Si a mayo de 2020 las cirugías en lista de espera sumaban 266.250 -con un retraso promedio de 348 días-, a diciembre esa cifra se elevó a 283.978, con más de un año (525 días) de demora en la resolución de las intervenciones que requieren 254.529 pacientes.

Y es que la crisis sanitaria provocada por la pandemia a nivel de atenciones no Covid-19 se tradujo en la suspensión de cirugías no vitales y de consultas de especialidad, teniendo como consecuencia un abultamiento del reservorio y de un incremento en los plazos de resolución. Y el problema podría ser mayor, considerando que desde la subsecretaría de Redes Asistenciales han identificado que existe un porcentaje de subdiagnóstico en distintas patologías.

En esa línea, es que parte del fondo de emergencia transitorio contenido en el Presupuesto 2021 -”más de 150 millones de dólares”, confirma el subsecretario Alberto Dougnac- se destinarán para que Salud, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) licite la resolución de la lista de espera quirúrgica de enfermedades GES y no GES, sumando a los prestadores privados con y sin fines de lucro, lo que incluye también a los hospitales públicos produciendo fuera del horario institucional (vespertino y durante fines de semana), a recintos asistenciales universitarios y de las FF.AA.

Para el proceso, en la glosa presupuestaria se señala que un protocolo elaborado por Fonasa “establecerá el listado de intervenciones y tratamientos que se incluirá en el uso de estos recursos, el procedimiento de licitación que Fonasa realizará a prestadores públicos y privados, y sus condiciones económicas y técnicas, así como el establecimiento de comités de priorización clínicos de nivel general y regional, y una línea base que estime el universo de dichas listas”.

Así, en el orden de prelación para la compra de prestaciones estarán primero los establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud que tengan capacidad resolutiva fuera de horarios institucionales, luego hospitales universitarios, establecimientos de salud de las FF.AA. recintos sin fines de lucro y la red de clínicas.

Eel director de la Fundación Creando Salud, el salubrista Matías Goyenechea, destacó que se trata de una medida inédita. “Se está sentando un precedente con licitar listas de espera. Lo que ocurria previamente es que los hospitales licitaban resolucion de algunos problemas GES o aumentaban su producción contratando más personal para la resolución de las listas”.

Desde el sector privado, la Asociación de Clínicas de Chile, declara que “el sector recibe de buena forma el anuncio de esta licitación. Como gremio mantenemos un compromiso con la salud de los chilenos y tenemos toda la disposición de colaborar en la solución de esta problemática. Nos reunimos con las autoridades, instancia en la cual nos explicaron los términos de la licitación y donde las clínicas fueron invitadas a participar del proceso. Ahora, nuestros asociados decidirán independientemente, de acuerdo a sus capacidades y competencias, la participación en esta licitación”.

Las bases de esta licitación ya se encuentran siendo revisadas por la Contraloría, sin embargo, uno de los lineamientos es que cuando exista más de un prestador en una misma región para una misma especialidad, se considerarán “las capacidades resolutivas de los respectivos prestadores y los plazos de resolución”, señala un documento difundido por Fonasa a los prestadores de la red habilitados para participar.

Hecho ese filtro, y si continúa existiendo más de un prestador en esas condiciones, “se considerará el siguiente orden de prelación por tipo de establecimiento, entre todos los prestadores que hubiesen presentado precios equivalentes”. Es decir, cuando la diferencia entre el precio mínimo y el máximo ofertado para una misma prestación y región no difiera más allá de un 6%.

Así, cuando exista más de un recinto de una misma categoría que ofrezca la especialidad a resolver, siempre se escogerá el precio más bajo. Sin embargo, cuando no existan valores equivalentes, se establecerán “bandas de precios”, donde el orden de “preferencia” de los establecimientos de salud seguirá siendo según la prelación establecida.

Desde Fonasa, plantean que aún no hay una estimación del porcentaje de resolución de la lista que tomarán los prestadores privados, pues “dependerá del precio de las ofertas y adjudicación de las licitaciones, donde también participan hospitales públicos fuera del horario institucional, entre otras instituciones del estado”.

Sobre los tiempos, en el seguro público aclaran que la meta de casos en lista de espera a resolver durante 2021 no está establecida, pero dado el contexto, es “la mayor cantidad de casos, de acuerdo a lo que las condiciones epidemiológicas permitan. Además, los hospitales públicos dentro de su horario institucional, continuarán resolviendo casos de sus listas de espera”.

Asimismo, dos comités (de priorización nacional y regional) definirán el listado de pacientes a derivar, según el diagnóstico clínico, la edad, el sexo, la condición crónica asociada, el número de atenciones de urgencia u hospitalizaciones a la fecha, la presencia de una patología GES asociada y la situación laboral. Adicionalmente, se considerará el tiempo en lista de espera del paciente.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, explica que esto es parte de la estrategia de reactivación de la actividad asistencial, y que en el caso de los hospitales públicos “podrán mejorar su eficiencia, y al mismo tiempo tendrán una inyección de recursos importante que permitirá resolver la situación del paciente que está actualmente esperando ser atendido. La mejoría de la eficiencia del sistema de salud y su capacidad productiva son los dos ejes”, haciendo referencia a que esto permitirá ampliar los horarios de pabellón en la red pública.

En montos, serán más de 150 millones de dólares los que estarán destinados para avanzar en la resolución de las listas de espera a través de licitaciones acorde al orden de establecimientos de salud establecidos.

Para el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, plantea que “lo primero que hay que tener claro que a las personas no hay que seguirlas haciendo esperar, y en lo personal, no tengo ningún problema que la licitación incorpore a los prestadores privados”

Sin embargo, el académico advierte que “cada hospital tiene que tener claro cuál es su lista de espera, cuánto puedes resolver y cuánto no. En los hospitales, como se va a pagar más en el horario no institucional, hay que cautelar que siga de igual forma la producción de resolución de listas de espera en el horario institucional”.

Goyenechea, sin embargo, advierte que “el fondo que se dispone no es suficiente para el tamaño de prestaciones que han sido postergadas, incluso considerando que es solo la lista quirúrgica GES y no GES”.

Y aunque exista un orden de prelación, Goyenechea comenta que “la trampa es que, aunque los prestadores privados sean los últimos de la lista, el sector público tiene mas del 90% de ocupación en sus camas UCI y no van a tener mucha capacidad. Por otro lado, los hospitales institucionales y universitarios, por tamaño, tienen una capacidad muy escasa. A pesar de la priorización, esto va a generar un traspaso de recursos y de pacientes al sector privado inevitablemente mayor, por el tamaño. Sin embargo, dado el problema sanitario que tenemos, no hay mucha alternativa”.