La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y Fonasa presentarán querellas contra 13 médicos sospechosos de un posible fraude por el mal uso de licencias médicas, tras haber emitido más de 3 mil de estos permisos en menos de un año.

Se trata de un traumatólogo y 12 médicos cirujanos de las regiones de Coquimbo, Metropolitana, de Valparaíso, de O'Higgins, Los Lagos y Antofagasta, quienes emitieron entre 3.410 y 5.734 licencias en 12 meses. Se trata de cifras consideradas como "irregulares" para la autoridad, debido a que el promedio del gremio está en torno a los 1.600 permisos al año.

Estas querellas son las primeras que presenta Salud ante la justicia sobre esta materia, tras una serie de denuncias en años previos que no lograron resultados consistentes. Los antecedentes se entregarán a la Fiscalía Centro Norte, sobre la base de eventuales delitos de uso malicioso de estos permisos, tipificación que consta en la Ley 20.855 de Uso y Otorgamiento de Licencia Médica, de 2012. No obstante, la autoridad no descarta que en el transcurso de la investigación se configuren otros delitos.

"Estamos interponiendo esta querella porque nos otorga más atribuciones que las denuncias, como por ejemplo solicitar diligencias probatorias y pedir copias de la carpeta investigativa", explicó la subsecretaria de Salud Pública -entidad a cargo de la Compin-, Paula Daza.

La personera añadió que "esta es una potente señal de que el Ministerio de Salud está preocupado por el buen uso del otorgamiento de la licencia médica y los recursos fiscales".

Así, las querellas se basan en los datos que la autoridad ha podido recopilar desde que asumió la administración, en marzo pasado, momento en que inició la revisión de todos los permisos otorgados por 200 galenos que superaban los márgenes establecidos como "normales".

En ese contexto, las licencias que emitieron los 13 médicos cuestionados suman 50 mil, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. Y para el Estado, implicaron pagos que superan los $ 9.600 millones.

El director de Fonasa, Marcelo Mosso, añadió que "la licencia médica es un derecho del trabajador para recuperar su salud; por lo mismo es importante que exista un buen uso de ella. En el caso de Fonasa, además conlleva un impacto económico fiscal, por lo que se dejan de hacer prestaciones de salud muy importantes". Añadió que "el pequeñísimo grupo de prestadores que pueden estar cometiendo este mal uso acumulan más de $ 9.000 millones en subsidios. Y si, por ejemplo, el 20% no tiene fundamento médico, implica que dejamos de atender -en forma integral- a 800 pacientes en quimioterapia".

Del grupo, ocho de los querellados ya cuentan con sanciones de la Compin por uso injustificado del instrumento y algunos han sido incluidos en denuncias realizadas por la autoridad entre 2016 y 2017, según indicaron desde el Ministerio de Salud.

De comprobarse los ilícitos, las penas que arriesgan los facultativos van de 61 días a tres años de cárcel, y multas que llegan a 500 Unidades Tributarias Mensuales ($ 24.080.000), además de la imposibilidad de emitir licencias médicas mientras dure la pena. En caso de reincidencia, el presidio sube a cinco años y las a multas a 750 UTM ($ 36.120.000).

Desde el Colegio Médico, en tanto, su vicepresidente, Patricio Meza, destacó que la licencia médica "es un derecho irrenunciable de los trabajadores para el reposo por su condición de salud, y un deber de los médicos otorgarla cuando amerita, por lo cual no se puede cuestionar su uso a partir del actuar de un número reducido de médicos". Asimismo, agregó que como profesionales que ejercen la medicina "debemos velar por el buen uso de este recurso y por lo tanto, rechazamos de forma categórica el uso indiscriminado y no apegado a la realidad de la licencia médica".

Por ello, Meza anunció que el gremio, una vez que se presenten los antecedentes de los 13 profesionales a la justicia, serán solicitados para ser derivados también a "nuestro tribunal de ética, ya que son hechos que no pueden pasar inadvertidos, pues se trata de recursos que deben ser bien utilizados y destinados a los trabajadores que lo requieran".

Mientras, desde la empresa Inmune, que se dedica a gestionar el impacto de las licencias médicas en las organizaciones, ya anunciaron que se harán parte de las acciones legales, en representación de instituciones de salud privada, como las isapres. El gerente legal de la firma, Rodrigo Varela, explicó que "es fundamental que tanto el Estado como las instituciones privadas, en trabajo en conjunto, logren erradicar mediante acciones legales concretas, como lo es una querella penal, todo tipo de fraude que perjudique el sistema de salud".

Varela agregó que "dicho perjuicio económico, son recusos que se desvían a bolsillos propios de algunos inescrupulosos, afectando a toda la sociedad y por sobre todo a personas honestas, que realmente están enfermas, y que muchas veces ven cuestionadas sus licencias y demorados su pagos".