Un sondeo hecho por La Tercera reveló que el 35% de los médicos ginecoobstetras de 24 hospitales del país -de 69 habilitados- se declaró objetor de conciencia y no realizará abortos en alguna de las tres causales que dispone la ley.

La situación más compleja se da en centros como los de San Fernando o Puerto Natales, donde todos los profesionales formalizaron su negativa para interrumpir embarazos frente a riesgo materno, inviabilidad fetal y violaciones.

Pese a esto, desde el gobierno aseguran que la implementación de la ley no se verá afectada. La subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, aseguró que para las mujeres que lo soliciten "la interrupción voluntaria del embarazo, en cualquier establecimiento de salud del país, está garantizada". Agregó que, según lo establecido, si un recinto público o privado no puede ofrecer la prestación deben "resolver el problema y, a través de convenios o derivaciones de la red, reubicar a la paciente".

El senador por la Región de O'Higgins Alejandro García-Huidobro (UDI) respaldó la decisión del equipo médico de San Fernando y pidió respetar su decisión: "Esto demuestra que están conscientes de la responsabilidad que tienen", sostuvo".

El diputado por la misma zona, Juan Luis Castro (PS), explicó que pese a la postura de los médicos, hay alternativas que permitirán cumplir la ley. "El derecho de las mujeres no puede ser conculcado. Los hospitales de Rengo y Santa Cruz están a 25 y 30 minutos del de San Fernando, entonces no habría inconveniente".

Mientras, para el senador independiente por Magallanes Carlos Bianchi el caso de Puerto Natales es más complejo: "No veo cómo hacer una derivación, considerando que el hospital más cercano es el de Punta Arenas, que está a 250 km, y en invierno Natales muchas veces queda aislada. En estas situaciones la prestación claramente se pone en riesgo".