tales medidas.

Sin un piso que logre dar el pie de arranque al proyecto anunciado por el gobierno, La Tercera se puso en contacto con el Ministerio del Trabajo para encontrar detalles de cómo se buscará impulsar el proyecto. Sin embargo, desde la cartera se limitaron a responder que se seguirá trabajando “para avanzar en las reformas importantes que necesita el país”.

Proyectos previos y en marcha

El proyecto de sala cuna universal no es nuevo. Es más, el inicio de la discusión legislativa comenzó en 13 de noviembre de 2008, luego de que un grupo de 10 parlamentarios de izquierda y centroizquierda presentara una moción que buscaba instalar el derecho de sala cuna para el trabajador y así aumentar la participación laboral de las mujeres, permitiendo que las trabajadoras puedan desempeñar sus funciones mientras sus hijos se encuentran bajo protección en un establecimiento con personal capacitado.

Pero desde esa fecha la propuesta ha presentado trabas que han paralizado su promulgación. Algunas de estas se enfocan en que el proyecto no velaría por la correcta protección de los menores, mientras que otros sostienen que los montos estipulados no cubrirían el 100% del valor real del pago de una sala cuna.

Entre las mociones significativas destaca la entregada en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018), donde se extendía el beneficio de manera universal para todas las trabajadoras, tanto dependientes como independientes, y que buscaba ser financiado por un fondo solidario en el que se haría un aumento del 0,1% de la cotización previsional de todos los trabajadores, para así alcanzar una proyección de cobertura de 90 años. Con esto se buscaba en su momento que el beneficio pudiese ser utilizado en recintos parvularios municipales y privados.

No obstante, la propuesta no prosperó. En 2019 el plan fue rechazado por la Comisión de Educación del Senado al ser catalogada como una ley que excluía a las mujeres que no poseían contrato, además de dejar a los hombres fuera de la responsabilidad del cuidado de niños y niñas menores de dos años. Asimismo, en una carta oficial enviada al expresidente Piñera, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) destacaba la “letra chica” de este plan, que buscaba “lucrar con la educación a través del copago, en donde actores privados se beneficiarán con fondos públicos”.

Otro de los proyectos sobre sala cuna -que primero fue aprobado por la Comisión de Trabajo y hoy descansa dentro de la Comisión de Educación- fue presentado en enero de 2022 por el gobierno del entonces Presidente Piñera. El escrito buscaba extender el beneficio a todo trabajador dependiente e independiente que esté a cargo de un infante menor de dos años, además de crear un Registro de Cuidadores y un Fondo de Sala Cuna, cuyo objetivo sería contribuir al financiamiento del beneficio a través del pago del Aporte Sala Cuna.

Luciano Cruz Coke (Evópoli) preside la Comisión de Trabajo del Senado. El parlamentario fue parte de las autoridades que en 2022 aprobaron el proyecto con votación unánime. “Este fue el segundo proyecto en torno a sala cuna que discutimos. Nosotros hicimos un boletín donde extendimos el beneficio que se entregaba en el primer proyecto, para que así la ayuda no fuese sólo para las trabajadoras, sino también para personas cuidadoras, con la entrega de remuneraciones para que se pueda enviar a los niños y niñas a jardines infantiles”.

El Fondo de Sala Cuna sería financiado a través del 0,1% de las remuneraciones imponibles de todos los trabajadores dependientes (con un tope de 60 UF mensuales) con cargo al empleador y un 0,1% de las rentas imponibles de todos los trabajadores independientes. En caso de que los recursos del fondo fueran insuficientes para alcanzar los montos de cobertura, la diferencia para alcanzarlo sería de cargo fiscal.

La finalidad de tal fondo recaía en el pago del aporte de sala cuna y de sus correspondientes gastos de administración. Además, se establecían las normas de financiamiento del fondo, disponiéndose que este estaría financiado por una cotización del 0,1% de las remuneraciones imponibles del sector privado y de las empresas públicas y sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación, respecto del personal contratado bajo el Código del Trabajo. Asimismo, contribuiría al financiamiento del fondo la rentabilidad que generara la inversión de los recursos del citado y los reintegros que correspondieran, en caso de sanción por percibir indebidamente compensaciones con cargo al fondo.

Este otorgaría a los empleadores entre $164.000 a $329.000 de forma semestral, trimestral, bimestral o mensual, dependiendo de la magnitud de la empresa, mientras que en el caso de los trabajadores independientes estos tendrían el máximo aporte, que corresponde a $329.000 mensuales.

Actualmente este proyecto se encuentra en la Comisión de Educación para su futura discusión. Sin embargo, Cruz Coke recalca que su aprobación debe ser inmediata: “Este es un proyecto que cuenta con el financiamiento del gobierno y está inscrito en el presupuesto anual. Buscamos que prontamente su discusión se ponga en tabla y así avanzar en su urgente instalación”.